¡Los “abrazos” en Chiapas! Comunidades indígenas exigen a Obrador combate a los grupos criminales
Imagen: Captura de pantalla
- Los habitantes de varias comunidades en Chiapas emplazaron al gobierno federal para que intervenga con acciones efectivas. En esta región, al igual que en otras partes de Chiapas, integrantes de los dos principales cárteles de la droga de México se disputan las rutas de tráfico de mercancía ilegal y de personas.
Por Ángeles Mariscal
AN / CHIAPAS.-Habitantes de distintas comunidades de la selva Lacandona marcharon nuevamente este sábado, ahora en el poblado Frontera Corozal, para insistirle al gobierno federal que realice acciones efectivas contra los grupos del crimen organizado que mantienen acorralada a la población de esta región.
“Nadie se quiere morir, nosotros no les no pertenecemos a ningún grupo criminal. Lo único que estamos haciendo es vivir en paz (…) aquí estamos y seguimos insistiendo al Presidente de la República que nos escuche. Este no es un capricho de nadie, es el reclamo total de un pueblo adolorido, preocupado, que no quiere morirse como todo lo demás”, fue parte del mensaje que habitantes de los tres principales poblados de la selva y de quienes viven en distintas cañadas de la Lacandona.
“Nadie se quiere morir, nosotros no les no pertenecemos a ningún grupo criminal. Lo único que estamos haciendo es vivir en paz (…) aquí estamos y seguimos insistiendo al Presidente de la República que nos escuche. Este no es un capricho de nadie, es el reclamo total de un pueblo adolorido, preocupado, que no quiere morirse como todo lo demás”, fue parte del mensaje que habitantes de los tres principales poblados de la selva y de quienes viven en distintas cañadas de la Lacandona.
En el caso de la selva, según relataron en entrevista pobladores de la región, estos dos grupos lograron cooptar a algunos líderes de la región e incrementar a través suyo el tráfico de droga, de armas, de personas, y también de ganado que entra de manera ilegal desde Guatemala.
Explicaron que estos grupos han desarrollado mecanismos sofisticados para introducir cargamentos de droga en pistas clandestinas, pero ello ha significado un costo muy alto en la población por los asesinatos y amenazas de muerte a quienes se niegan a participar o a ser cómplices.
Por eso, como medida de respuesta, en algunas comunidades como Frontera Corozal y otras ubicadas en las cañadas del Río Perla y Santo Domingo, la población instaló retenes donde impiden que pasen quienes trafican.
Sin embargo, esto no es suficiente y solo lo han logrado en algunas comunidades, por lo que emplazaron al gobierno federal para que intervenga con acciones efectivas y detenga a quienes fomentan estas acciones y participan en los negocios del crimen organizado.
También, como mecanismo para hacerse escuchar, el pasado 12 de octubre retuvieron a 8 policías del estado, a quienes acusan de no actuar contra sus agresores. “Señor Presidente de la República AMLO le pedimos a la FGR que agilice la orden de aprehensión en contra de Cabero Segundo López y otros líderes del crimen organizado de San Javier”, escribieron en la lona que llevaron durante la marcha de este sábado.
Uno de los oradores del mitin que efectuaron posterior a la marcha, dijo: “Solamente estamos pidiendo dos cosas, la orden de aprehensión del jefe criminal y un destacamento (del ejército mexicano) permanente en San Javier.
Quien habló fue Esquivel Cruz González. También dijo: “Estoy amenazado. Yo soy el primero que voy a morir en este movimiento (…) Nadie se quiere morir, lo único que estamos haciendo es vivir en paz. La gente está pidiendo paz justicia”, explicó.
Tras reconocer que varias personas han sido cooptadas por los grupos del crimen, por miedo o ambición, pidió que a estas personas también se les atienda porque sus familias son parte de la población en la zona.
Antes de estas manifestaciones, comunidades de una centena de dos de las principales cañadas de la selva enviaron desde el pasado mes de septiembre una solicitud del audiencia al gobierno federal. No han recibido respuesta. La postura de estas comunidades fue dar un plazo a las autoridades antes de iniciar acciones más contundentes contra sus agresores.
“Ya tenemos un interlocutor en San Cristóbal (para hablar con el presidente de la República) porque hoy parece que el gobierno nos está acorralando. Hoy no podemos salir, pero gracias a Dios de verdad, gracias a Dios, tenemos el apoyo de otras organizaciones que han encabezado la lucha en 1994”, explicó Esquivel Cruz González.
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