Internacional

Un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes del estado estadounidense de Misisipi contempla la creación del Programa de Cazadores de Recompensas Certificados, lo que permitiría que particulares reciban pagos en metálico por «cazar» a inmigrantes indocumentados, recoge este viernes el portal Clarion Ledger, que cita un comunicado del fiscal de distrito del condado de DeSoto, Matthew Barton.
La iniciativa fue elevada a la cámara baja estatal por el representante Justin Keen, quien, como Barton, sostiene que se inscribe dentro de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
«Esta legislación tiene como objetivo mantener seguras a las comunidades de Misisipi», detalló Keen en el comunicado. En su decir, ha visto «de primera mano el peligro que representan los malos actores y los criminales violentos que ingresan» al territorio estadounidense.
«La administración del presidente Trump ha dejado en claro que deportar a los inmigrantes ilegales es una prioridad, y estamos orgullosos de hacer nuestra parte aquí en Misisipi para ayudar a apoyar su agenda y proteger a nuestros ciudadanos», alegó.
Mientras, Barton defendió la propuesta de Keen argumentando que se trata de «un paso vital para ayudar» a las agencias del Gobierno «a aplicar mejor las leyes de inmigración y garantizar que quienes» residen en EU «de manera ilegal, sean enviados de regreso a su país de origen».

El Gobierno de México ha comenzado a instalar refugios temporales en toda la frontera con Estados Unidos para recibir a los ciudadanos que sean devueltos tras el plan de deportaciones masivas prometido por el presidente estadounidense Donald Trump. Los refugios, erigidos bajo el programa ‘México te abraza’ que diseñó la administración encabezada por la mandataria Claudia Sheinbaum, proveerán a los mexicanos deportados con alimentos, alojamiento temporal, atención médica y ayuda para obtener documentos de identidad.
Sin embargo, los centros acogerán «exclusivamente» a ciudadanos mexicanos, mientras que los extranjeros deportados serán remitidos al Instituto Nacional de Inmigración, según indicó Enrique Serrano, coordinador general del Consejo Estatal de Población (Coespo) del estado de Chihuahua.
En principio, el Gobierno mexicano confirmó los 11 puntos de repatriación que habrá en las ciudades de Mexicali, Tijuana, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa-Hidalgo y Matamoros, todas ellas fronterizas con EU.
Además, todas las secretarías y dependencias federales se coordinarán con los seis estados de la frontera norte y con otros más del centro y sur del país, ya que ahí es donde se prevé que será el destino final de los mexicanos repatriados.

La posibilidad de que el presidente de EU, Donald Trump, ponga en riesgo la estabilidad del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) no solo genera preocupación entre los países involucrados, sino que también cuestiona la estabilidad y solidez de los acuerdos comerciales internacionales.
Tras su juramentación, Trump afirmó que podría imponer aranceles del 25 % a México y Canadá a partir del próximo 1 de febrero. Han sido muchas las ocasiones en las que el republicano ha amenazado con el mismo tema, argumentando que estos países permiten la entrada de migrantes de forma irregular, así como el contrabando de narcóticos al territorio estadounidense.
Esta medida no solo provocaría una ronda de disputas comerciales, sino que supondría un duro golpe para la economía mexicana, dado que el 83,1 % de sus exportaciones tienen como destino EU, frente al 40,5 % que representan las importaciones de ese país, según datos del Gobierno de México.
El T-MEC, firmado en 2020 bajo el anterior mandato de Trump para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), está previsto para ser revisado por los tres países en 2026.
Para algunos analistas, como el periodista mexicano Jonathan Ruiz Torre, las posibles decisiones de Trump tienen consecuencias concretas, porque si la estabilidad de los acuerdos comerciales se ve comprometida, la economía de los países involucrados pagará el precio: más riesgos, más costo.

El endurecimiento de las políticas migratorias que ordenó el presidente de EU, Donald Trump, provocó que por lo menos 33.000 migrantes indocumentados se quedaran varados en México, informó la revista Proceso.
De acuerdo con el reporte, alrededor de 30.000 personas estaban en lista de espera para tramitar un permiso legal de residencia por motivos humanitarios, en tanto que otras 3.000 ya tenían una cita para acogerse a la figura de asilados, pero les fue cancelada en cuanto Trump inició el pasado lunes su segunda presidencia.
El director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, le explicó al portal mexicano que todas estas personas, que en gran parte provienen de países de América Latina y el Caribe, se encuentran dispersas en varios estados del país.
También advirtió que los albergues de migrantes se verán rebasados y no podrán atender a todas las personas que trataban de ingresar de manera legal a EU, ya que carecen de la capacidad humana y material para recibir por tiempo indefinido a tanta gente.
Carrasco agregó que los migrantes varados se encuentran en México en una situación irregular y enfrentan la incertidumbre de qué podrán hacer en el corto plazo, ya que a partir de ahora será todavía más difícil que entren a EU.