Un fiasco la ministra de AMLO que integra Segunda Sala
Resultó un auténtico fiasco,-al menos hasta el momento de sus tres meses de gestión- la ministra Yasmín Esquivel Mossa, propuesta por el presidente López Obrador para integrar la segunda sala de la suprema Corte de Justicia, en sustitución de Beatriz Luna Ramos, quien en sus quince años su gestión se la pasó viajando por el mundo a costa de recursos públicos, cuando le tocó analizar las tesis contradictorias de dos tribunales colegidos, sobre el otorgamiento de la suspensión provisional concedidas por los jueces de distrito, en relación con la congelación de cuentas bancarias sobre el movimiento de recursos de procedencia sospechosa, dictada por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Si el presidente López Obrador está empeñado en terminar con la corrupción e impunidad que se ha empoderado de la nación,-en lo que todos coincidimos-, poco le apoya un servidor público que no demuestre legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y EFICIENCIA en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como quedó demostrada, de manera elocuente, por la cuestionada ministra, esposa de un contratista y supuesto asesor presidencial, al participar en la cuestionada jurisprudencia que promovió el renunciado ministro Medina Mora, sobre la congelación de las cuentas bancarias de dudosa procedencia, que dieron margen a dejar al Estado mexicano en estado de indefensión, pues ello llevó a que más de dos mil millones de pesos volvieran a las manos de quienes, en contubernio con delincuentes, han acumulado fortunas descomunales.
Es un hecho notorio que se tiene que observar y prevenir, para que no se repita, que el exministro Medina Mora y demás integrantes de la segunda sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación,- Alberto Pérez Dayan, Fernando Franco y Javier Laynez Potisek “chamaquearon” a la recién llegada ministra Esquivel, pues acusando una ignorancia supina, aprueba una jurisprudencia contra el propósito moralizador del presidente de la República, cuando éste la propuso para ese cargo, para que los jueces pusieran conceder las suspensiones sobre la congelación de cuentas y el presunto delincuente pueda maniobrar a su gusto, cuando todos sabemos que si no se ataca la bolsa de los criminales, éstos seguirán haciendo su agosto con la impunidad y la corrupción de que se alimenta de dinero.
Por ser contradicción de tesis de dos colegiados, lo resuelto por la segunda sala es jurisprudencia que obliga a los jueces a observar sin discusión alguna, de ahí lo grave de determinarlo por unanimidad de los cinco ministros cuando cualquier estudiante de derecho del primer año, se hubiera opuesto, porque si se estudia la robusta resolución del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito que señaló “congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la unidad de inteligencia financiera de la secretaria de Hacienda y Crédito Publico, aun cuando el quejoso desconozca ese acto o sus motivos, es improcedente conceder la suspensión con efectivos restitutorios en su contra”, pues en el cuerpo de narrativa, fundando y motivando, da las razones y criterios jurídicos sólidos y consistentes, en tanto lo expuesto por el vigésimo primero del primer circuito evidencia una tendencia totalmente proteccionista a los delincuentes, pues de entrada el ex ministro Medina Mora, al hablar de la ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden publico, así como la apariencia del buen derecho, simula la defensa de un derecho humano, pero en el fondo encierra la defensa a ultranza a los delincuentes y se acredita cuando el mismo está involucrado en manejo de recursos de procedencia sospechosa.
Si se afirma que la oportunidad la pintan calva, ahora o nunca, toca analizar las resoluciones de los jueces y magistrados involucrados en este asunto, para dar claridad a cualquier sospecha y fincar la responsabilidad respectiva, de manera tal que no se anide la mínima injusticia y se conozca la verdad, que es urgente que el Consejo de la Judicatura Federal asuma su papel de vigilancia y disciplina de los servidores judiciales para ir borrando, de un tajo, del estigma con que se acusa a la impartición de la justicia.
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