Carlos Lucio Acosta

En resumen. El presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas del país, sufrió desmayo en la ciudad de Mérida, Yucatán. En ambulancia aérea transladan al Hospital Central Militar de la Ciudad de México y otras voces aseguran que al de la Marina Armada. El periodista y escritor Rafael Loret de Mola Vadillo, sostuvo en su espacio de YouTube que lo condujeron a la ciudad de Savannah, Georgia (EU), tomando en cuenta que de Mérida a la ciudad estadounidense se vuela en tres horas. ¿Por qué Georgia? Porque ahí existen tres centros médicos de alta especialidad, uno de los cuales, el St. Joseph’s Hospital, atiende casos cardiovasculares. López Obrador reconoce en cadena nacional padecimientos del corazón, gota, angina de pecho inestable de riesgo alto, hipertiroidismo y recibe atención cada tres meses en reumatología, ortopedia, radiología y laboratorio, de acuerdo a la tarjeta SII/4955, filtrada por el colectivo Guacamaya Leaks. También exceso de ácido úrico, hinchazón de articulaciones y atrofia tiroides, lo que le obliga a permanecer rodeado de cardiólogos, endocrinólogos y reumatólogos.

La cosa es mucho más sencilla que consultar la desaparecida sección amarilla del directorio telefónico. Leamos el índice al principio. El gobierno del cuestionado Javier Duarte de Ochoa, contrató el programa informático de espionaje telefónico Pegasus, con la Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale, S.A. de C.V., vinculada a la empresa NSO Group, con sede en Tel Aviv, Israel. El convenio se realizó por la suma de siete millones 626 mil 806 pesos con 92 centavos, con capacidad de intervenir más de 50 mil números telefónicos fijos y móviles, mensajes, correos electrónicos, contactos, registros de llamadas, agendas y activa micrófono y cámara. El virus se instala en teléfonos celulares y solo es vendido a solicitud de gobiernos, no a particulares. Cada infección cuesta 77 mil dólares, algo así como un millón 390 mil 259 pesos con 64 centavos. El tema es asunto de seguridad nacional, bajo reserva por cinco años, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La credencial para votar registrada por el Instituto Nacional Electoral (Ine) en el 2014, con vigencia al 2024, corre el riesgo de ser anulada. Y no obedece a la suspensión del secretario ejecutivo del Ine, Edmundo Jacobo Molina, sino a la posible falta de coordinación en el manejo de información facilitada a medios impresos y electrónicos. El texto es claro. “Un total de 369 mil 913 credenciales de elector con fotografía de igual número de ciudadanos veracruzanos, perderán su vigencia el primero de enero del 2024…al no contar con este documento no podrán votar en las elecciones de ese año”. En estos términos declaró el responsable de la Décima Junta Distrital Ejecutiva, dependiente de la Junta Local Ejecutiva del Ine Veracruz, Josué Cervantes Martínez, el pasado seis de Marzo.

El gobierno responde al llamado popular. La secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), instala en la planta baja de la dirección general de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, una Oficina de Hacienda del Estado-Xalapa Norte, para facilitar el pago de multas, permisos, infracciones y el cobro excesivo del servicio de grúas, a usuarios del sistema de transporte vehicular público y privado. La persona afectada recibe el documento que cubrirá el monto de la sanción económica correspondiente. Después, debe dirigirse a la caja receptora de la Oficina de Hacienda del Estado. Y aquí, brota la primera sorpresa. Eficientes servidores públicos de Tránsito y Transporte, “sugieren” formalizar el pago en la sucursal de la Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V., ubicada a un costado de la avenida General Ignacio de la Llave, casi frente al Teatro del Estado del mismo nombre. El asombro se impone si consideramos que el depósito debería ejecutarse en Hacienda del Estado, la cual depende de Sefiplan. Teniendo en cuenta recientes ajustes administrativos, la dirección general de Tránsito pasa a la secretaría de Seguridad Pública (Ssp).

El llamado Bono del Bienestar forma parte de larga lista de adeudos financieros acumulados por el gobierno del estado con la comunidad magisterial de Veracruz. La suma rebasa los mil 601 millones de pesos, sin incluir los obligados intereses aportados por la banca privada o de gobierno. Los recursos económicos pertenecen a un poco más de 69 mil docentes de 60 sindicatos acreditados ante la secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz. 1.- La Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del Issste de Veracruz (AJUPIV), reclama más de cuatro millones de pesos por concepto de seguros institucionales, los cuales datan del 2010. El gobierno local recibió durante los recientes once meses del 2022 la cantidad de 290 millones de pesos, pero la población trabajadora desconoce el monto colocado, la tasa de interés y el plazo fijado. El gobierno de Veracruz dejó de pagar más de mil 500 millones de pesos por concepto de pólizas de seguros institucionales, de vida y de minusválidos a profesores activos y jubilados, desde el 2016.

Cuenta la leyenda política que el señor Andrés López Ramón, compró rancho de 13 mil 341 metros cuadrados con valor comercial de 25 millones 347 mil 900 pesos, de acuerdo al mercado inmobiliario actual de Palenque, Chiapas. El terreno en cuestión se encuentra en el tramo de la carretera Pakal-No-Palenque, el pago se realizó con dinero en efectivo y en una sola exhibición. La operación quedó registrada en la escritura pública número 3945, del 18 de diciembre del 2007, firmada por el notario número uno, adscrito a la ciudad de Emiliano Zapata, Tabasco, Luis Mayo Castro, con domicilio en la calle Simón Sarlat número 43, colonia centro (www.gentetlx.com.mx). En 1991 la cuenta bancaria de don Andrés López Ramón, registra notable crecimiento debido a depósitos de los “ahorros de toda su vida…”, generados por la administración de la modesta tienda de abarrotes “Casa López”, así lo justificó en su momento el padre del hoy presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Enfrente de la propiedad conocida por el sugestivo nombre de “La Chingada”, se sitúan las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Catazajá, a tres kilómetros del aeropuerto de Palenque. Los ahorros con los cuales adquiere el rancho, coinciden con la fecha en que Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia del comité directivo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tabasco, e invade la plancha del zócalo de la Ciudad de México en protesta por presunto fraude electoral.

Los seis partidos políticos de oposición elaboran lista de prospectos a la gubernatura de Veracruz. Los seis partidos políticos de oposición elaboran lista de prospectos a la gubernatura de Veracruz. Aquí, no se puede invocar la improvisación ni la metida con calzador, sino por el contrario, el conocimiento, la experiencia y actualización, ocupan lugar privilegiado en base al perfil de cada uno de ellos. Leamos los contenidos de las tarjetas informativas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para el evento comprendido del 2024 al 2030.

Los aspirantes a la gubernatura de Veracruz se mueven en los 212 municipios de la geografía política del Estado. Los siete partidos políticos de cobertura nacional (Morena, Pvem, Pt, Pri, Pan, Prd y Pmc), trabajan en la elaboración de listas preliminares de prospectos. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), apunta a Norma Rocío Nahle García, secretaria de Energía (Sener), ingeniera química, originaria de Río Grande, municipio de Zacatecas. Senadora con licencia y exdiputada federal por el distrito once con sede en Coatzacoalcos, Veracruz. Ricardo Ahued Bardahuil, presidente municipal de Xalapa, empresario y político, originario de Pachuca de Soto, municipio de Hidalgo. Exdirector de la Administración General de Aduanas, dependiente de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (Shcp) y exsenador por Veracruz. Gloria Sánchez Hernández, senadora al Congreso de la Unión por el estado de Veracruz, originaria de Xalapa. Profesora y licenciada en lengua inglesa. Excoordinadora estatal del Partido Mexicano de los Trabajadores (Pmt), exconsejera estatal y nacional del Partido de la Revolución Democrática (Prd) y primera dirigente estatal del partido Morena.

Le comento. El gobierno de Veracruz pactó transferir 38 mil trabajadores del sector salud al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS Bienestar). De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 31 de agosto del 2022, “…se respetará la decisión de las entidades federativas a su adhesión y la participación voluntaria de los trabajadores de la salud”. La finalidad es “…brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados”. Se supone que a estas alturas el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, debería mantener pláticas negociadoras con los doce sindicatos que representan a los 38 mil empleados. Sin embargo, en la agenda del jefe del ejecutivo estatal no figura la desaparición de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), ni que la transferencia será forzada, no voluntaria, no contarán con los mismos salarios y prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque los sistemas legislativos son distintos.

La historia es sencilla. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo no nació en los Estados Unidos Mexicanos, sino en el extranjero. Fuentes anónimas familiarizadas con el tema, abren tres vías informativas: la primera, su padre Carlos Sheinbaum Yoselevitz, emigró de Lituania en 1920 y su madre Annie Pardov Cemo, de Bulgaria en 1940; la segunda, registraron a su hija en Bulgaria en 1957, cinco años después, en 1962, en México, Distrito Federal, y la tercera, su padre nació en Jalisco, sin especificar municipio y fecha (www.quien.com – 20.06.2022). Los datos se prestan a la duda, invitan a la sospecha, a la falta de transparencia. Tal vez a eso se debe que el presidente Obrador, dió instrucciones al general Audomaro Martínez Zapata, general de división del estado mayor retirado y actual director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sustituto del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de investigar el nivel de confianza y veracidad de datos sobre el origen de la aspirante a la presidencia de la república.