El equipo jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador acompañó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al Senado, donde presentaron nueve iniciativas de ley en materia de seguridad y justicia. Voluminoso paquete para que el Senado lo estudie y, eventualmente lo apruebe. Cuidado. Las reformas son una manzana envenenada y constituyen una regresión importante al modelo de justicia que se construyó con las reformas constitucionales de 2008 y 2011 que modificó el sistema penal a fin de resolver la creciente impunidad. “No ha dado los resultados esperados”, dice la exposición de motivos del paquete entregado. Por lo tanto, se colige de las iniciativas, hay una profunda regresión al sistema de justicia mexicano bajo la máscara de “garantizar el acceso a la justicia que tanto reclama la sociedad”. Difícilmente se puede pensar que la sociedad quiere que se legalice la tortura, como pide la reforma, y que México regrese a un sistema donde el autoritarismo sea el que marque el destino de los ciudadanos.

La manzana envenenada comienza en los dos últimos párrafos de la exposición de motivos, que señalan: “Conforme a lo dispuesto en la fracción IX apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone la nulidad de ‘cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales’. En ese sentido, se considera ‘prueba ilícita’ a toda aquella obtenida bajo estos términos y se aplica en beneficio del imputado su exclusión… Este tipo de elementos probatorios representan una de las problemáticas más complejas en la materia, pues lleva consigo por un lado el interés público de la persecución del delito y por el otro, la protección de los derechos individuales”.

“Nuestro sistema procesal penal considera como regla general la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, con el objeto de eliminar del caudal probatorio aquellos elementos obtenidos en contravención a derechos fundamentales del imputado”, añade la exposición de motivos, que subraya la existencia de “diversas interpretaciones” de la Suprema Corte de Justicia para establecer excepciones, como la jurisprudencia sobre la “teoría del vínculo o nexo causal atenuado”, donde le permite al juez de la causa (que elimina, por cierto, la iniciativa), o el tribunal de apelación, lleve a cabo la valoración respecto de la exclusión de la prueba ilícita, tutelando la adecuada defensa, la presunción de inocencia y el principio de contradicción.

Otra “hipótesis” que menciona la iniciativa es la relativa a la “teoría del descubrimiento inevitable”, donde las pruebas “no necesariamente deben declararse ilícitas y excluirse, pues toda prueba que se hubiese producido sin necesidad de recurrir a la prueba determinada como ilícita, será válida en virtud de que las circunstancias hubieren llevado necesariamente a su descubrimiento, desvirtuando así el nexo antijurídico que ésta presupone”. La Fiscalía y la Conserjería Jurídica de la Presidencia buscan que “ante la existencia de una actuación ilegal en la investigación ello no suponga automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley”.

Por ello, proponen reformar la fracción IX del artículo 20 constitucional, que originalmente establece que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”. La modificación plantea que  “los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable”.

En lenguaje simple y llano, abre la puerta a que cualquier prueba ilícita, como la obtenida mediante tortura, pueda ser considerada por el juez como prueba lícita, que también se refuerza por otra reforma en donde se permite al ministerio público retener a una persona durante 48 horas sin orden judicial. Durante ese tiempo, podrían cometerse abusos contra esa persona para obligarla -hablando hipotéticamente- a realizar cualquier declaración que la impute -la primera declaración ante el ministerio público vuelve a tener un alto valor en la reforma propuesta-. Las reformas contradicen los postulados que ha planteado el gobierno y algunos funcionarios prominentes.

Lo que se propone, por ejemplo, habría permitido que las denuncias de Florence Cassez de tortura por parte de comandantes policiales para que reconociera su culpabilidad en secuestros, fueran tomadas como válidas, sin necesidad de que se probara en el marco de los instrumentos de la ley su propia culpa, con lo cual los argumentos del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a favor del debido proceso, y del garantismo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sean enviados a la basura. Las reformas también eliminan la posibilidad de realizar por sí actos de investigación, y se limita el derecho de interponer recursos.

Esta reforma afectaría directamente a los padres de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y tácitamente revertiría la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en Reynosa, en septiembre de 2018, que permitió la creación de una Comisión de la Verdad y la coadyuvancia de los padres y sus abogados. Este punto contradice al subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que aplaudió la resolución de aquél tribunal. Otras propuestas también afectan su trabajo, como, sobre el mismo caso de Ayotzinapa, que las pruebas que consideraba ilegales dentro de lo que se conoce como “la verdad histórica”, sean ahora legales, dando legitimidad al cuestionado trabajo del ex procurador Jesús Murillo Karam.

Las reformas propuestas chocan con los postulados garantistas que dice defender el gobierno del presidente López Obrador al obligar al juez a valorar las pruebas obtenidas por métodos poco convencionales o ilegales, y no considera los convenios internacionales suscritos por México. Son un salto al pasado autoritario que el Senado no debe permitir.

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