Bajo los estándares internacionales jueces y magistrados no pueden ser cesados de sus cargos: ONU
Foto: Instagram Margaret Satterthwaite
- Aunque la elección de jueces y magistrados por voto popular podría parecer un movimiento democrático, realmente hace que sean menos responsables democráticamente, reprochó la relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite.
LATINUS / MÉXICO.-Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados, advirtió que la independencia judicial en México está en riesgo ante el despido masivo de jueces y magistrados sin el debido proceso al no darles derecho de audiencia para defender su cargo.
En la conferencia matutina de los magistrados y jueces de este martes, Satterthwaite aseguró que bajo los estándares internacionales, los jueces y magistrados no pueden ser cesados de su cargo hasta el final de su término, excepto por razones de incapacidad o comportamientos que no los hacen aptos para continuar con sus tareas.
«Cuando los juzgadores son removidos sin el debido proceso y no por estas razones (incapacidad), es un enorme riesgo para la independencia judicial. Y hay otro punto que pone en riesgo la independencia judicial, que es cuando son retirados en masa y sin el debido proceso o sin procedimiento adecuados, como que les den audiencias», destacó.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, aseguró que el caso mexicano de desestimar a todos los juzgadores «es único o sui generis en el mundo» y que reemplazar a todos los jueces, magistrados y ministros «probablemente hará mucho daño al sistema en sí mismo».
Margaret Satterthwaite también enlistó a la elección de juzgadores por voto popular y al Tribunal de Disciplina Judicial como dos otros riesgos a la independencia judicial en el país.
«Aunque podría parecer una ventaja que este es un movimiento democrático, que es una manera de asegurarse de que los jueces sean cercanos a las personas, realmente hace a los jueces menos responsables democráticamente, porque los juzgadores son responsables a la ley y a la Constitución».
La relatora comentó que con la elección de juzgadores podría politizar la profesión que se vería influenciada por los actores económicos, lo que podría ser un daño al Estado de derecho.
Además, reprochó que se busque usar instrumentos disciplinarios que pueden ser usados como armas políticas para «deshacerse de los juzgadores que al gobierno podrían no gustarles».
«Para disciplinar a los jueces entra en juego políticamente influenciable, de quienes conformarán el nuevo Tribunal Disciplinario», lamentó.
Satterthwaite advirtió que es necesario tener juzgadores independientes e imparciales para proteger el derecho al acceso a la justicia, tener un juicio justo y asegurar que las personas puedan realizar sus actividades diarias.
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