Argentina concede extradición de Carlos Ahumada; su detención no tiene que ver con ‘videoescándalos’
Foto archivo Cuartoscuro
- El abogado del empresario argentino asegura que el recurso otorgado en favor de su defendido debe ser acatado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; niega vínculos legales con los llamados «video escándalos»
AN / MÉXICO.-El empresario Carlos Ahumada llegará a México en el amanecer del martes.
Será extraditado a nuestro país después de que se ejecutó una orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal 9 de Buenos Aires, en Argentina, según un escrito firmado por la secretaria de dicho juzgado, Mariana Ercoli, el cual fue dirigido al jefe de la Interpol en Argentina, y dado a conocer por el diario Reforma, de Ciudad de México.
En México, el empresario tiene vigente una suspensión provisional concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México ante cualquier orden de aprehensión. De acuerdo con la causa penal 38/2007, Ahumada Kurtz es señalado por defraudación fiscal por el monto de un millón 647 mil pesos.
En entrevista durante el programa ‘Aristegui en vivo’, su abogado mexicano, Enrique Ostos Garza, señala que “la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó al gobierno argentino la petición de extradición de Carlos Ahumada derivada de una orden de aprehensión girada por un juez de enjuiciamiento con la finalidad de que cumpla una sanción que le impuso la Primera Sala Penal en octubre de 2009. Ese es el motivo real de la solicitud de extradición”.
Ostos Garza agrega que Ahumada no se opuso al procedimiento judicial porque su intención es comparecer ante el juez para resolver su situación jurídica.
“-¿De qué acusan a Carlos Ahumada?”, se le cuestionó.
-El salió absuelto por la causa en mayo de 2007. Apeló al Ministerio Público y la Sala (del Tribunal de Justicia) revocó la casa e impuso una pena privativa de cinco años de prisión, la cual quedó firme por delito de fraude genérico en agravio al gobierno de la ciudad de México por unas obras para las que fue contratada su empresa.
Esa pena está totalmente prescrita.
Ostos tiene conocimiento de que a su cliente se le imputó un delito por defraudación fiscal en 2019.
“Pero él llegó a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y esa acusación está totalmente extinguida. El único cargo judicial que pesa sobre él es el que le comento. Esto no tiene nada que ver con los “llamados video escándalos”, que no tienen ningún vinculo legal. Cuando sucedieron esas grabaciones, yo no lo conocía. Categóricamente le digo que no tienen nada que con el delito de fraude por el que se acusa. Él cuenta con una suspensión provisional vigente que le otorgó un juez federal en materia de amparo, a partir de abril de este año. Ese recurso debe ser respetado por las autoridades responsables, concretamente por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y por la Policía de Investigación”.
Por eso, Ostos y su defendido han decidido presentar ante el juez un escrito solicitando a la brevedad posible una audiencia oral para presentar los alegatos recurrentes para declarar prescrita la sanción por improcedencia con base a los años que han transcurrido desde que supuestamente se cometió el delito. “Lo hará privado de su libertad, pero confíamos en que las autoridades respeten y acaten la suspensión que le otorgó el juez”.
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