Suprema Corte Justicia, cómplice o complaciente
La Suprema Corte de Justicia de la nación, a través del ministro José Fernando Franco González Salas –ante había sido integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial- ante diez nuevos jueces de distrito reconoció que el país “enfrenta una etapa marcada por la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad crecientes,” y que además, “una realidad económica y social de un pueblo con lacerantes niveles de desigualdad; fenómenos que retan y ponen en riesgo el estado de derecho y sus instituciones”.
Este reconocimiento del ministro de la Corte no coincide con las muchas decisiones que desde la cúpula del poder judicial se han tomado por los once integrantes del máximo organismo impartidor de justicia, si se observa que muchos de sus integrantes han dado bandazos y tropiezos que han propiciado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya dictado más de diez condenas contra el gobierno mexicano y ello ha obligado a que se reformen las leyes internas para que el país tome el camino de un régimen democrático y de derecho.
Si se analiza de manera aguda y profunda el pasado y el presente de los once integrantes de la Suprema Corte de Justicia nos llevaría, incuestionablemente, – salvo raras excepciones- a que, o han sido complacientes o cómplices de la crisis por la que atraviesa la nación, y su responsabilidad es mayúscula, porque de guardianes de la constitución que horma y norma la vida nacional , han actuado de manera tal, que se deja mucho que desear y, las consecuencias, son las mismas de las que nos quejamos ahora.
Ninguna necesidad tendrían los justiciables de acudir a instancias internacionales si la Suprema Corte de Justicia hubiera interpretado de manera congruente, jurídica, exhaustiva y responsable, los principios que están contenidos en la ley de leyes y los tratados internacionales de que México es parte, y la mejor demostración está en los casos del arraigo, la tortura, desapariciones forzadas, por solo mencionar algunos, donde no ha permeado lo que dice el artículo 109 constitucional, fracción lll,”,legalidad, honradez ,lealtad , imparcialidad y eficiencia”.
En esa sesión solemne se reflexionó que los diez nuevos jueces” su protesta no es un mero trámite “pues se comprometen ante la sociedad y sobre todo ante los justificables, a siempre actuar con fidelidad, honor e integridad, a la luz de la pertenencia de los verdaderos valores, principios y reglas establecidos en la constitución y las leyes, que son los que nos dan identidad y cohesión como nación y nos fortalecen como Estado constitucional y democrático”
Las bellas palabras que erizan la piel- dime de lo que presumes y te diré de que careces- y más cuando se afirma “en estos tiempos difíciles, el buen juez debe ser sensible y ubicarse en el contexto y las circunstancias reales en las que vive ;no puede ni debe perder de vista que el país enfrenta una etapa larga, marcada por la violencia e inseguridad crecientes, fundamentalmente producida por un crimen organizado cada vez más extendido que rebasa nuestras fronteras y no ha podido ser controlado y nos enfrenta a graves situaciones”.
Se anida la esperanza – ésta es la última que queda- para que, quienes ahora son jueces en realidad asuman la responsabilidad que les corresponde, sin que les tiemblen las piernas para dictar sus determinaciones, pues al no existir ninguna autoridad intermedia, con su conducta, deben ser ejemplo y el caso más elocuente que existe es el del juez Fernando Silva que amparó a Carmen Aristegui y en su libro reciente, este juez, justifica y precisa, sin ningún rubor su conducta, que debe ser ejemplo a seguir, porque deja en evidencia a los magistrados del colegiado que revocación su resolución.
Como podrá verse, el impartidor de justicia tiene que actuar con responsabilidad prístina y afrontar todos los riesgos y que no exista más compromiso con el derecho y la sociedad.
Twitter:@limacobos1