Aurelio Contreras Moreno

A estas alturas está hasta de más insistir en la vocación autoritaria y centralizadora del poder del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, que se ha despojado de cualquier velo que intentase alguna vez disimular su verdadera naturaleza. En ese terreno se inscribe, por ejemplo, el deseo presidencial de desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), cuya existencia y labor han permitido revelar, entre otros asuntos recientes, los contratos irregulares otorgados a una prima del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y a un hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, el nefando Manuel Bartlett Díaz.

En medio de la controversia causada por la decisión de los partidos de postular como candidatos a cargos de elección popular a personajes salidos de la farándula o que son simplemente populares, pero carentes del conocimiento mínimo acerca de la función pública, surge también el cuestionamiento sobre el rol de los propios ciudadanos en el empoderamiento de esta pobrísima forma de hacer política. Tras conocerse a varios de quienes aspiran a ocupar una curul, una alcaldía, un cargo edilicio y hasta una gubernatura a partir de su popularidad en las elecciones venideras en México, hay que examinar también la razón por la que los partidos toman estas alternativas y que no es otra que el hecho de que los ciudadanos sí votarían en favor de las mismas.

Desde hace por los menos tres lustros se habla de una crisis de los partidos políticos que los ha llevado a convertirse, junto con sus integrantes, en la institución más vilipendiada y menos respetada y confiable en nuestro país. Esa pésima imagen se la han ganado a pulso: han tolerado las más deleznables y corruptas prácticas, han defendido a los personajes más impresentables y han olvidado que legalmente son entidades de interés público y no franquicias rentadas para promover los intereses particulares de grupos o personas. La descomposición de la vida pública en México se debe en buena medida a eso que desde los partidos políticos se ha tolerado y hasta promovido en aras de mantener cotos –grandes y pequeños- de poder, reduciéndolos al nivel de cofradías –cuando no de grupos abiertamente delincuenciales- que no representan a la ciudadanía prácticamente en ningún sentido.

Este lunes 25 de enero, en medio de la histeria mediática y en redes sociales por el contagio por covid-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador, México superó oficialmente los 150 mil muertos a causa de la pandemia. El escenario se torna dantesco si tomamos en consideración que el número real de fallecimientos superaría los 450 mil. Pero tan solo las cifras oficiales revelan la magnitud de una tragedia que tiene responsables muy claros. De minimizar la peligrosidad de la enfermedad a privilegiar la política por encima de la salud y la vida de los ciudadanos, el gobierno federal, incluidos López Obrador mismo y el subsecretario que se creyó “rockstar” y hasta “presidenciable”, Hugo López Gatell, cargan sobre sus hombros –y sus conciencias- con el peso principal de una gestión desastrosa, sin rumbo, sin una estrategia consistente y, lo más ruin y miserable, dominada por los intereses y cálculos electorales.

Mientras crece la inconformidad social hacia su pésima administración –aunque se manden hacer encuestas a modo para aparentar lo contrario-, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez intenta hipotecar el futuro de los veracruzanos. Exactamente lo que dijeron que no iban a hacer. Este martes, el titular del Ejecutivo envió una iniciativa de decreto al Congreso del Estado para contratar un nuevo empréstito con instituciones integrantes del sistema de financiero mexicano cuyo fin, señalan, será la “inversión pública productiva”.

A pesar de las cuentas alegres y las encuestas “cuchareadas” con las que pretenden engañar a la ciudadanía, la realidad es que Morena no las trae todas consigo en el estado de Veracruz de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. Entre sus conflictos internos, una pésima administración y la certeza de que incurren en los mismos –si no es que en peores- actos de corrupción de quienes les antecedieron, el partido en el gobierno estatal y varios municipales se enfrenta a la posibilidad real de una debacle electoral que le arrebate el control de los principales entes de poder en Veracruz.

Es verdaderamente pavoroso lo que está sucediendo en México en relación con la gestión de la pandemia de la covid-19 por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por la tarde de este domingo, el presidente anunció desde el estado de Guerrero que su gobierno había “aceptado” una “recomendación” de la Organización de las Naciones Unidas para reducir la dotación de vacunas para el coronavirus SARS-Cov2 contratadas por México con la farmacéutica Pfizer y, en su lugar, enviarlas a los “países más pobres” y evitar el “acaparamiento”.

El término propaganda proviene del latín propagandus, que significa “propagar”, aunque también se deriva de la palabra propagare, que hace referencia a “sembrar” o “difundir”. De tal forma que cuando hablamos de propaganda nos referimos a la acción de difundir o hacer extensivo que se sepa de algo. Otras definiciones de propaganda la explican como “un conjunto de métodos basados principalmente en las materias de la comunicación, la psicología, la sociología y otras, que tiene como propósito “influir en un grupo humano para que adopte la opinión política de una clase social, la cual se vea reflejada en una determinada conducta”.

La improvisación, desconocimiento y desprecio por la legalidad que han marcado al régimen encabezado en Veracruz por Cuitláhuac García Jiménez han provocado un severo daño institucional del que nadie asume responsabilidad alguna. Son ya numerosas las resoluciones de parte de autoridades judiciales que han echado por tierra los entuertos legales y las reacciones autoritarias de un gobierno que actúa casi por mera inercia, a expensas de lo que se le indique desde el Altiplano, mientras en lo local varios de sus integrantes se despachan “con la cuchara grande” el presupuesto, los contratos de obra pública y las posiciones de poder, como si se les hubiesen escriturado, mientras “presumen” inversiones de poca monta en caminos de un kilómetro.

Más cerca del fanatismo religioso que del liberalismo laico que dice enarbolar, el régimen de la autoproclamada y mal llamada “cuarta transformación” ha basado su discurso, desde que estaba en la oposición, en llamados y sentencias morales para acusar a sus adversarios políticos y para hostigar a sus críticos. Pero a pesar de su proclividad al maniqueísmo para dividir la política y a la sociedad en bandos de “buenos y malos” (en los que, por supuesto, los primeros siempre son los que lo apoyan y justifican acríticamente), el lopezobradorismo ha dado muchísimas muestras de que su “moralidad” es similar a la de los ministros religiosos violadores de menores, a quienes manipulan para hacerles creer que el ser abusados sexualmente es un designio “divino”.