Columnistas

La historia política de México ha demostrado ser como una espiral que, lejos de avanzar hacia la consolidación democrática, parece girar sobre sí misma para invariablemente regresar a sus momentos más oscuros con una sorprendente naturalidad. La propuesta de reforma político-electoral impulsada por Claudia Sheinbaum es un ejemplo de ello.

Bajo el disfraz de eficiencia administrativa y austeridad republicana, se asoma una intención manifiesta: reconcentrar de manera absoluta el poder político en el Ejecutivo, desmantelar los contrapesos institucionales y restaurar el control hegemónico que caracterizó al viejo régimen priista durante décadas.

La narrativa oficial habla de reducir el costo de las elecciones, disminuir el número de legisladores, recortar el financiamiento público a los partidos políticos y “hacer más eficientes” los organismos electorales, como si se tratase de una modernización del sistema político. Pero como suele ocurrir en todos los regímenes autoritarios, no son sino meros pretextos para eliminar de tajo la pluralidad político-partidista y que ésta no pase de ser un elemento decorativo y a la vez, legitimador de un régimen cerrado, sordo y arbitrario como el que gobernó al país durante 70 años. Y como el que construyen sus “herederos” en Morena.

La República constitucional mexicana, esa arquitectura jurídica que garantizó un cierto y funcional equilibrio entre poderes las últimas tres décadas, así como el acceso a garantías individuales y democráticas de las que se carecía en la antigua etapa autoritaria del país, ha entrado en una fase terminal.

Esto gracias a una erosión sistemática desde el poder de las instituciones construidas en el periodo de la alternancia. Deterioro y destrucción que fueron permitidos por la indiferencia y la complicidad política y, sobre todo y hay que señalarlo, por la complacencia social, que entregó derechos y libertades a cambio de dádivas.

Los últimos episodios de esta tragicomedia -la admisión pública de trampas en la elección judicial, a pesar de las cuales se validaron esos comicios fraudulentos; la exoneración del corrupto hermano del expresidente López Obrador; y la escalada en la persecución judicial de periodistas- no son hechos aislados. Son síntomas de un modelo de gobierno que ha dejado de simular respeto por la legalidad y que viene a imponerse autoritariamente.

La “transformación” del Poder Judicial de la Federación, cuya nueva conformación entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, no es -como se ha querido vender desde Palacio Nacional y sus satélites mediáticos y propagandísticos- una democratización de la justicia. Es, en realidad, la culminación de un proceso de captura institucional que busca convertir al aparato judicial en un instrumento de persecución política. Y los primeros en la mira son, desde antes incluso de su entronización, los periodistas críticos.

Desde que tomó el poder, el régimen morenista ha mostrado una obsesión enfermiza por controlar la narrativa pública. Lo hizo primero desde la tribuna presidencial, con las infames “mañaneras” de Andrés Manuel López Obrador, que sirvieron como paredón mediático para exhibir, descalificar y estigmatizar a comunicadores incómodos.

Luego vino la judicialización del disenso: demandas por daño moral, acusaciones de violencia política de género, y hasta procesos penales por delitos que deberían estar extintos en cualquier democracia funcional, que es lo que en este momento se vive en varios estados del país.