Arman sainete panistas para impedir toma de protesta de la encargada de la Fiscalía
Foto: Especial.
- Un puñado de cinco diputados albiazules acompañaban en su ínter enjundioso, junto con el líder de la bancada, Sergio Hernández Hernández, con gritos estridentes y porriles, se apostaron ante la fiscalía general, denunciando que era un acto autoritario de Morena la separación del fiscal general
Gaudencio GARCÍA /
12HORAS / XALAPA, Ver.- La diputada panista María Josefina Gamboa Torales, alfil del exgobernador albiceleste Miguel Ángel Yunes Linares, armó su sainete para echar abajo la resolución de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura local en contra de la separación de la fiscalía general de Jorge Winckler Ortiz.
Forjada bajo el protectorado del expriista y neopanista Miguel Ángel Yunes, como la mayoría de los diputados panistas del actual cuerpo colegiado, María Josefa montó la parodia en el Palacio Legislativo con el dedo flamígero de que era un acto ilegal la separación del cargo del fiscal, para trasladarse a las instalaciones de la fiscalía general, donde la policía de SSP blindaba el inmueble oficial.
Un puñado de cinco diputados albiazules acompañaban en su ínter enjundioso, junto con el líder de la bancada, Sergio Hernández Hernández –que supuestamente avaló la separación del fiscal en la Junta de Coordinación Política-, con gritos estridentes y porriles, se apostaron ante la fiscalía general, denunciando que era un acto autoritario de Morena y sus satélites la separación del cargo de Jorge Winckler.
Curioso, pero los panistas no hicieron tanta alharaca cuando el bienio de Miguel Ángel Yunes obligó y amenazó en el 2016 al antecesor de Winckler, Luis Ángel Bravo Contreras, a renunciar a la recién creada fiscalía general autónoma por resolución del Sistema Nacional Anticorrupción que entró en vigor en el último año del gobierno federal de EPN.
Jorge Winckler se convirtió en nueve meses en el talón de Aquiles para el gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García, por los constantes choques, disensos y polarización en la lucha por la administración de la procuración de la justicia que coronaron el fracaso de la lucha anticrimen en el estado.
Desde los gobiernos priistas y panistas de Fidel Herrera Beltrán (2004/ 2010) -actualmente en terapia por una patología-, Javier Duarte (2010/16), sentenciado por delitos de delincuencia organizada a 9 años y el bienio albiceleste Miguel Ángel Yunes Linares (2016/18), la entidad ha navegado en estado disfuncional ante la miopía de la federación.
María Josefa y Sergio Hernández intentaron ser sagaces o ingenuos para apoderarse de las instalaciones de la fiscalía general e impedir que asumiera sus funciones la oronda abogada Verónica Hernández Giandáns –una iletrada en derecho penal, constitucional y derecho romano-, protegida y empleada del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pero el melodrama resultó un fiasco.
De los 13 legisladores que forman la segunda fuerza en la LXV Legislatura local, sólo cinco desafiaron las fuerzas policiales de SSP –que desde temprana hora blindaron las instalaciones de la fiscalía general-, intentando tomar, paralizar y pernoctar las oficinas ministeriales, imitando el asalto al Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz que realizaron un puñado de alcaldes panistas, liderados por Miguel Ángel Yunes Márquez, en 2016.
La separación de Jorge Winckler de la fiscalía, a quien su protector y jefe el exgóber panista Miguel Ángel Yunes apostaba por su permanencia por el periodo de 9 años, concatenó un nuevo choque entre diputados morenistas y panistas, donde los segundos apuestan a que sea reintegrado en su cargo, mediante un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque la versión el converso presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura local, José Manuel Pozos Castro, echa por borda cualquier controversia en contra de su bancada, porque argumenta que la separación de Jorge Winckler se sustenta en que no “cumplió con los exámenes de control de confianza” que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El epílogo de esta controversia, podría desembocar en cualquier momento en la aprehensión del exfiscal general por una serie delitos que la Fiscalía General de la República habrá de denunciar.