Cecilio García

Durante casi dos décadas, Andrés Manuel López Obrador recorrió el país sin descanso.

Pueblos, colonias, plazas públicas y caminos olvidados fueron el escenario de una campaña permanente que, con paciencia y constancia, le permitió construir una imagen de cercanía, honestidad y compromiso con “los de abajo”.

Dieciocho años de proselitismo ininterrumpido rindieron frutos: la llamada Cuarta Transformación llegó al poder envuelta en una narrativa moral, casi mesiánica, que prometía barrer con la corrupción y dignificar la política.

El discurso era sencillo, pero poderoso: el pueblo primero, los pobres antes que nadie, el poder al servicio de la gente. Millones creyeron en esa promesa. Y no sin razón: después de décadas de gobiernos distantes, tecnócratas y escándalos, la figura del líder austero, viajando en camionetas modestas y hablando sin filtros, parecía una auténtica ruptura con el pasado.

Sin embargo, una vez instalado en Palacio Nacional, López Obrador entendió que gobernar no sólo implicaba administrar recursos, sino también administrar voluntades.

Fue entonces cuando encontró la fórmula que le permitió mantener en calma a una parte considerable de la sociedad: los apoyos en efectivo.

Becas, pensiones, transferencias directas y programas sociales se multiplicaron.

En el papel, se presentaron como un acto de justicia histórica hacia los más olvidados.

La 4T trota fraccionada.

En Morena ya no hay unidad, hay bandos. Lo que alguna vez se presentó como un movimiento compacto, disciplinado y con rumbo definido, hoy es un campo minado de lealtades encontradas, silencios incómodos y traiciones disfrazadas de prudencia política.

Por un lado, está la facción que respalda —al menos en el discurso— a la presidenta Claudia Sheinbaum. Funcionarios, legisladores y operadores que entienden que el poder formal ya cambió de manos y que el país exige resultados, particularmente en materia de seguridad, gobernabilidad y Estado de Derecho. Saben que gobernar no es heredar consignas, sino asumir responsabilidades.

Del otro lado, permanece intacto el grupo fiel al expresidente Andrés Manuel López Obrador. No responden a Palacio Nacional, sino a Palenque. No siguen una agenda institucional, sino una devoción personal. Para ellos, el proyecto no terminó con el sexenio: sigue vivo en forma de obediencia ciega, favores pendientes y complicidades acumuladas.

Entre ambos bandos se libra una guerra soterrada. No hay declaraciones abiertas, pero sí bloqueos, filtraciones, sabotajes internos y una parálisis calculada.

Cada decisión relevante pasa primero por el filtro de “¿a quién beneficia?” antes de “¿le sirve al país?”.

No le crea presidenta.

Esos halagos son amañados. Embaucadores.

Es fuego en los sentimientos.

Para Trump, lo que hoy es un sí categórico, mañana puede ser un no tajante.

Por eso señora Sheinbaum pondere con perspicaz reserva, el elogio vertido hacia su investidura por el impredecible y temerario ocupante de la Casa Blanca.

Sabe que es fanfarrón. Adula por conveniencia para sensibilizar y “sacar raja” con un sugerente piropo.

La presidenta debe analizar con mucha serenidad, la verdadera intención del encomio que soltó el narcisista:

“México tiene un líder maravilloso e inteligente. ¡Deberían de estar muy contentos por ello!”

Trump declaró este fin de semana que le pidió personalmente a Claudia Sheinbaum dejar de hacer envíos de petróleo mexicano a Cuba, y la mandataria habría cumplido con la solicitud.

¿Acaso esta acción de gobierno es consecuencia del “cariñoso” piropo?

La prestigiosa publicación británica The Economist puso el dedo en la llaga con un análisis que ha generado ruido dentro y fuera de México.

Su diagnóstico es contundente: la presidenta Claudia Sheinbaum se tambalea. No es una metáfora ligera. Es la descripción de un gobierno que parece moverse de un lado a otro, buscando equilibrio en medio de una tormenta política que no da tregua.

El semanario sostiene que el país atraviesa una crisis interna profunda y que, conforme avanzan los meses, se reduce la probabilidad de que el gobierno de la Cuarta Transformación logre rescatar a México del triángulo que asfixia su desarrollo: narcotráfico, corrupción y una economía debilitada.

No se trata solo de presiones externas o de inercias heredadas; el problema, apunta la revista, también viene desde dentro.

Los ataques y fracturas al interior del propio partido gobernante han erosionado la capacidad de maniobra presidencial.

La disciplina que antes parecía férrea hoy muestra fisuras, y la narrativa de unidad comienza a resquebrajarse.

Gobernar así —con fuego amigo— convierte cualquier intento de reforma o estrategia de seguridad en un ejercicio de alto riesgo.

En la política latinoamericana hay apellidos que pesan más que los programas y nombres propios que avanzan con escolta invisible.

Hoy, dos hijos de líderes de izquierda concentran miradas, sospechas y murmullos que recorren calles, cafés y redes sociales: Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, y Andrés Manuel López Beltrán, al que muchos llaman simplemente “Andy”.

El primero ocupa una curul como diputado y forma parte de la Asamblea Nacional de Venezuela; el segundo funge como Secretario de Organización de Morena, una posición que, sin ser electiva, ejerce un poder real y decisivo en la vida interna del partido gobernante en México.

Dos trayectorias distintas, un mismo punto de partida: el apellido.

Ambos han crecido bajo el manto protector del poder paterno. No es un detalle menor. La custodia política —esa mezcla de influencias, silencios y favores— suele ser el mejor blindaje. Y también el terreno más fértil para que las fortunas florezcan a una velocidad que despierta dudas razonables.

Desde su relajante finca —esa cuyo nombre malsonante ha dado la vuelta al mundo, y se ha convertido en símbolo de exceso y ego— López Obrador reaparece con un mensaje que, más que político, parece confesional.

Califica la “operación Trump” como un acto de prepotencia y, sin sonrojo, llama al presidente estadounidense secuestrador y tirano.

Dice estar retirado, pero se expresa como quien no ha soltado el micrófono. Puntualiza también no gobernar, pero opina como quien aún cree mandar.

Uta, y por si quedaba duda, remata con un respaldo “incondicional” a su presidenta, Claudia Sheinbaum.

La escena no es nueva. El poder que se fue, pero no se resigna; la figura que dejó Palacio, pero no la tribuna.

A Paty Lobeira, no tengo el regocijo de conocerla. Jamás la he visto en persona. Pero conozco su trabajo, de su entereza y de su valor para enfrentar –sobre todo– su intrincada vida privada.

En la historia política de Veracruz pocas veces un enunciado logró condensar, con tanta claridad y emoción, el sentimiento de un servidor público hacia su terruño.

“Veracruz, te quiero” no fue una consigna vacía: fue una declaración de principios que nació como programa social y terminó por convertirse en identidad política.

Y fue precisamente Paty –conocida por muchos como la “Rubia de Oro”, quien tuvo la iniciativa de bautizar así un proyecto de cercanía social.

Nunca imaginó que, con el tiempo, ese eslogan la acompañaría hasta la codiciada presidencia municipal del Puerto de Veracruz, ese espléndido oasis con historia universal que mira al Golfo con orgullo y vocación cosmopolita.

Desde el origen de la civilización, la ley surgió como un pacto social: la garantía más elemental para proteger al individuo del abuso del más fuerte.

Defender su vida, su libertad y su propiedad privada fue siempre el propósito fundamental del Derecho.

Sin embargo, cuando el poder político se apropia de la ley y la manipula a conveniencia, aquello que protegía al ciudadano se transforma en el arma que lo oprime.

México no es la excepción; es el ejemplo perfecto.

Hoy observamos un fenómeno alarmante. El aparato estatal crea leyes que violan las mismas leyes, una contradicción tan insultante como peligrosa.

Con la legitimidad del monopolio de la fuerza en sus manos, el Estado obliga a millones a obedecer regulaciones que no protegen derechos, sino que los restringen.

Mientras tanto, quienes gobiernan se blindan bajo un sistema jurídico diseñado por ellos mismos para garantizar su impunidad.

Cada vez que tiene un micrófono enfrente, la señora Rocío Nahle serpentea entre declaraciones y suelta “veneno” contra la imagen pública de José Manuel del Río Virgen.

El funcionario de alto nivel en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación —hoy pieza clave en la Cámara de Diputados— se ha ganado con años de trabajo un prestigio que no se mancha con rumores ni con campañas políticas de baja altura.

Del Río Virgen, serio militante de Movimiento Ciudadano fue víctima de una acusación infundada que pretendió mermar su trayectoria.

Su honorabilidad fue puesta a prueba por la injusticia, pero su inocencia se mantuvo firme y su carrera política continúa sólida, respaldada por hechos y no por libelos.

A pocos días de rendir cuentas al pueblo veracruzano con su Primer Informe de Gobierno, la mandataria estatal debería estar concentrada en combatir la inseguridad y la violencia que laceran —día tras día— a las familias veracruzanas.

En México, el crimen organizado avanza con velocidad de vértigo.

No tropieza, no duda, no se detiene. Prospera y, lo más grave, se incrusta en las instituciones públicas como un cáncer que hace metástasis sin freno.

Mientras las familias lloran a sus muertos, los grupos criminales celebran nuevas conquistas territoriales.

La tragedia es evidente: en la tierra del “abrazos, no balazos”, los que sí usan balas han ganado poder, dinero y control.

Porque la política de la permisividad disfrazada de humanismo resultó ser un fracaso monumental.

Abrazaron a los que dan balazos y los balazos se multiplicaron.

Los criminales encontraron en esa consigna un pacto tácito: puedes dominar, puedes extorsionar, puedes matar… que aquí nadie te molestará.

Hoy, el crimen organizado detenta el poder en vastas regiones del país.