Mass Media

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que el director de Política Pública de Twitter en México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, es simpatizante del PAN, la red social aclaró que ninguno de sus trabajadores es responsable, por sí solo, de las políticas o acciones de cumplimiento de la empresa. “Es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”, destacó Twitter a través de la red social. Ante los comentarios del presidente, la red social puntualizó que los portavoces no toman decisiones de cumplimiento y tampoco participan en procesos de revisión, pues dicha labor se lleva a cabo “en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares”.

Twitter bloqueó la posibilidad de retuitear y dejar respuestas bajo el video publicado por el presidente de EU, Donald Trump, en el que insta al cese de las protestas realizadas por sus seguidores este miércoles en inmediaciones del Capitolio de EU. La red social precisó que las restricciones impuestas se deben al «riesgo de violencia», ya que el presidente saliente no se ha limitado a pedir a sus seguidores que se vayan a casa, sino que vuelve a afirmar que las elecciones presidenciales le fueron robadas. Simultáneamente, Twitter anunció que limitará el alcance de los tuits que contribuyan a los disturbios en el Capitolio.

John Shipton, padre del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se sumó a una petición en la que se solicita al gobierno de Nueva Zelanda que ofrezca asilo a su hijo. Esto luego de que la justicia británica rechazó la solicitud de extradición de Estados Unidos. El 4 de enero, después de que se diera a conocer la decisión de la jueza británica Vanessa Baraitser, los abogados del gobierno estadounidense dijeron que apelarían la decisión y el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que continuaría buscando la extradición de Assange. En tanto, tras enterarse del fallo, Shipton agregó su nombre a una carta que se entregó al gobierno neozelandés. La presente está firmada conjuntamente por Greg Barns, asesor de la campaña en Australia en favor de la liberación de Assange, y Craig Tuck, un abogado de Tauranga, Nueva Zelanda, que forma parte del equipo legal de Assange.