Aurelio Contreras Moreno

Es una arraigada costumbre de los políticos en cargos de gobierno en México calificar las críticas a su desempeño o a la situación imperante como “hablar mal” del país, el estado o el municipio, dependiendo a quien se dirija el señalamiento.
Eso tiene una lógica muy simple –o más bien, simplona, en realidad-: si se habla “mal” de un gobierno o se pone en evidencia una situación caótica en el territorio gobernado por tal o cual político, la “verdadera intención” es hacer “quedar mal” a la demarcación, lo que en automático convierte al crítico en un “mal ciudadano”, si no es que hasta en un “traidor” a la tierra donde nació o vive. Claro, desde la óptica del político evidenciado como incompetente o corrupto.
Siempre que algún gobernante alude a que “hay que hablar bien de”, en realidad se está intentando excusar de lo que está haciendo mal, de lo que ha dejado de hacer o de lo que es incapaz de solucionar, aun cuando sea ésa su responsabilidad y función.

Durante todo el infame sexenio de Cuitláhuac García, fue público, notorio, descarado y por demás cínico cómo se utilizó a la burocracia estatal para hacer proselitismo en favor de Morena y de sus candidatos a todos los cargos que se disputaron en ese tiempo.
A través de organismos políticos sostenidos con recursos públicos, como el multicitado “Unidos Todos” del primo incómodo y ex subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, o “Generando Bienestar” del ex secretario de Turismo y aspirante (dice él) a alcalde de Xalapa Iván Martínez Olvera, se desvió dinero del erario para financiar acarreos, para llenar plazas y zócalos, y hasta para votar en los procesos internos de Morena y hacer que “ganaran”, a la de a fuerza, los perfiles afines al grupo enquistado en el gobierno veracruzano los últimos seis años.
Otra de las “labores” que los burócratas –especialmente los de confianza- tenían que realizar “voluntariamente” –so pena de perder sus empleos-, era “brigadear” en las colonias populares de los municipios de todo el estado, repartir volantes y pasquines con propaganda de Morena y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y asistir a cuanta convocatoria se les llamara para hacer bulto y “celebrar” con sus jefes las “victorias” pírricas del régimen de la supuesta “transformación de la vida pública del país” y de la dizque “revolución de las consciencias”. A la de a huevo.

El sexenio de Rocío Nahle inició sin anuncios rimbombantes ni compromisos públicos más allá de la retórica facilona del “no les voy a fallar”, “es tiempo de mujeres” y otros lugares comunes.
Incluso, lo que la propaganda oficialista difundió como el “primer gran compromiso cumplido” de la nueva gobernadora, la cancelación de la caseta de peaje del puente Coatzacoalcos I, es una engañifa, pues lo que en realidad ocurrió es que la concesión de esta vía venció desde el pasado 26 de agosto. Simplemente, ya no se renovó, y eso ni siquiera le tocó hacerlo a Rocío Nahle. Pero para los titulares de los medios en busca de convenio con el gobierno, suena a todo dar.
Eso no quiere decir, empero, que no haya temas en el arranque sexenal que merezcan prestarles puntual atención. Uno de ellos sin duda es el que tiene que ver con el esquema anunciado por la gobernadora para la realización de la obra pública de su administración.
En su discurso en la plaza central de Xalapa, luego de rendir la protesta de ley en el Congreso del Estado el pasado domingo, Rocío Nahle anunció que enviará una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal para concentrar en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) todos los recursos y licitaciones de las obras de construcción que se lleven a cabo en las dependencias estatales.

En septiembre de 2019, Verónica Hernández Giadáns fue impuesta como fiscal general del estado de Veracruz a través de un verdadero asalto al organismo, violando la ley con su mismo nombramiento y prefigurando la andanada autoritaria del nefasto gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Verónica Hernández Giadáns era hasta ese entonces una empleada de segundo nivel de la Secretaría de Gobierno, su directora jurídica, sin perfil para un cargo de esa envergadura, pues ni siquiera se especializaba en derecho penal. Pero su cercanía con su entonces poderoso jefe, Eric Cisneros Burgos, fue suficiente para imponerla como una fiscal a modo, que desde ese momento se limitó a ejecutar las órdenes que le daban desde esa oficina, en especial las de perseguir a los adversarios del régimen y meterlos a la cárcel.
La última “misión” que le encomendaron fue desempolvar una vieja denuncia contra el que hasta ese momento era uno de los peores enemigos del morenato en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien imputó por presentar documentos falsos y mentir a la autoridad cuando intentó ser candidato a la alcaldía del puerto jarocho en 2021. Aunque la verdadera motivación era impedirle que rindiera protesta como senador del PAN.

Dentro de menos de una semana concluirá el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez y con éste, una pesadilla de incompetencia, corrupción, violencia y autoritarismo.
Lo que comenzó con al menos tenues señales de darle una dirección distinta al gobierno de Veracruz, luego de varias administraciones impresentables y corruptas, terminó como una más de las que quedarán para la ignominia histórica, aunque no necesariamente para el olvido.
No hay un solo indicador que salve al gobierno de García Jiménez. Veracruz es hoy un estado con altos índices de violencia, destacando sin duda la feminicida, que ubica a la entidad entre las punteras del país en agresiones contra las mujeres.
En materia de obra pública, la poquísima que se realizó no es eficiente ni atendió los problemas de las regiones. Apenas si hicieron caminos semirrurales, mientras que el resto de la red carretera estatal es un verdadero desastre. Y las obras viales que levantaron en zonas urbanas están mal hechas, mal planeadas pero eso sí, bien “fileteadas” con su respectivo “moche”.

En el cierre del desastroso sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, una de las cloacas de corrupción más pestilentes de la administración estatal se encuentra en los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).
Prácticamente desde el inicio del gobierno de García Jiménez, se registraron irregularidades y diversos actos que sin mucho apuro califican como corrupción pura y dura, como las consabidas compras sin licitación, el pago a sobreprecio de equipo y medicamentos y la entrega de contratos a empresas de los mismos funcionarios de la dependencia, vía prestanombres.
Todos los titulares que ha tenido Sesver en este sexenio han estado al tanto de todas estas trapacerías y por lo menos las consintieron, cuando no se vieron muy seguramente beneficiados por las mismas.
Cabe pensar lo anterior cuando los responsables de todas las operaciones fraudulentas que fueron denunciadas durante los últimos seis años, como el director administrativo Eduardo Sisniega, siguieron tan campantes en sus cargos. Incluso luego de situaciones de verdadero escándalo, como el hallazgo de los lotes de vacunas para covid-19 que se dejaron caducar, o el hackeo de todos los sistemas cibernéticos de la Secretaría, en donde se perdió absolutamente toda la información ahí contenida. Lo cual no fue necesariamente algo que vino del exterior.

A menos de dos semanas de que se acabe el infame sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, resuenan cada vez con mayor volumen los señalamientos sobre actos de corrupción cometidos por los que, a estas alturas, todavía se atreven a decir que “no somos iguales” que quienes les antecedieron.
Pero esos señalamientos no provienen necesaria ni solamente desde la oposición. Desde el mismo seno del régimen hay cuestionamientos sobre el despilfarro, el mal uso y el abierto robo de los recursos públicos en varias de las dependencias del gobierno que está por llegar a su fin.
Uno de los críticos más severos del gobierno morenista de Veracruz es el senador de ese mismo partido Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien este lunes le atizó al “fuego amigo” contra el gobierno de Veracruz, donde dijo “presupuesto hay, lo que sobran son rateros”.
Huerta mencionó particularmente el deplorable estado de las carreteras estatales, las obras que nunca se acaban, o bien que ya se han ido inaugurando y que a los pocos días se vienen abajo.

Junto con el enorme cúmulo de irregularidades, la descarada elección de Estado, la compra y coacción del voto y la intromisión del crimen organizado, el resultado de las pasadas elecciones se explica en muy buena medida por la miseria de partidos de oposición que hay en México.
La descomposición del PRI es como la de un cuerpo leproso al que la carne, o en este caso los militantes, se le caen a pedazos, mientras ha quedado reducido a ser el coto personal de poder de Alejandro Moreno Cárdenas y su camarilla. Claro, mientras le sea de utilidad al régimen, que lo tiene agarrado del cuello con las investigaciones sobre su escandaloso enriquecimiento y sendos procesos de desafuero guardados en el cajón.
Pero en Acción Nacional no están mejor. Prácticamente igual que hizo el PRI, en el PAN se volvió a imponer el mismo grupo que ha controlado a ese partido en la última década y que lo tiene al borde de la total irrelevancia y, si se descuidan, del mismo destino del PRD.
Este domingo, el panismo –o mejor dicho, un ínfimo porcentaje de su militancia- se decantó por completo por la continuidad en la persona de Jorge Romero, un integrante de la misma nomenclatura panista de Santiago Creel, Ricardo Anaya, Marko Cortés y, adivine… Sí. Miguel Ángel Yunes.

Aunque estaba cantada la caída del Poder Judicial, la manera en la que se da habla mucho de los tiempos canallas que se viven en México.
Este martes, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un ministro, Alberto Pérez Dayán, aplicó un “Yunes” –que por lo visto se va a convertir en un nuevo clásico para referirse al acto de doblegarse cobardemente ante una amenaza por lo largo del tamaño de la cola- y rompió el bloque que había mantenido una mayoría para contener los afanes más autoritarios del régimen.
Pérez Dayán “chaqueteó” y se pasó al lado morenista de la Corte –seguro ahora se siente orgulloso de compartir bando con “eminencias” de la talla de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz- para impedir que se discutiera el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que anulaba una parte de la reforma judicial, la más grave: la que echa a jueces y magistrados por tómbola para que los siguientes sean votados en elecciones que estarán controladas por el gobierno.
Por seis votos contra cinco, los ministros determinaron que se requerían ocho votos para entrar al estudio del fondo, por lo que desestimaron el proyecto y no se pudo determinar si es o no constitucional la reforma judicial por la vía de la acción de inconstitucionalidad.

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española de Lengua, el terrorismo puede entenderse como una “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, así como la “actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.
Las últimas dos décadas, las bandas del crimen organizado en México se han dedicado precisamente a eso, a generar altísimos niveles de violencia con el propósito de infundir terror entre la población. Lo han hecho con métodos que pudiéramos considerar como “tradicionales”, como las explosiones de bombas, aunque en una escala realmente baja. Pero su fuerte ha estado más bien en la exposición cruda, salvajísima, de cuerpos torturados, cercenados y abandonados en la vía pública, o bien expuestos en internet.
Esas escenas se han convertido en el día a día en la mayoría de las regiones del país. Ciertamente, esto sucede desde hace varios años, bajo la responsabilidad –e incluso complicidad- de otros gobiernos. Pero es una realidad que en la administración que terminó hace un mes y en la que cumple ya sus primeros 30 días, la violencia más descarnada no disminuyó ni un ápice, aunque desde Presidencia, antes y ahora, pretendan marear a la opinión pública difundiendo porcentajes engañosos o francamente falaces.