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Elexgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, urgió a la justicia federal y estatal actuar en contra del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien es el “delincuente” mayor en la entidad. El exfiscal general Jorge Winckler Ortiz, apuntó el exsecretario de Gobierno y exlíder cameral, no actuó solo porque todas las decisiones y acciones las consultaba con el exgobernador panista. “Es necesario” y vital por el bien de los veracruzanos que se haga justicia y se actúe contra el jefe mayor del clan panista, para que no se vuelva a repetir este capítulo negro que vivieron los veracruzanos, señaló el también notario público. El político originario de Minatitlán, con orígenes familiares en Oaxaca, celebró la actuación de la Fiscalía General del Estado por la detención y consignación al juez que le decretó prisión preventiva por un año. Hizo hincapié que en el curso del proceso podrán salir a flote más delitos y denuncias contra el exfiscal yunista por todas las violaciones y una variedad de delitos que cometió al frente de la FGE, torciendo la ley en beneficio de su patrón, Miguel Ángel Yunes Linares.

Un juez federal negó un amparo a Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, contra la prescripción del delito de fraude específico que se le imputa por el presunto desvío de 112 millones de pesos del presupuesto asignado al DIF de Veracruz, por lo que se confirmó la vigencia de la orden de aprehensión emitida en su contra el 25 de mayo del 2018. La resolución dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, Alejandro Quijano Álvarez, concluye que aún cuando la defensa de Karime Macías argumentaba que conforme al artículo 118 del Código Penal del Estado de Veracruz ya había prescrito el plazo para ser enjuiciada por el delito que se le atribuye, la imputación en su contra sigue vigente conforme al artículo 117 de la misma norma. Por el delito de fraude, conforme a la legislación veracruzana, se castiga hasta con 12 años de prisión cuando el monto de lo defraudado rebasa los 700 días del salario mínimo vigente al momento de los hechos, cifra que en 2011, fecha del presunto desvío, era de alrededor de 42 mil pesos. Para Macías Tubilla, derivado de que la fecha del presunto desvío que le se imputa se cometió el 23 de diciembre del 2011, conforme al artículo 118 del Código Penal estatal, la prescripción del delito habría vencido luego de un plazo de 6 años con 6 meses, por lo que al momento en que se giró la orden de aprehensión en su contra, así como la posterior solicitud de extradición presentada por la Fiscalía General de la República ante el gobierno de Reino Unido, ya había prescrito la conducta delictiva que se le atribuye.