Carlos Lucio Acosta

No se puede concebir el crecimiento del narcotráfico en el país sin el manto protector de políticos, servidores públicos y empresarios.
Los pasos preliminares para contener, controlar o erradicar el avance de personas o grupos vinculados con la delincuencia organizada, saltan a la vista.
El dirigente del comité ejecutivo nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, entregó al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, 110 carpetas en las que menciona nombres y apellidos de senadores, diputados federales, gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, síndicos, regidores y agentes municipales, conectados con cárteles y bandas regionales asociadas.
La Fiscalía General de la República (FGR), sin cumplir procedimientos de extradición, entregó 29 narcotraficantes de alto perfil al vecino país del norte de la república, los cuales permanecían en diversos reclusorios del país.
En la lista figuran Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Guadalajara; los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, de Los Zetas; Antonio Oseguera Cervantes, del Jalisco Nueva Generación; Vicente Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez; José Rodolfo Villareal Hernández, del Cártel de los Beltrán Leyva; José Jesús Méndez Vargas, de la Familia Mexicana y José Alberto García Vilano, de Los Ciclones, entre otros.

Carlos Calvo puso el dedo índice sobre la llaga purulenta.
El exjefe de Escoltas del expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Fidel Alejandro Castro Ruz, emigra a la ciudad de México.
Años antes de partir a los Estados Unidos de Norteamérica, platica con algunos periodistas sobre la relación amistosa Castro Ruz-López Obrador.
Y al término del mandato presidencial, el nativo de Tepetitán, congregación del municipio de Macuspana, Tabasco, desaparece del escenario político.
La especulación periodística no se hace esperar. Unos, lo ubican en el interior del Palacio Nacional; otros, en la finca La Chingada, en Palenque, Chiapas y otros más lo sitúan en Cuba. Pero, ¿en qué parte de la isla del Caribe?
Axel Gilden, en su libro “La cara oculta de Fidel Castro”, aporta datos, “Yates lujosos, una veintena de residencias repartidas por toda la isla”.

El gobierno federal debe pagar durante los próximos meses 1.4 billones de pesos por concepto de intereses generados por préstamos con la banca extranjera.
La mala planeación de la obra pública inconclusa como el Tren Maya, refinería Olmeca, Tren Interoceánico, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, reapertura del tren de pasajeros y Universidades del Bienestar, dejan al país sin suficientes recursos financieros.
Para cubrir el pago le echaron ojo a más de 2.5 billones de pesos de la subcuenta de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit), fundado por el presidente Luis Echeverría Álvarez, en coordinación con el sector empresarial y la comunidad trabajadora del país y a los 853 millones 913 mil 710 pesos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
No es la primera vez que el grupo Morena intenta hincar colmillos en la yugular del dinero ajeno. Durante el primer semestre del 2021, presentó al Congreso de la Unión la Reforma de Activos Financieros del Issste y del Imss. No prosperó la iniciativa por la defensa parlamentaria de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano.

El proyecto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a la vista.
Más de 32 puntos forman el documento aprobado el 22 de febrero del 2024, en cierta oficina de Palacio Nacional.
Impuesto a las herencias; incremento al Impuesto sobre la Renta (ISR); impuesto de ganancias del capital; impuesto sobre la propiedad (diferente al predial); impuesto verde; impuesto para viviendas abandonadas; impuesto a tierras improductivas; suspender el pago a la deuda externa; el Banco del Bienestar funcionará como banco del primer piso y censura a redes sociales si atacan al gobierno.
Tendrá facultades la secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para intervenir celulares sin necesidad de autorización judicial, sujeto de prisión por criticar a los tres niveles de la administración pública, se conformará un Poder Popular compuesto por Comités Populares (CP), similares a los existentes en Cuba, Venezuela y Nicaragua y reforzar lazos con organizaciones sociales, campesinas y obreras.
Fomentar el Poder Popular en la toma de decisiones por medio de asambleas, el gobierno promoverá la concientización política abierta del pueblo, empoderamiento de bases trabajadoras en la toma de decisiones empresariales, elecciones populares de jueces constitucionales, supremos y de cortes de derechos humanos, crear el cuarto poder ciudadano, promover fideicomisos públicos en materia de educación, salud y seguridad social.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), obtuvo el mayor número de curules, según resultados del Conteo Rápido.
Pero, de acuerdo a la Constitución no se pueden asignar más de 300 diputaciones a una sola fuerza política.
El consejo general del Instituto Nacional Electoral (Ine), otorgará después del 23 de agosto las diputaciones por el principio de representación proporcional, luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), resuelva las impugnaciones presentadas por los partidos políticos.
El artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostiene que el partido que exceda las 300 diputaciones o el porcentaje de curules superior a los 8 puntos porcentuales, se le restarán diputaciones de representación proporcional, con lo cual se pretende asegurar y garantizar la representación de las minorías.
La Cámara de Diputados Federales del Congreso de la Unión, está integrada por 500 legisladores, 300 electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país, también llamados uninominales, y 200 por el sistema de representación proporcional o plurinominales.

El triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, se presta a muchas dudas y variadas sospechas. Los casos abundan. En Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, obtuvo 138 mil 888 votos, de una población de 46 mil 746 habitantes. ¿Fraude electoral orquestado por la presidencia del país en complicidad con el Instituto Nacional Electoral (INE)? Las evidencias consisten en inflar las cifras de votos para Sheinbaum Pardo, subiendo la cantidad de habitantes de localidades seleccionadas. Los sufragios fueron escondidos en distritos menos poblados, porque esos no participarían en el recuento de casillas, el cual se realizó en distritos y entidades en los que pensaron no serían decisivos. Inflaron la lista nominal, para ampliar el margen de triunfos en favor de la candidata de Morena, Pvem y Pt. Y en Veracruz, el equipo de trabajo de José Yunes Zorrilla, anunció la desaparición de más de 952 mil boletas. Ana Miriam Ferráez Centeno, del partido Verde Ecologista de México (Pvem), obtuvo 17 votos en la casilla 10, del distrito de Xalapa y en el cómputo le pusieron 117, cien votos más. La fórmula encabezada por Yunes Zorrilla, tuvo representantes en el recuento, pero no a la hora de subir la información a la red. La oposición duda del trabajo desarrollado por la vocalía ejecutiva del INE y del OPLE.

El tufo de irregularidades derivadas del proceso electoral celebrado el pasado dos de junio, aún permanece en la punta de la naríz. Los posibles delitos en lugar de reducir el número, multiplican como ratas en cañería. El Instituto Nacional Electoral (INE), dictó cincuenta medidas cautelares, 30 ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y acumuladas de violencia de género, sin consecuencias jurídicas hasta el momento. Las impugnaciones giran en torno a violaciones como la aplicación imparcial de recursos públicos, actos anticipados de precampaña, desvirtuar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Electoral, alentadas por la presidencia de la república y replicadas al pie de la letra por gobernadores y presidentes municipales. Entre la reciente ola de delitos electorales, destacan la falta de funcionarios de casilla, robo de urnas, compra de votos, incendio de paquetes electorales y datos de sábanas de casillas que no coinciden con cifras emitidas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

No hay causa sin efecto. Los apagones en la red distribuidora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se traduce en preocupación de lo que puede suceder durante las elecciones del dos de junio del 2024. La sospecha surge a raíz de que el Instituto Nacional Electoral, asigna obra por 4 mil millones de pesos para gestión y actualización del voto en el sistema de conteo a la empresa Cyber Robotics Solutions, S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Alvarez, hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. A la cantidad anterior sume 424 millones de pesos por contratos acumulados a lo largo de los cinco años de la saliente administración federal. En resumen, la citada empresa recibió 4 mil 424 millones de pesos. La sospecha sobre Cyber Robotics Solutions, se debe a que en su página de internet se presenta como “…una empresa mexicana enfocada a la distribución de equipo médico de alta tecnología”, y además, por los antecedentes que rodean al apellido Bartlett. Siendo secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz y presidente de la Comisión Federal Electoral (CFE), durante cinco horas fallan los teléfonos alimentadores del sistema nacional de información política-electoral.

Al grano. La deuda del país contratada con siete instituciones bancarias del extranjero es desgarrante. Leamos algunos de los casos más emblemáticos observados en los recientes siete sexenios de vida institucional. 1.- El gobierno de Carlos Salinas de Gortari, recibe una deuda de más de 100 mil millones de pesos y seis años después hereda un billón 39 mil millones de pesos, de acuerdo a datos estadísticos del Banco de México (Banxico). 2.- Ernesto Zedillo Ponce de León, la incrementa a dos billones 318 mil 200.1 millones de pesos; 3.- Vicente Fox Quesada, la aumenta a 3 billones 364 mil 650 millones de pesos; 4.- Felipe Calderón Hinojosa la sube a 4 billones 333 mil 123.5 millones de pesos. 5.- El régimen de Enrique Peña Nieto, la desciende a 2 billones 930 mil millones de pesos; 6.- Andrés Manuel López Obrador, voló la barda con un hitazo de ligas mayores estimado en 11 billones 629 mil millones de pesos. La deuda total del gobierno de México, asciende hasta el momento, a 23 millones 74 mil 773.6 millones de pesos. Datos de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (Shcp), indican que “…los créditos de organismos bancarios internacionales para México, aumentaron en un 9.1 por ciento”.

La escasez de agua potable la tenemos encima. El caso no se ha tratado con la seriedad y responsabilidad requeridas por autoridades municipales, estatal y federal. Hace muchos años la embotelladora del refresco Pepsi-Cola, ubicada en la calle Rafael Ramírez número cuatro, a espaldas del hoy restaurante y parrilla Asadero Cien, en la avenida general Manuel Ávila Camacho, solicitó mayor dotación de agua a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS), para sacar al mercado su nuevo refresco Titán. La respuesta de la institución dependiente del ayuntamiento de la ciudad capital, fue rechazada, porque reduciría el abastecimiento a colonias populares y unidades habitacionales. La empresa refresquera estadounidense encontró respuesta en el montañoso municipio de Perote. Hace años la embotelladora Coca-Cola, asentada en la avenida Américas esquina con la calle Justino Sarmiento, también solicitó aumento en la dotación de agua, para lanzar al mercado el agua embotellada Risco, que al paso del tiempo cambiaría el nombre por el de Ciel.