En “un precedente peligroso” Nafin viola contrato con el Poder Judicial por transferir a la Tesorería 10 mmdp
Foto: Poder Judicial de Aguascalientes
- La consejera de la Judicatura Federal detalló que en ningún momento se les consultó sobre el movimiento a la Tesorería, aseguró que este hecho representa una violación al contrato.
AN / MÉXICO.-En entrevista para Aristegui en Vivo, la magistrada y consejera de la Judicatura Federal (CJF), Lilia Mónica Benítez, reveló que personal de Nacional Financiera (Nafin) les había informado que un recurso de 10,000 millones, acumulados desde 2013 en cuatro fideicomisos, le sería entregado al Consejo.
Sin embargo, a través de un correo electrónico les comunicaron que se habían transferido a la Tesorería. “El 2 de abril, Nafin nos dijo que estaba a punto de entregarnos los recursos. Horas después, supimos por un correo electrónico que ya los habían transferido a Tesorería”, dijo la consejera.
Los 10,000 millones, acumulados desde 2013 en cuatro fideicomisos, estaban destinados por mandato constitucional a indemnizar a jueces que renunciaron o perdieron en las elecciones judiciales.
“Es dinero que pertenece al Poder Judicial, no es un regalo”, enfatizó la consejera.
La magistrada detalló que en ningún momento se les consultó sobre el movimiento a la Tesorería, aseguró que este hecho representa una violación al contrato.
Los transitorios 10° y 20° de la reforma judicial establecen claramente que estos fondos deben usarse primero para pagar a los juzgadores afectados por la reforma. “Acabaron con carreras judiciales enteras. Este dinero era su garantía”, lamentó Benítez.
La magistrada confesó sentirse “engañada“: “Hasta el 2 de abril, NAFIN aseguró que devolvería el dinero. Ahora intuimos que está en Tesorería, pero no tenemos certeza”.
El contrato establece que cualquier disputa debe resolverse directamente ante la SCJN. “Demandaremos a NAFIN por incumplimiento. El problema es que el dinero ya no está con ellos”, explicó.
Mientras tanto, cientos de jueces esperan su liquidación en medio de un limbo legal. “Si el gobierno usa esos fondos para otro fin, estaría violando la Constitución que ellos mismos reformaron”, sentenció.
“Esto no es un error administrativo —concluyó Benítez—. Es un precedente peligroso: ¿qué institución puede confiar ahora en que el gobierno no tomará sus recursos?”.
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