Cecilio García

En México ya no sabemos si estamos viendo el Canal del Congreso… o un casting permanente para reality show. La política nacional, esa que debería ser el arte de gobernar con sensatez, se ha convertido en una pasarela de egos desbordados y micrófonos encendidos.

Ahí está Sergio Mayer, diputado plurinominal que pidió licencia para entrar a La Casa de los Famosos. No es una metáfora: dejó su curul para encerrarse ante cámaras. Anunció que hará “un infierno” dentro de la casa. La frase, sin querer, retrata mejor su tránsito por la vida pública que cualquier discurso legislativo. Su oficio real es el espectáculo; el servicio público le queda como vestuario prestado.

Cuando el Congreso se convierte en trampolín mediático, la representación popular se diluye en rating.

Pero Mayer no está solo en este teatro político. Gerardo Fernández Noroña, hoy investido con responsabilidades legislativas de alto perfil, continúa protagonizando escándalos que lo colocan más en la polémica que en la construcción de acuerdos. Su estilo confrontativo puede entusiasmar a la grada, pero erosiona la institucionalidad. En política, el volumen no sustituye la razón.

En Campeche, Layda Sansores ha elevado el pleito a categoría de gobierno. Conferencias convertidas en tribunales mediáticos, filtraciones como arma política y un tono de permanente confrontación. Gobernar no es ajustar cuentas en horario estelar; es administrar con prudencia. El poder no es micrófono abierto para desahogos personales.

En política, el olor del pasado no se disipa con sermones nuevos. Se queda impregnado en los pasillos, en los acuerdos, en los silencios incómodos.

Y en el México de hoy, ese aroma rancio tiene nombre propio: herencias malditas del obradorismo que sobreviven en la era Sheinbaum.

Ahí están, visibles, arrogantes, intocables: Adán Augusto López, Alejandro Gertz, Ricardo Monreal, Rubén Rocha, Alfredo Ramírez, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Layda Sansores, Mario Delgado y Francisco Garduño, por citar algunos.

Son los “apestados” de Morena. Son los incrustados en la estructura del poder que ya no representan futuro, sino lastre.

Figuras que no responden a un proyecto renovado, sino a una obediencia heredada, a una fidelidad que no mira hacia Palacio Nacional, sino hacia Palenque.

No son un simple grupo de funcionarios. Son un símbolo.

Representan la incapacidad del nuevo gobierno para romper, de fondo, con el viejo régimen que prometió combatir.

Durante casi dos décadas, Andrés Manuel López Obrador recorrió el país sin descanso.

Pueblos, colonias, plazas públicas y caminos olvidados fueron el escenario de una campaña permanente que, con paciencia y constancia, le permitió construir una imagen de cercanía, honestidad y compromiso con “los de abajo”.

Dieciocho años de proselitismo ininterrumpido rindieron frutos: la llamada Cuarta Transformación llegó al poder envuelta en una narrativa moral, casi mesiánica, que prometía barrer con la corrupción y dignificar la política.

El discurso era sencillo, pero poderoso: el pueblo primero, los pobres antes que nadie, el poder al servicio de la gente. Millones creyeron en esa promesa. Y no sin razón: después de décadas de gobiernos distantes, tecnócratas y escándalos, la figura del líder austero, viajando en camionetas modestas y hablando sin filtros, parecía una auténtica ruptura con el pasado.

Sin embargo, una vez instalado en Palacio Nacional, López Obrador entendió que gobernar no sólo implicaba administrar recursos, sino también administrar voluntades.

Fue entonces cuando encontró la fórmula que le permitió mantener en calma a una parte considerable de la sociedad: los apoyos en efectivo.

Becas, pensiones, transferencias directas y programas sociales se multiplicaron.

En el papel, se presentaron como un acto de justicia histórica hacia los más olvidados.

La 4T trota fraccionada.

En Morena ya no hay unidad, hay bandos. Lo que alguna vez se presentó como un movimiento compacto, disciplinado y con rumbo definido, hoy es un campo minado de lealtades encontradas, silencios incómodos y traiciones disfrazadas de prudencia política.

Por un lado, está la facción que respalda —al menos en el discurso— a la presidenta Claudia Sheinbaum. Funcionarios, legisladores y operadores que entienden que el poder formal ya cambió de manos y que el país exige resultados, particularmente en materia de seguridad, gobernabilidad y Estado de Derecho. Saben que gobernar no es heredar consignas, sino asumir responsabilidades.

Del otro lado, permanece intacto el grupo fiel al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No responden a Palacio Nacional, sino a Palenque. No siguen una agenda institucional, sino una devoción personal. Para ellos, el proyecto no terminó con el sexenio: sigue vivo en forma de obediencia ciega, favores pendientes y complicidades acumuladas.

Entre ambos bandos se libra una guerra soterrada. No hay declaraciones abiertas, pero sí bloqueos, filtraciones, sabotajes internos y una parálisis calculada.

Cada decisión relevante pasa primero por el filtro de “¿a quién beneficia?” antes de “¿le sirve al país?”.

No le crea presidenta.

Esos halagos son amañados. Embaucadores.

Es fuego en los sentimientos.

Para Trump, lo que hoy es un sí categórico, mañana puede ser un no tajante.

Por eso señora Sheinbaum pondere con perspicaz reserva, el elogio vertido hacia su investidura por el impredecible y temerario ocupante de la Casa Blanca.

Sabe que es fanfarrón. Adula por conveniencia para sensibilizar y “sacar raja” con un sugerente piropo.

La presidenta debe analizar con mucha serenidad, la verdadera intención del encomio que soltó el narcisista:

“México tiene un líder maravilloso e inteligente. ¡Deberían de estar muy contentos por ello!”

Trump declaró este fin de semana que le pidió personalmente a Claudia Sheinbaum dejar de hacer envíos de petróleo mexicano a Cuba, y la mandataria habría cumplido con la solicitud.

¿Acaso esta acción de gobierno es consecuencia del “cariñoso” piropo?

La prestigiosa publicación británica The Economist puso el dedo en la llaga con un análisis que ha generado ruido dentro y fuera de México.

Su diagnóstico es contundente: la presidenta Claudia Sheinbaum se tambalea. No es una metáfora ligera. Es la descripción de un gobierno que parece moverse de un lado a otro, buscando equilibrio en medio de una tormenta política que no da tregua.

El semanario sostiene que el país atraviesa una crisis interna profunda y que, conforme avanzan los meses, se reduce la probabilidad de que el gobierno de la Cuarta Transformación logre rescatar a México del triángulo que asfixia su desarrollo: narcotráfico, corrupción y una economía debilitada.

No se trata solo de presiones externas o de inercias heredadas; el problema, apunta la revista, también viene desde dentro.

Los ataques y fracturas al interior del propio partido gobernante han erosionado la capacidad de maniobra presidencial.

La disciplina que antes parecía férrea hoy muestra fisuras, y la narrativa de unidad comienza a resquebrajarse.

Gobernar así —con fuego amigo— convierte cualquier intento de reforma o estrategia de seguridad en un ejercicio de alto riesgo.

En la política latinoamericana hay apellidos que pesan más que los programas y nombres propios que avanzan con escolta invisible.

Hoy, dos hijos de líderes de izquierda concentran miradas, sospechas y murmullos que recorren calles, cafés y redes sociales: Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, y Andrés Manuel López Beltrán, al que muchos llaman simplemente “Andy”.

El primero ocupa una curul como diputado y forma parte de la Asamblea Nacional de Venezuela; el segundo funge como Secretario de Organización de Morena, una posición que, sin ser electiva, ejerce un poder real y decisivo en la vida interna del partido gobernante en México.

Dos trayectorias distintas, un mismo punto de partida: el apellido.

Ambos han crecido bajo el manto protector del poder paterno. No es un detalle menor. La custodia política —esa mezcla de influencias, silencios y favores— suele ser el mejor blindaje. Y también el terreno más fértil para que las fortunas florezcan a una velocidad que despierta dudas razonables.

Desde su relajante finca —esa cuyo nombre malsonante ha dado la vuelta al mundo, y se ha convertido en símbolo de exceso y ego— López Obrador reaparece con un mensaje que, más que político, parece confesional.

Califica la “operación Trump” como un acto de prepotencia y, sin sonrojo, llama al presidente estadounidense secuestrador y tirano.

Dice estar retirado, pero se expresa como quien no ha soltado el micrófono. Puntualiza también no gobernar, pero opina como quien aún cree mandar.

Uta, y por si quedaba duda, remata con un respaldo “incondicional” a su presidenta, Claudia Sheinbaum.

La escena no es nueva. El poder que se fue, pero no se resigna; la figura que dejó Palacio, pero no la tribuna.

A Paty Lobeira, no tengo el regocijo de conocerla. Jamás la he visto en persona. Pero conozco su trabajo, de su entereza y de su valor para enfrentar –sobre todo– su intrincada vida privada.

En la historia política de Veracruz pocas veces un enunciado logró condensar, con tanta claridad y emoción, el sentimiento de un servidor público hacia su terruño.

“Veracruz, te quiero” no fue una consigna vacía: fue una declaración de principios que nació como programa social y terminó por convertirse en identidad política.

Y fue precisamente Paty –conocida por muchos como la “Rubia de Oro”, quien tuvo la iniciativa de bautizar así un proyecto de cercanía social.

Nunca imaginó que, con el tiempo, ese eslogan la acompañaría hasta la codiciada presidencia municipal del Puerto de Veracruz, ese espléndido oasis con historia universal que mira al Golfo con orgullo y vocación cosmopolita.

Desde el origen de la civilización, la ley surgió como un pacto social: la garantía más elemental para proteger al individuo del abuso del más fuerte.

Defender su vida, su libertad y su propiedad privada fue siempre el propósito fundamental del Derecho.

Sin embargo, cuando el poder político se apropia de la ley y la manipula a conveniencia, aquello que protegía al ciudadano se transforma en el arma que lo oprime.

México no es la excepción; es el ejemplo perfecto.

Hoy observamos un fenómeno alarmante. El aparato estatal crea leyes que violan las mismas leyes, una contradicción tan insultante como peligrosa.

Con la legitimidad del monopolio de la fuerza en sus manos, el Estado obliga a millones a obedecer regulaciones que no protegen derechos, sino que los restringen.

Mientras tanto, quienes gobiernan se blindan bajo un sistema jurídico diseñado por ellos mismos para garantizar su impunidad.