Las armas de Peña Nieto
Columna 33
¿El crímen o el fraude?
No cabe la menor duda de que vamos en reversa y en bajada.
El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pretende comprar 29 misiles tácticos y seis torpedos ligeros con un valor estimado en más de 198 millones de dólares.
Sólo se espera que el Congreso autorice la operación en la que también incluyen municiones, entrenamiento y apoyo de expertos durante los dos próximos años.
Estados Unidos de Norteamérica es el país que cubrirá con puntualidad inglesa la solicitud planteada por el gobierno mexicano.
Las causas que motivaron la adquisición de éste tipo de armamento son abundantes, aunque no del todo convincentes.
En comunicado de prensa emitido por el departamento de Comunicación Social de la secretaría de Marina (SEMAR), se indica que el país ocupa el tercer lugar con las costas más largas del continente las cuales requieren mayor vigilancia, tomando en cuenta que tres millones de kilómetros son mar territorial.
También pretenden utilizar el armamento en la protección de las zonas de explotación de hidrocarburos y contra el crímen organizado, al cual consideran como la principal amenaza, después del terrorismo internacional.
Y, ¿qué hay de cierto en todo esto?
Para tener una idea mucho más cercana a la realidad, es necesario conocer el monstruo por dentro.
La fuerza militar de los Estados Unidos Mexicanos ocupa el sitio número 34 en el ranking Global Firepower de Military Factory en su edición 2017.
El sitio www.globalfirepower.com, especializado en estadísticas, jerarquiza la capacidad militar de los ejércitos de 133 países.
Cuenta con 383 mil 575 miembros activos; 452 aeronaves; 695 vehículos blindados de combate; 143 activos navales; reserva de 76 mil 500 personas: presupuesto de defensa de 7 mil millones de dólares y una fuerza laboral estimada en 53 mil 74 millones de personas.
En América Latina, el ejército mexicano ocupa la segunda posición en el ranking de los ejércitos con mayor capacidad destructiva, después de Brasil.
Military Factory toma información de los sitios en línea de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y de Wikipedia.org, el sitio web más visitado y referenciado del mundo en internet.
Los temores políticos, económicos y sociales de Enrique Peña Nieto y de su equipo de trabajo, saltan a la vista.
La Ley de Seguridad Interior, la cual faculta a las fuerzas armadas no sólo a invadir la propiedad privada, sino también detener al ciudadano común en base a supuestos rumores, sin la intermediación del juez, advierte la intención de militarizar el país mucho antes de terminar el periódo establecido por la Costitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La situación jurídica se vuelve tortuosa desde el punto que mejor se quiera ver.
Las reformas al Código Civil Federal, abren la puerta la censura.
No sólo limitan la protesta social y reducen el uso de las redes sociales, sino además, las manifestaciones públicas en contra de los tres niveles de gobierno, amagan a líderes de opinión con multas millonarias y agreden el derecho a la libertad de expresión.
¿Qué lectura se puede aplicar a la compra de armas y a las reformas jurídicas más recientes? ¿tejen la red de presunto fraude electoral para el próximo primer domingo de julio del 2018? ¿quién se beneficiaría con resultados de dudosa transparencia? ¿qué imagen reflejará el país en el exterior?
Las presunciones son muchas y las claridades pocas.
Los antecedentes de la sospecha datan de 1994 al 2018; cuatro sexenios, dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dos del Partido Acción Nacional (PAN), representados por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La reforma en materia de justicia laboral, limita los derechos particulares y colectivos de los trabajadores.
La iniciativa de Peña Nieto señala que los trabajadores asociados no pueden emplazar a huelga, sólo tienen acceso a éste derecho los trabajadores comunes.
La parte patronal se verá beneficiada con la subcontratación de empleados, por medio de la cual evitará el pago de prestaciones como el Seguro Social, el Infonavit, vacaciones, reparto de utilidades, antigüedad, entre otras.
Peña Nieto deja un gobierno convulso en materia jurídica y económica, con fuerte rechazo social.
Nada más la deuda pública ascendía hasta el último de diciembre del 2017, a los 10 billones 88 mil 980 millones de pesos, de acuerdo a datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP).
Esta cifra se vuelve mucho más dramática al analizar que empresarios mexicanos sacan parte de su capital para invertir en el extranjero.
El año pasado colocaron 5 mil 083 millones de dólares, mediante la compra de empresas consolidadas o la instalación de nuevas plantas, en base a informes del Banco de México (Banxico).
El gobierno de Peña Nieto cierra con una atmósfera de guerra, no de paz y menos de conciliación. Pone en peligro la estabilidad política, económica y social del país, con la adopción de reformas que jamás tuvieron el visto bueno del sustento social.
Sólo para tus ojos . . .
¿Hasta qué punto será cierto de que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la república, José Antonio Meade Kuribreña, desvió 500 millones de pesos cuando era titular de la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)?.
carlos.lucioacosta@rocketmail.com