Opinión

Aproximadamente a cinco meses de que se dé el relevo en la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), aspirantes al importante cargo, dan a conocer sus puntos de vista del por qué les interesa participar. Por lo que el doctor en neurociencias Jorge Manzo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la UV con reconocimientos a nivel nacional e internacional y catedrático de la institución de educación superior desde hace más de 30 años, responde al cuestionamiento: ¿Por qué le interesa ser Rector de la UV? La UV es mí casa. Todo mí trabajo ha sido para fortalecer el nombre de la Institución a nivel nacional e internacional. En los estudiantes que les he dirigido su tesis de licenciatura, maestría o doctorado a quedado una escuela. Y ellos que ahora son profesionales que trabajan en la UV y en otras universidades del país y del extranjero, también están creando escuela, por lo que esta labor de mí trabajo profesional considero está consolidada. Aunque también durante este tiempo me ha interesado la política universitaria, la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y las legislaciones secundarias y su funcionamiento. Por lo que en esta etapa de mí vida, con la experiencia que he acumulado puedo aportar más a la UV y es por ello que me ha nacido el interés. Tengo ideas para darle crecimiento a la Institución y así retomar su reconocimiento dentro del contexto de las universidades públicas de México y a nivel internacional, adaptándola a los nuevos tiempos. Tema que retoma así: los nuevos tiempos nos están ganando. La generación de nuevos conocimientos, la aparición de nuevas tecnologías, nos están invadiendo en forma muy rápida, por lo que hay que adaptar a la UV a estos nuevos tiempos, reto que me gustaría afrontar desde la posición de Rector. En cuanto a cuál considera el problema actual que debe resolverse de la UV, expone: Uno de los problemas centrales es la atención a los estudiantes.

A partir de ayer domingo 30 de marzo y durante 60 días más que es el tiempo autorizado para los aspirantes a ocupar cargos de juzgadores en el Poder Judicial Federal (PJF), podrán llevar a cabo sus campañas para permanecer en el cargo o para integrarse a este importante Poder de los 3 que forman lo que aún queda de la incipiente democracia mexicana.
Se elegirán 882 cargos, entre los que están ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); integrantes del Tribunal de Disciplina Administrativa; magistrados de circuito y jueces de distrito de entre aproximadamente 5, 379 candidatos.
Elección que desde sus comienzos, del planteamiento de la reforma judicial, estuvo plagada no solamente de errores de procedimiento, sino lo más grave, de acciones de inconstitucionalidad que las autoridades correspondientes entre las que están el Congreso de la Unión, no observaron y autorizaron se llevaran a cabo.
A lo que hay que sumar el grave recorte presupuestal que se hizo al Instituto Nacional Electoral (INE), con toda la intención de que esta reforma y especialmente la elección no se pudiera llevar a cabo en la forma adecuada, ya que de un presupuesto solicitado de 13 mil 205 millones de pesos para realizarla, los legisladores solamente le autorizaron 6 mil 219 millones, reduciendo lo solicitado en un 52.9 %, lo que arrojó como consecuencia que solamente se puedan instalar en 50 % de las casillas que originalmente se autorizaron.

La pregunta es ¿A quiénes no les gusta la transparencia en sus actividades, sean estas públicas o privadas? La respuesta es obvia: a los corruptos. A aquellos personajes que todo lo que hacen cae fuera de lo legal.
Definitivamente este ha sido desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ocupó el cargo al frente del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el motivo de parte de él, para desaparecer no solamente en su momento el Instituto Federal Transparencia y Acceso a la Información (IFAI), que con el paso del tiempo (5-mayo-2015) se convirtió en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Evitar desde ese entonces que la población del país tuviera acceso a la forma en que disponía del dinero de los impuestos que todos los mexicanos pagamos y a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), llegaba a las arcas del Gobierno de la CDMX.
Baste solo recordar como sin desaparecer el IFAI en ese entonces, no porque no quisiera, sino porque legalmente no podía, para evitar su funcionamiento se dedicó a no darle el presupuesto que le correspondía y trató por todos los medios que tenía a su alcance, de obstaculizar su funcionamiento. Debido a los malos manejos que durante su administración hizo de los dineros de la CDMX, principalmente en lo que se refiere a los famosos segundos pisos, al grado tal que logró la clasificación de esa información como confidencial por 20 años. Así o más claro.