Aurelio Contreras Moreno

Atrapado en su propio laberinto de contradicciones, sin ejercer el poder realmente y copado por los grupos dentro del lopezobradorismo que en realidad toman las decisiones, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el estado se le va de las manos en medio de la violencia. En menos de una semana, ocurrieron tres asesinatos de índole política que han puesto contra la pared y en entredicho al gobierno veracruzano: el 11 de febrero, fue asesinado a balazos Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, luego de ser interceptado por un grupo armado de camino a una reunión con simpatizantes.Al amanecer de este lunes 15 de febrero, corrió la noticia de la salvaje ejecución de la ex alcaldesa y ex diputada local priista por Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y de su hija Carla Enríquez Merlín, quien era precandidata de Morena a la misma alcaldía que su madre encabezó hace poco más de una década.

Insistir sobre las causas y motivos que llevaron a Morena a ganar la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión y en varios estados del país pareciera estar de más. Sin embargo, vale la pena recordarlo. La brutal corrupción del anterior gobierno –que no está siendo perseguida y mucho menos castigada-, la enorme desigualdad, la sistemática violación de derechos humanos y la pobreza lacerante de millones de mexicanos llevaron a una votación que representó una ruptura de fondo entre los ciudadanos y ese sistema político que, sin embargo, no hizo más que regurgitar sus más viejos esquemas y fórmulas en un régimen que navega con bandera de “transformador”.

Uno de los fenómenos más folklóricos y a la vez perniciosos de la partidocracia mexicana es el de la creación de los llamados “partidos satélite” del poder. Fue en la época de la aplanadora priista que surgieron los primeros “partiditos paleros” de la época moderna de México, como el PARM y más tarde el PPS –que en sus orígenes sí tenía visos de oposición al régimen-, cuya función era la de legitimar el sistema político mexicano aparentando que existía una competencia partidista y electoral real, y no un único partido con posibilidades de acceso al poder, como en los hechos sucedía.

La asonada del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” contra la libertad de expresión en los entornos digitales va más allá de la regulación que pretenden de las redes sociales. Junto con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada en el Senado por el coordinador de la bancada de Morena Ricardo Monreal Ávila, en la Cámara de Diputados avanza otro proyecto de enmienda cuyos alcances son todavía mayores. Este jueves se discutirá y seguramente aprobará en comisiones de la Cámara baja una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional en materia de ciberseguridad, presentada por un diputado de Morena, que plantea además realizar modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

El uso discrecional y con fines electoreros de los recursos de los programas sociales gubernamentales fue uno de los pilares que sostuvieron al régimen político priista en sus años de mayor poderío. Algo que no cambió mientras el PAN gobernó el país ni cuando el PRI retomó el poder en 2012. El asistencialismo ha sido el arma con la cual gobierno tras gobierno aprovecharon la altísima desigualdad y marginación en la que viven millones de mexicanos, a quienes se les ofrecen esos “apoyos” no para sacarlos de su situación de postración, sino para ganarse su favor electoral. E incluso, para coaccionar su preferencia.

A estas alturas está hasta de más insistir en la vocación autoritaria y centralizadora del poder del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, que se ha despojado de cualquier velo que intentase alguna vez disimular su verdadera naturaleza. En ese terreno se inscribe, por ejemplo, el deseo presidencial de desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), cuya existencia y labor han permitido revelar, entre otros asuntos recientes, los contratos irregulares otorgados a una prima del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y a un hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, el nefando Manuel Bartlett Díaz.

A estas alturas está hasta de más insistir en la vocación autoritaria y centralizadora del poder del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, que se ha despojado de cualquier velo que intentase alguna vez disimular su verdadera naturaleza. En ese terreno se inscribe, por ejemplo, el deseo presidencial de desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), cuya existencia y labor han permitido revelar, entre otros asuntos recientes, los contratos irregulares otorgados a una prima del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y a un hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, el nefando Manuel Bartlett Díaz.

En medio de la controversia causada por la decisión de los partidos de postular como candidatos a cargos de elección popular a personajes salidos de la farándula o que son simplemente populares, pero carentes del conocimiento mínimo acerca de la función pública, surge también el cuestionamiento sobre el rol de los propios ciudadanos en el empoderamiento de esta pobrísima forma de hacer política. Tras conocerse a varios de quienes aspiran a ocupar una curul, una alcaldía, un cargo edilicio y hasta una gubernatura a partir de su popularidad en las elecciones venideras en México, hay que examinar también la razón por la que los partidos toman estas alternativas y que no es otra que el hecho de que los ciudadanos sí votarían en favor de las mismas.

Desde hace por los menos tres lustros se habla de una crisis de los partidos políticos que los ha llevado a convertirse, junto con sus integrantes, en la institución más vilipendiada y menos respetada y confiable en nuestro país. Esa pésima imagen se la han ganado a pulso: han tolerado las más deleznables y corruptas prácticas, han defendido a los personajes más impresentables y han olvidado que legalmente son entidades de interés público y no franquicias rentadas para promover los intereses particulares de grupos o personas. La descomposición de la vida pública en México se debe en buena medida a eso que desde los partidos políticos se ha tolerado y hasta promovido en aras de mantener cotos –grandes y pequeños- de poder, reduciéndolos al nivel de cofradías –cuando no de grupos abiertamente delincuenciales- que no representan a la ciudadanía prácticamente en ningún sentido.

Este lunes 25 de enero, en medio de la histeria mediática y en redes sociales por el contagio por covid-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador, México superó oficialmente los 150 mil muertos a causa de la pandemia. El escenario se torna dantesco si tomamos en consideración que el número real de fallecimientos superaría los 450 mil. Pero tan solo las cifras oficiales revelan la magnitud de una tragedia que tiene responsables muy claros. De minimizar la peligrosidad de la enfermedad a privilegiar la política por encima de la salud y la vida de los ciudadanos, el gobierno federal, incluidos López Obrador mismo y el subsecretario que se creyó “rockstar” y hasta “presidenciable”, Hugo López Gatell, cargan sobre sus hombros –y sus conciencias- con el peso principal de una gestión desastrosa, sin rumbo, sin una estrategia consistente y, lo más ruin y miserable, dominada por los intereses y cálculos electorales.