Columnistas

La espiral de destrucción institucional instigada esta semana por el oficialismo “cuatrero” en el Congreso de la Unión, y atestiguada por un país impávido, no tiene parangón en la historia reciente de México y representa retrocesos que costará mucho tiempo remontar. El régimen lopezobraorista lanzó una oleada de reformas legales para disimular sus fracasos como el del Insabi, encubrir malos manejos como los que llevaron a la quiebra a la Financiera Rural, controlar a la comunidad científica mediante una regresiva y autoritaria Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y terminar de enriquecer a la cúpula militar entregándole por completo el control del Tren Maya y todo el dinero que ingrese al país por concepto de turismo extranjero. Un despropósito inmenso. Todo eso, mientras la opinión pública se distraía con la mala salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual fue manejado como una de las cortinas de humo más perversas que gobierno alguno haya diseñado en México.

Mientras los organismos autónomos de transparencia sufren los embates del cada vez más autoritario y retrógrada régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, emerge la purulencia con la que infectaron estas instituciones para cooptarlas. Resulta que el actual comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), José Alfredo Corona Lizárraga, cuya obligación debería ser velar por la rendición de cuentas y garantizar el derecho a la información de los veracruzanos, es todo un pájaro de cuenta que ha estado violando la ley los últimos tres años, de manera documentada. Corona Lizárraga fue designado comisionado del IVAI por el Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz el 29 de mayo de 2020, momento en el cual ya cursaba un doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, por lo cual cobra una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Solo que eso está prohibido por la ley. En primer lugar, por la Ley Estatal de Transparencia, que en su artículo 83 establece que “el cargo de Comisionado es incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión en el servicio público o privado, a excepción de la docencia o la labor de investigación académica, siempre y cuando no sean remuneradas”. De acuerdo con información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Corona Lizárraga recibe del Conacyt un promedio de 50 mil pesos por su beca, con lo cual quebranta claramente la norma estatal, hecho por el que debería ser destituido de inmediato e incluso recibir una sanción por incurrir en responsabilidades administrativas.

En medio de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Veracruz la semana pasada, las cifras alegres machacadas en la “mañanera” por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre la supuesta baja en los índices de criminalidad en la entidad palidecían frente a la terca realidad de un estado sumido en la violencia. Un nuevo feminicidio en Xalapa se sumó a la imparable espiral de ataques mortales a mujeres que no parecen tener fin ni freno: Yarazeth, una enfermera del Centro Estatal de Cancerología, se unía a al menos otras dos víctimas cuyas vidas fueron segadas en la misma semana en otras regiones de Veracruz, que de norte a sur padece una violencia incontenible y a la vez, sistemáticamente soslayada por las autoridades. Solo en el tema de los feminicidios, lo que sucede en Veracruz debería ser un escándalo internacional. De acuerdo con las cifras del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, entre enero y marzo se han reportado en medios de comunicación de la entidad 25 feminicidios, 20 homicidios, 95 agresiones y, de manera particularmente grave, 212 desapariciones de mujeres. ¿Cómo con esas cifras pueden las autoridades estatales proclamar que la criminalidad va “a la baja” y que las cosas “van bien” en Veracruz? Pues con la caradura y desfachatez que caracterizan a la clase política en general y de la cual no escapan en Morena, que como “nuevos ricos” están embriagados por un poder que creen durará eternamente y que evitará que rindan cuentas.