Internacional

Los migrantes han quedado más vulnerables ante el crimen organizado y la violencia al permanecer varados en la frontera sur de México al cumplirse cuatro semanas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, denuncian organizaciones civiles en la zona.
Luis Alonso Abarca, coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, expuso a EFE que quien está ganando con las restricciones de Trump es el crimen organizado, pues han detectado que está cobrando miles de dólares, sobre todo a mujeres y menores de edad, con la promesa de llevarles hacia Estados Unidos.
“El que se cierren las fronteras, el que la política de Estado del Gobierno mexicano y de Estados Unidos les impida que lo hagan (migrar) de manera regular y por un medio seguro, lo que va a provocar es que los grupos del crimen organizado se beneficien”, opinó el activista en Tapachula, la mayor ciudad de la frontera sur.
Los migrantes afrontan desde el 20 de enero, cuando Trump volvió a la Casa Blanca, las políticas de deportaciones masivas, el “cierre” de la frontera con miles de militares desplegados y la eliminación de la aplicación ‘CBP One’ de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que permitía solicitar asilo en Estados Unidos desde México.
En este panorama, Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió en un reporte de que “grupos de migrantes intentan avanzar por territorio mexicano en tren o caminando juntos en caravanas, sobre todo en el estado de Chiapas (fronterizo con Centroamérica), para reclamar atención y buscar protección ante la violencia perpetrada por diversos actores armados”.

Greg Abbott, el gobernador del estado de Texas, está dispuesto a vender o rentar al Gobierno federal de EU más de 160 kilómetros de terreno en la frontera con México como parte de la asociación con el presidente Donald Trump para ayudar al control migratorio, reveló el jueves The Texas Tribune.
En una entrevista concedida al diario, Abbott detalló que está listo para entregar más de 80 kilómetros de muro fronterizo construido, casi 32 kilómetros de vallas fronterizas planeadas, 161 kilómetros de servidumbres para construir más muros, más de 2.000 camas militares para miembros de la Guardia Nacional y 4.000 celdas de cárcel para detener a migrantes.
Las declaraciones surgen tras la solicitud del funcionario al Gobierno de reembolsar «más de 11.100 millones de dólares de dinero de los contribuyentes» por los gastos del estado en sus operaciones para «proteger la nación y asegurar la frontera» durante el mandato de Joe Biden.
Tal suma deriva de la construcción del muro fronterizo y de la Operación Estrella Solitaria, lanzada en 2021 para contrarrestar la inmigración ilegal y que, según Abbott, la «redujo con éxito en Texas en un 87 %».
El gobernador enfatizó que el intercambio de bienes raíces e infraestructura fronteriza funcional construida bajo la Operación Estrella Solitaria se diferencia de pedidos anteriores que Texas ha hecho al Gobierno federal para el control de la frontera.

El gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó el jueves un paquete de proyectos de ley que endurecen las penas para los inmigrantes irregulares, siguiendo la senda marcada por el presidente Donald Trump desde que asumiera su segundo mandato el mes pasado.
Sin embargo, la medidas que impulsa DeSantis van un paso más allá y algunas de ellas han sido calificadas como claramente inconstitucionales. La más polémica de ellas, el proyecto de ley SB 4C, establece la sentencia de muerte obligatoria para los inmigrantes indocumentados que sean condenados por delitos capitales.
En Florida se consideran delitos capitales el asesinato en primer grado, la violación de niños menores de 12 años y algunos relacionados con el narcotráfico, entre otros.
La norma limitará el margen de decisión del juez o jurado, que no podrá juzgar de manera individualizada cada caso, de manera que no podrá tener en cuenta agravantes o atenuantes. El proyecto SB 4C también extiende la pena de muerte a los inmigrantes irregulares que sean miembros de bandas criminales.
Además, las nuevas reglas convierten el ingreso en el estado sin el preceptivo estatus legal en un delito en sí mismo, contemplando una pena de cárcel de nueve meses, y una condena mínima de cinco años de prisión para quienes regresen a Florida después de haber recibido la orden de abandonar el territorio.

El Gobierno de EU asegura que los migrantes enviados por la Administración de Donald Trump al centro de detención de Guantánamo (Cuba) se encuentran «bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas», aunque resulta que «los guardias militares y médicos se encargan de ellos en la práctica», señala The New York Times, que cita testigos presenciales.
También se informa que distintas agencias de EU no pueden determinar quién es el responsable del asunto, señala el canal de CNN. Para el 12 de febrero, ya habían tenido lugar siete vuelos militares, con 98 migrantes trasladados a la bahía de Guantánamo, agrega. También falta un plan claro para gestionar el centro y normas legales que regulen la detención de migrantes.
«Nadie sabe realmente lo que está pasando entre el Departamento de Defensa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU. (ICE) y el Servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Todo el mundo señala con el dedo y dice: ‘Ellos están al cargo’, ‘Ellos pagan por esto’, ‘Ellos garantizan la seguridad’. Nadie lo sabe realmente», informa CNN citando una fuente al corriente de la planificación.
«Es la primera vez que vemos al Gobierno enviar a personas desde suelo estadounidense a un centro de internamiento en el extranjero, y no ha quedado claro qué papel desempeñan exactamente los militares», explica al diario Lee Gelernt, abogado de derechos de los inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. «Todo esto plantea potenciales cuestiones legales que nunca antes habíamos visto», añade.
Anteriormente, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) mostró su rechazo a la decisión de la Administración Trump de trasladar a migrantes ilegales desde EU al centro de detención de Guantánamo.

Los guardias fronterizos estadounidenses detuvieron en el primer mes de la Administración de Donald Trump a menos migrantes ilegales en la frontera con México que en noviembre de 2024, cuando Joe Biden estaba en el cargo, consignó Axios tras comparar los datos estadísticos.
Tom Homan, el llamado ‘zar de la frontera’, afirmó el martes que alrededor de 14.000 migrantes han sido detenidos desde el inicio de mandato del presidente republicano, «la gran mayoría de ellos con antecedentes penales». Mientras que los datos federales aseguran que más de 21.100 indocumentados fueron detenidos en noviembre del año pasado.
Según el portal, posibles razones para este descenso en el número de detenciones podrían ser que los casos de cruce ilegal de fronteras hayan disminuido drásticamente debido a la postura del nuevo presidente en el tema migratorio.
Homan ha asegurado que tales cruces fronterizos han descendido en un 92 % desde que Trump asumió el cargo.
Aunque en las dos primeras semanas de la Administración de Trump, su oficina aseguró que el número de inmigrantes detenidos ascendía a 8.500, desde el 4 de febrero han dejado de publicar informes diarios al respecto.
Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas destinadas a bloquear la inmigración en la frontera sur y deportar a millones de personas que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, con numerosos vuelos transportando a extranjeros de vuelta a sus países de origen.