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El Senado de la República aprobó este jueves el acuerdo de la Junta de la Coordinación Política (Jucopo) que designa a los 18 senadores que integrarán la Comisión Permanente e incluyó a todas las fuerzas políticas por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que en pasadas ocasiones habían excluido a Movimiento Ciudadano. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión está compuesta por 37 legisladores, de los cuales 19 son diputados y 18 son senadores. Tiene el objetivo de desempeñar funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control durante el periodo de receso de la Cámara de Diputados y el Senado del 15 de diciembre al 31 de enero. En la Cámara Alta fueron designados 8 senadores de Morena, dos del PAN, dos del PRI, dos de Movimiento Ciudadano, uno del Partido Verde Ecologista de México, uno del Partido del Trabajo, uno del Partido Encuentro Social, uno del PRD y uno del Grupo Plural. Sin embargo, Kenia López Rabadán, senadora del PAN, reclamó a Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, que su fuerza política debería tener al menos tres representantes.

El senador Ricardo Monreal presentó un voto particular contra la reforma electoral, conocida como el Plan B del gobierno y de Morena. El líder de la bancada morenista dijo que emite este voto particular a “título personal”. Argumentó que la propuesta contiene aspectos que vulneran la Constitución y que él, como legislador y maestro en Derecho, “asume las consecuencias, los riesgos y el compromiso con la sociedad”. Algunas de las normas que pudieran aprobarse, pueden alejarse de los principios constitucionales, esa es mi defensa. En su discurso, dijo que su perfil le llevan a “defender y a procurar la legalidad y la legitimidad constitucionales”. Monreal presentó su postura como voto particular. Se trata de una expresión formal que un legislador realiza sobre determinado asunto con independencia de la opinión general.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron este miércoles que acudirán a todas las instancias jurídicas en caso de que el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador sea aprobado en el Congreso, debido a que consideran que las reformas ponen en peligro la operación de los procesos electorales. “De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del instituto, en conferencia de prensa. Señaló que los consejeros están preocupados tanto por el contenido de las reformas que se discuten en el Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo. “A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al instituto no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”, criticó Córdova. Una de las principales preocupaciones que manifestaron los consejeros es que las reformas electorales contemplan la reducción del 84.3% de las plazas que integran el servicio civil de carrera.