Opinión

El rechazo de la oposición a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no es en absoluto un triunfo para México como se ufanan muchos militantes del PRI, PAN o PRD, ni estrictamente hablando es una victoria de un grupo de traidores a la patria como se les juzga desde el oficialismo. Ni una ni otra cosa, a mi parecer se trata más bien de la instantánea del estado de ánimo que se vive en el país y que revela lo mismo errores en la estrategia del primer mandatario para impulsar en verdad una transformación de la nación, que la pobreza discursiva y la carencia de proyecto de las fuerzas opositoras que no atinan a ser convincentes y ofertar un rumbo alterno y deben conformarse con festinar el hacer tropezar al presidente. De eso y no de otra cosa se trata este episodio. Del lado presidencial el que la oposición en la Cámara de Diputados haya hecho valer su fuerza política para echar atrás uno de sus grandes proyectos no es resultado sino de la falta de cálculo político.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe sobre la situación en México en este sensible tema, que se ha convertido desde hace al menos veinte años en una pesadilla para miles de familias en nuestro país. Luego de la visita oficial que realizó una delegación del organismo en noviembre del año pasado para realizar trabajo de campo, reunirse con autoridades federales y estatales, con comisiones de búsqueda, familiares de víctimas, funcionarios, organizaciones de derechos civiles, entre otros, y de constatar el trabajo de rastreo que realizan los colectivos de búsqueda, las exhumaciones y verificar los sistemas de registro forense, este martes 12 de abril desde Ginebra, Suiza, el Comité hizo públicas las conclusiones de su informe que es contundente y que no cayó nada bien al gobierno de México. Sus conclusiones son rotundas: la impunidad y la violación a los derechos humanos es la norma, existe colusión de servidores públicos con el crimen organizado y – lo que más caló hondo en el ánimo presidencial- que dejar la estrategia de seguridad pública en manos de los militares solo ha agravado el problema.

Una consulta para la revocación de mandato es un ejercicio por el que se pregunta a los ciudadanos si el presidente o un servidor público elegido por votación debe dejar su cargo por pérdida de confianza. Es una de las formas de participación ciudadana directa que prevén las leyes en muchos países. Desde que inició su gobierno Andrés Manuel López Obrador ofreció que a la mitad de su gobierno preguntaría a los ciudadanos si desean que siga hasta concluir su encargo o quieren que se vaya. No obstante, nadie ha pedido que se vaya el presidente. No hubo promotores para activar la revocación de mandato por pérdida de confianza, y en cambio los más interesados en que se realizara la consulta fueron, paradójicamente, el presidente de la República y los suyos. El México surrealista en todo su esplendor.