Seguridad Nacional

Una semana después que grupos del crimen organizado se enfrentaron durante más de 24 horas en las calles y caminos del municipio de Jiquipilas, ubicado a 70 kilómetros de la capital de Chiapas, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el operativo que implementó el Ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) detuvieron a 13 presuntos delincuentes. Hasta este comunicado, ninguna autoridad habló antes sobre lo sucedido en el lugar. Son 13 personas que fueron trasladadas al penal federal de Villa Comaltitlán, ubicado en la zona costa de Chiapas, a solo hora y media de la frontera con Guatemala. Los detenidos enfrentan cargos por los delitos de asociación delictuosa, además de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y de cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La FGR detalló que estas personas fueron localizadas en la carretera federal cerca de donde se dieron los enfrentamientos, y llevaban 14 armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 104 cargadores, tres mil 14 cartuchos útiles, así como equipo táctico y teléfonos celulares de diversas marcas y colores. La dependencia no detalló el saldo de los enfrentamientos que tuvieron las fuerzas de seguridad con los grupos armados. Sobre estos hechos, la Sedena dijo que mantendría operativos de vigilancia y retenes en la zona impactada.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, expuso el miércoles los cuatro estados de EU que venden más armas a la delincuencia organizada del país. Durante una conferencia de prensa conjunta entre México y EE.UU. sobre la estrategia de Entendimiento Bicentenario, el canciller mexicano presentó dos mapas en relación al tráfico de armas. El primero de ello mostraba los municipios mexicanos en los que armas fabricadas en Estados Unidos terminaron en manos de la delincuencia y fueron decomisadas por las autoridades. El segundo de los mapas revelaba los diez condados estadounidenses con mayor venta de armas a la delincuencia organizada, mostrando que los estados de Arizona, California, Connecticut y Texas son los principales traficantes de armas a México. «Presenté en Washington la necesidad de reducir drásticamente el tráfico de armas desde EU al tiempo que frenamos la circulación de fentanilo y otras sustancias en nuestro territorio», escribió Ebrard en sus redes sociales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México formuló una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en contra de cuatro personas, que dejaron un fallecido, dos lesionados y tres detenidos. El 7 de febrero de 2021, cuatro personas —identificadas solo como V1, V2, V3 y V4— viajaban en un vehículo por la colonia Colinas del Sur de la ciudad tamaulipeca de Nuevo Laredo, en la frontera con Laredo, EU. Cerca de la medianoche, una camioneta de la Sedena se acercó al vehículo particular y los militares accionaron sus armas en contra de los pasajeros. V1 murió en el acto, mientras que V2 y V3 resultaron con lesiones graves por proyectiles de arma de fuego. En tanto, los militares detuvieron a V2, V3 y V4 y los inculparon por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y los llevaron a declarar ante la Fiscalía General de la República. Posteriormente, un juez de distrito calificó como ilegal la aprehensión y ordenó su libertad.

Un Tribunal federal negó por segunda ocasión el acceso al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a la carpeta de investigación en su contra, informó Milenio. La defensa busca demostrar que varios bienes inmuebles confiscados en la Ciudad de México por las autoridades fueron adquiridos lícitamente por el exfuncionario. Los abogados del político solicitaron un permiso a la Fiscalía General de la República (FGR) para ver el expediente desde agosto de 2021, pero la petición fue rechazada. Tras la negativa, la defensa interpuso un recurso de amparo, una disposición legal para revertir la decisión jurídica, exigiendo que se le permita al político tener acceso a la carpeta. Sin embargo, la medida fue rechazada por segunda ocasión este año, ya que la Fiscalía encontró irregularidades en la solicitud presentada. «Esta autoridad, por el momento, no tiene la certeza de que efectivamente Genaro García Luna haya podido ser visitado en el lugar en el que se encuentra recluido por alguna persona para recabar su firma en escritos a su nombre», indicó la jueza a cargo del caso.