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Un total de once personas resultaron vinculadas a proceso por diversos delitos relacionados con el uso de grupos de choque y/o sindicatos apócrifos en Estado de México.

Como parte de una serie de acciones que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado de México en el marco de la llamada “Operación Restitución” y la “Estrategia para la restitución de la propiedad”, las personas sospechosas fueron detenidas y se encuentran vinculadas a proceso.

Entre los delitos que se han investigado, se encuentran el despojo de la propiedad, la extorsión y el secuestro exprés, todos con el objetivo de favorecer a terceros a ocupar de manera ilegítima casas habitación, locales comerciales, naves industriales o predios.

Parte del modus operandi de los presuntos responsables involucra a estructuras organizadas, identificadas como “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300”, “Sindicato 22 de octubre” y “Los Gastones”, mediante las cuales se ejerce violencia sobre los legítimos dueños para obtener un beneficio económico o el despojo ilegítimo de su propiedad.

Los hechos investigados ocurrieron en diversos municipios mexiquenses, principalmente Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Tecámac, Tlalnepantla y Zumpango.

Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado de manera ilegal por el gobierno de Estados Unidos a una prisión en El Salvador, volvió al país este jueves y enfrentará cargos criminales por transporte de migrantes.

El caso de Ábrego, quien tenía un estatus legal que lo protegía de la deportación, ha enfrentado a la administración de Donald Trump con el Poder Judicial en lo que algunos expertos califican como una «crisis constitucional».

Las autoridades se negaron a facilitar el regreso de Ábrego al país, a pesar de las órdenes emitidas por la Corte Suprema y un tribunal de primera instancia, que concluyeron que su deportación fue ilegal.
Este viernes, a la vez que anunció el retorno de Ábrego, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que presentó una serie de cargos contra él por haber presuntamente transportado a migrantes desde Texas hacia Maryland y otros estados desde el 2017 hasta este año.

Los cargos surgen a raíz de una parada de un encuentro de Ábrego con agentes de policía en Tennessee en 2022, según detalla el documento judicial, y —de ser encontrado culpable— le acarrearían una pena máxima de 20 años en la cárcel.

Abelina López Rodríguez, alcaldesa morenista de Acapulco, Guerrero, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de que la Auditoría Superior de Guerrero pueda revisar el uso y destino de recursos de origen federal, entregados xx

A través de un acuerdo del pasado 25 de mayo, Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN, recibió la controversia presentada por el municipio de Acapulco.

La controversia constitucional fue registrada como la 174/2025 y será analizada y votada por la actual conformación del máximo tribunal, pues se le dio el carácter de urgente asunto.

La administración de Acapulco solicitó que se declare la invalidez de los requerimientos hechos por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero para que se entregue la información relacionada con el uso y destino de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN). 

La Auditoría Superior de Guerrero emitió un informe individual luego de fiscalizar la cuenta pública de 2023 del municipio de Acapulco de Juárez, en el que detalló que solicitó la información necesaria para comprobar el destino de más de 898 millones de pesos y no recibió respuesta.