Las perversidades de Cazarín y Burgos
Vértice.
El juego perverso. Las vencidas del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y, el líder cameral Juan Javier Gómez Cazarín. Ambos quieren imponer sus peones en el vapuleado Poder Judicial.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, tiene la autoridad para impedir cambios en cargos administrativos realizados por el Consejo a sus espaldas.
Según lo determinó un Juez federal, autoridad que desechó los amparos promovidos por los nuevos funcionarios que reclamaron la negativa de la Presidenta a permitirles ocupar los cargos que les asignó dicho órgano en sesión extraordinaria celebrada el 15 de julio de 2020.
Cabe recordar que este asunto generó una gran controversia, ya que Martínez Huerta utilizó la fuerza pública para impedir que se diera la entrega/recepción en puestos administrativos de la Judicatura.
En su momento trascendió que Hortencia Guillermina Hernández Fernández fue designada como Secretaria de Acuerdos; por su parte, Griselda Castillo Lara en la Contraloría y Elvis Viveros Arroyo como director de recursos materiales, entre otras modificaciones, todos ellos identificados plenamente con Juan Javier Gómez Cazarín, diputado local de Morena y presidente de la junta de coordinación política de la LXV Legislatura del Estado.
Además de evidenciar fallas en el trámite del amparo, un Juez federal desechó un amparo tramitado por los afectados acusando la negativa de Martínez Huerta a que ocupen sus cargos y su petición de auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para impedirlo.
El Juez determinó que el actuar realizado por la Presidenta fue en su carácter de patrón, según la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece que los puestos administrativos están subordinados al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
Se añade que en el artículo 207 se establece que en el Poder Judicial tendrán el carácter de servidores públicos de confianza los titulares de los órganos, los secretarios de Acuerdos, los secretarios de Estudio y Cuenta, los secretarios de Sala, los actuarios, los administradores de causa judicial y los auxiliares de Sala.
También los directores generales, los directores de área, subdirectores, jefes de departamento, asesores, cajeros, pagadores, los de seguridad y “todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios”.
Es decir, la Presidenta hizo uso de sus facultades para impedir la llegada de los funcionarios designados por el Consejo a sus espaldas.
Apenas el pasado 31 de julio, se confirmó que Martínez Huerta prorrogó por su cuenta del 3 al 14 de agosto la suspensión de las actividades no esenciales en el Poder Judicial, señalando que actualmente «no se cuenta con un Consejo de la Judicatura legalmente integrado».
Los contrapesos de los poderes Judicial y Legislativo ante el Poder Ejecutivo son una parodia en Veracruz. La autonomía de los organismos autónomos y descentralizados son en realidad sujetos de la avaricia y de la imposición del gobernador en turno junto con sus lacayos de Morena.
AL CALCE…
Falta de reactivos en la Secretaría de Salud del Estado.
Por eso López Gatell declinó venir a Veracruz esta semana, es un caos total la entidad, y los servicios de salud estatal están por la calle de la amargura.
Gravísimo lo que está pasando en plena emergencia y pandemia con la Secretaría de Salud Estatal, no hay reactivos para poder realizar los estudios para detectar casos por COVID-19 en toda la entidad veracruzana.
A partir del 3 de agosto (o sea ayer lunes) ya no hay reactivos para analizar las pruebas recibidas, por lo que las que se vayan recibiendo NO serán diagnosticadas ni analizadas en tiempo real, si no que serán «almacenadas» hasta que se cuente con los insumos que se requieren para realizar dicho análisis.