Mayor transparencia del gobierno federal en el nuevo Aeropuerto, pugna la OCDE  

Gerardo Ruiz Esparza y Ángel Gurría. Foto: Fernando Luna Arce

•  La OCDE pidió que el gobierno defina los métodos de financiamiento del proyecto, pues sólo hay recursos hasta principios de 2020
• Además recomendó medidas para transparentar las licitaciones y evitar la colusión entre las empresas participantes

 

FORBES / MÉXICO.- Debe tomarse de inmediato una decisión sobre cómo asegurar el financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México más allá de 2019, recomendó José Ángel Gurría, director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También hizo hincapié en temas de transparencia y contratación en los que es preciso trabajar.

Para este año está programada una inversión de 70,000 millones de pesos en la obra para concluir la pavimentación de las pistas 2 y 3, los pisos centrales del edificio terminal, la obra civil de la torre de control en su parte exterior con una altura de 90 metros y el sistema eléctrico de potencia.

En respuesta a Gurría, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que en los próximos meses se instrumentará un esquema adicional de financiamiento, “siempre sobre la base de que se trata de un proyecto autofinanciable que genera su propia fuente de trabajo”.

“Buscaremos reducir la carga sobre las finanzas públicas y propiciar la participación del sector privado mediante asociaciones público privadas en aquellos proyectos en los que el sector privado es más eficiente en su operación y administración”, citó Federico Patiño, director de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

Durante la presentación del Segundo Informe de Avances sobre el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, elaborado por la OCDE, Gurría dijo que hasta la fecha sólo hay recursos para los próximos dos años y una parte de 2020, por lo que si quieren obtener capital del mercado en lugar de depender exclusivamente del presupuesto público habrá que dar a los inversionistas la seguridad de que se podrá terminar el proyecto.

Añadió que es preciso dar esas señales a los inversionistas en diferentes formas “con todos los diferentes ángulos en que estamos observando el proyecto, pero ciertamente empezando por la parte financiera porque simplemente los recursos que se van a necesitar son fundamentales”.

Más transparencia

Además de la parte financiera, la OCDE recomendó dar mayor autonomía a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), responsable del proyecto, dotarlo de una función de auditoría interna y fortalecer su consejo mediante la incorporación de un número aún mayor de consejeros independientes que nos sean funcionarios públicos y que por lo tanto no estén expuestos a motivaciones políticas.

El organismo hizo énfasis en la necesidad de llevar a cabo una clara separación “vertical”, de la SCT y GACM, de manera que este último, en su carácter de entidad corporativa, pueda definir con todo rigor técnico la estrategia de negocios, resolver problemas operativos y tomar sus decisiones de inversión.

En materia de contratación pública a esta fecha se ha licitado y adjudicado el 73% del proyecto con la participación de 1,257 empresas en su gran mayoría mexicanas (incluidos 727 consorcios.

Sin embargo, la OCDE recomendó incluir una mayor y más reñida competencia, pues esto permitiría mitigar los riesgos de colusión entre los proveedores, así como generar ahorros.

“Y no estamos suponiendo de antemano que ninguna de ellas quiere hacer algo indebido. Simplemente derivado de la experiencia que tenemos de ver proyectos en todos los países del mundo, y también de decir la naturaleza humana es invariable, si hay la oportunidad tratarán algunos cuando menos de aprovecharla y entonces lo que hay que hacer es que no haya oportunidades o cuando menos asegura que si alguien cae en la tentación tenga una muy alta probabilidad de ser sorprendido y sancionado”, citó Gurría.

En lo referente a integridad y transparencia, el directivo indicó que se debe contar con una estrategia para la implementación del protocolo para la gestión de conflictos de interés, y lograr así un impacto real en la conducta de los funcionarios.

Añadió que el liderazgo del grupo aeroportuario debe dejar muy clara la responsabilidad de los servidores públicos de denunciar irregularidades cuando éstas se presentan sin que quienes denuncian sean afectados en su estatus laboral, y que al mismo tiempo sean protegidos a toda costa.

Pero al mismo tiempo advirtió que debe evitarse excesos, pues pueden ser utilizados para saldar algún problema personal o comercial.

Más eficiencia

En términos de operación, Gurría indicó que debe haber una mayor coordinación entre todas las instituciones involucradas en el proyecto, tanto federales, como estatales, y que para lograrlo un grupo de trabajo intersecretarial sería una opción.

A esto hay que agregar que en el tema urbano el proyecto debe dar certeza a las comunidades que lo rodean, tanto en materia de empleo, como en acceso a servicios públicos como el agua.

“Los beneficios del nuevo aeropuerto deben, tiene que sentirse en los municipios vecinos al sitio de construcción y poder atenuar las condiciones de marginación social que prevalecen en muchos de estos municipios”, indicó Gurría.

Fuente: Forbes