Opinión

La semana pasada en esta columna se comentó que es un hecho demasiado notorio la amistad existente entre el gobierno de López Obrador y el crimen organizado y también se dijo que, debido a esa notoriedad, para comprobarlo solo basta hacer un recuento de todas las acciones del presidente en relación a los criminales. En esta ocasión, vamos a ver las implicaciones que tienen para México y su sociedad, el deterioro de la legalidad derivado del notorio contubernio que existe entre un gobierno que ha decidido con plenitud de consciencia permitir la expansión del crimen organizado, al cesar prácticamente el combate a las mafias que lo integran; mandando a las fuerzas armadas a realizar tareas ajenas a sus funciones de brindar seguridad al país, como construir elefantes blancos (enriqueciendo a sus altos mandos con contratos opacos), administrar puertos mercantes o hasta vacunar a la población.

Para el derecho procesal un hecho notorio es aquel que debido a lo evidente que es no requiere ser probado ni tampoco juzgado, limitándose el juzgador a solo declararlo como tal.Un buen ejemplo de un hecho notorio en la actualidad mexicana es el entendimiento que se da entre el presidente López O. y el crimen organizado, particularmente el cártel de Sinaloa. Y es tan obvia esa alianza, que no requiere más que hacer un recuento de otros hechos igualmente notorios para demostrarla y así tenemos las campañas presidenciales oficiales y extraoficiales de López O. en las cuales recorrió lugares de control exclusivo de la delincuencia y que son inaccesibles para cualquier otro mexicano, el Culiacanazo, los “abrazos no balazos” y “hay que acusarlos con su mamá” pero no reprimirlos, uno que otro golpecito a otro cártel rival del Sinaloa, el rendir pleitesía a la madre de un conocido cabecilla de ese cártel así como confraternizar (tacos de por medio) con la plana mayor que acompañaba a la señora, el tratar como “Don” a su hijo que purga una cadena perpetua en Estados Unidos por sus crímenes y rematando con que a los delincuentes hay que tratarles con mucha humanidad y cero violencia.

Muchos funcionarios del que cada vez es más difícil llamarle gobierno veracruzano escogieron un día del mes para para ponerse ropa o adornos de color anaranjado como símbolo de la lucha para erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas. Y no solo usan el anaranjado, sino que llevan a cabo esa lucha con programas y acciones tan importantes como plasmar con pintura de ese color las huellas de sus manos en edificios públicos, como lo son los del poder judicial, y con un discurso gubernamental basado en que todas las personas que encabezan los poderes legislativo y judicial, así como los órganos autónomos (todos secuestrados por el gobierno del estado) son del género femenino. Llegando al grado de que en marzo exhiben como trofeos de sus conquistas, las fotografías de las no tan distinguidas damas que se prestaron al juego del desacato constitucional.