Aurelio Contreras Moreno

Mientras crece la inconformidad social hacia su pésima administración –aunque se manden hacer encuestas a modo para aparentar lo contrario-, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez intenta hipotecar el futuro de los veracruzanos. Exactamente lo que dijeron que no iban a hacer. Este martes, el titular del Ejecutivo envió una iniciativa de decreto al Congreso del Estado para contratar un nuevo empréstito con instituciones integrantes del sistema de financiero mexicano cuyo fin, señalan, será la “inversión pública productiva”.

A pesar de las cuentas alegres y las encuestas “cuchareadas” con las que pretenden engañar a la ciudadanía, la realidad es que Morena no las trae todas consigo en el estado de Veracruz de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. Entre sus conflictos internos, una pésima administración y la certeza de que incurren en los mismos –si no es que en peores- actos de corrupción de quienes les antecedieron, el partido en el gobierno estatal y varios municipales se enfrenta a la posibilidad real de una debacle electoral que le arrebate el control de los principales entes de poder en Veracruz.

Es verdaderamente pavoroso lo que está sucediendo en México en relación con la gestión de la pandemia de la covid-19 por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por la tarde de este domingo, el presidente anunció desde el estado de Guerrero que su gobierno había “aceptado” una “recomendación” de la Organización de las Naciones Unidas para reducir la dotación de vacunas para el coronavirus SARS-Cov2 contratadas por México con la farmacéutica Pfizer y, en su lugar, enviarlas a los “países más pobres” y evitar el “acaparamiento”.

El término propaganda proviene del latín propagandus, que significa “propagar”, aunque también se deriva de la palabra propagare, que hace referencia a “sembrar” o “difundir”. De tal forma que cuando hablamos de propaganda nos referimos a la acción de difundir o hacer extensivo que se sepa de algo. Otras definiciones de propaganda la explican como “un conjunto de métodos basados principalmente en las materias de la comunicación, la psicología, la sociología y otras, que tiene como propósito “influir en un grupo humano para que adopte la opinión política de una clase social, la cual se vea reflejada en una determinada conducta”.

La improvisación, desconocimiento y desprecio por la legalidad que han marcado al régimen encabezado en Veracruz por Cuitláhuac García Jiménez han provocado un severo daño institucional del que nadie asume responsabilidad alguna. Son ya numerosas las resoluciones de parte de autoridades judiciales que han echado por tierra los entuertos legales y las reacciones autoritarias de un gobierno que actúa casi por mera inercia, a expensas de lo que se le indique desde el Altiplano, mientras en lo local varios de sus integrantes se despachan “con la cuchara grande” el presupuesto, los contratos de obra pública y las posiciones de poder, como si se les hubiesen escriturado, mientras “presumen” inversiones de poca monta en caminos de un kilómetro.

Más cerca del fanatismo religioso que del liberalismo laico que dice enarbolar, el régimen de la autoproclamada y mal llamada “cuarta transformación” ha basado su discurso, desde que estaba en la oposición, en llamados y sentencias morales para acusar a sus adversarios políticos y para hostigar a sus críticos. Pero a pesar de su proclividad al maniqueísmo para dividir la política y a la sociedad en bandos de “buenos y malos” (en los que, por supuesto, los primeros siempre son los que lo apoyan y justifican acríticamente), el lopezobradorismo ha dado muchísimas muestras de que su “moralidad” es similar a la de los ministros religiosos violadores de menores, a quienes manipulan para hacerles creer que el ser abusados sexualmente es un designio “divino”.

A medio año de que se celebren las elecciones intermedias del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya no quedan dudas de la regresión y la restauración de lo más antiguo y nocivo del régimen priista que implica el gobierno de la mal llamada “cuarta transformación”. En poco más de dos años de gestión en el gobierno federal y varios más estatales y municipales, el lopezobradorismo en el poder ha mostrado una gigantesca incapacidad para enfrentar los problemas del México actual, aplicando recetas del pasado que, incluso en su momento, fracasaron y provocaron en buena medida el retraso del que nuestro país había buscado salir adelante más allá -y a veces a pesar de éstos- de los partidos, cuyo único interés ha sido el propio, el de sus líderes y camarillas.

Nueve meses y más de 115 mil muertos –oficiales- después del inicio de la pandemia en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende asumir las responsabilidades que criminalmente evadió primero. En una actitud que más que infundir confianza provoca terror por lo que en realidad significa, el presidente ahora sí llama a la población a no salir, a quedarse en su casa durante las siguientes semanas. Algo que debió haber hecho desde el mes de marzo, cuando pedía a los mexicanos no dejar de acudir a restaurantes. ¿Por qué ahora sí?

En su sesión de este lunes 14 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminó de cavar la tumba de su credibilidad como órgano garante de legalidad. De manera abyecta, con argumentos absurdos y en una clara violación a los principios de equidad y neutralidad, por mayoría de votos de los magistrados de la Sala Superior de este organismo jurisdiccional fue revocado el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que establecía medidas cautelares por las que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de “emitir expresiones y/o declaraciones de índole electoral, así como utilizar los espacios de comunicación oficial y/o aprovechar las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos”.

Ernestina Ascencio Rosario era una mujer indígena de 73 años de edad, habitante del municipio de Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz, que murió asesinada luego de ser agredida sexualmente por soldados en febrero de 2007, de acuerdo con las denuncias de sus familiares. En aquel entonces era presidente de México el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien dos meses antes y tras una cuestionada elección, declaró la “guerra contra el narcotráfico” y sacó a las calles a las fuerzas armadas para cumplir labores de seguridad pública, lo que provocó un mar de sangre de más de cien mil muertos durante su sexenio.