Aurelio Contreras Moreno

En medio de un clima de persecución contra opositores, críticos y ciudadanos, el gobierno de Veracruz convocó a la firma de un acuerdo político que, como era de una obviedad monumental, fue desairado por las fuerzas políticas no alineadas con el actual régimen. El “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021” no es más que un compendio de lugares comunes y de disposiciones legales para las que no hace falta signar convenio alguno, sino únicamente apegarse a la mínima normalidad democrática y legal, algo que no está sucediendo en el estado en la actualidad.

La inmundicia legal aprobada por el Congreso del Estado de Veracruz materializada en la reforma al Código Penal estatal y la tipificación del delito de “ultrajes a la autoridad” –que en menos de una semana ya tiene en la cárcel a un político opositor y a un ciudadano que ejercía su derecho constitucional a la manifestación-, ha prendido las alarmas de los juristas y defensores de derechos humanos –los que no están “enchufados” a la nómina gubernamental, por supuesto- por las abiertas violaciones a las garantías fundamentales que entraña.

La detención del ex secretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRD Rogelio Franco Castán a manos de la policía del gobierno de Veracruz reveló, entre otras cosas, la manera como el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” piensa tratar no solo a sus rivales políticos, sino a cualquiera que se le oponga o critique. Desde el mismo día de la detención, el pasado sábado 13 de marzo, trascendió la versión de que Franco Castán se habría resistido al arresto y agredido al policía ministerial encargado de esa tarea, por lo que se le imputó el delito de “ultrajes a la autoridad”.

Las “garras” y “colmillos” del autocrático lopezobradorismo gobernante han quedado totalmente expuestos a través del nuevo tribunal inquisidor en el que ha convertido sus conferencias matutinas, cuyo objetivo en modo alguno es informar o rendir cuentas de nada, y sí en cambio promover linchamientos públicos de todos aquellos que osen contradecirle, oponérsele o simplemente ejercer su derecho a pesar diferente y conforme a su propio criterio. Con libertad, pues. Al cadalso del escarnio público –que al paso que vamos nadie puede asegurar que no se convertirá en algún momento en un patíbulo en términos literales- lo mismo son llevados periodistas que ejercen el derecho constitucional a la libertad de expresión que activistas sociales, empresarios, líderes políticos, comediantes, jurisconsultos, autoridades en funciones, mujeres que alzan la voz y cualquiera que se atreva a salirse del guion de la versión única,

Durante las manifestaciones por el Día Internacional de las Mujeres de este lunes, el gobierno de Veracruz colocó unos pendones en la fachada del inmueble sede del Poder Ejecutivo en los que aparecían las imágenes de las mujeres que ocupan cargos de autoridad en el actual sexenio. Pretendió ser ésta una suerte de “prueba” –si se le puede calificar de este modo- de que un gobierno de la “4t” como el que encabeza Cuitláhuac García Jiménez promueve el “empoderamiento” femenino y la igualdad en el acceso a cargos de responsabilidad política. Aunque pasando por alto el hecho de que las mujeres cuya imagen utilizó son titulares de organismos autónomos del Poder Ejecutivo estatal, por lo que al menos desde el aspecto legal formal, no le correspondería mérito alguno por esos nombramientos.

Mientras la atención mediática, social y política se centraba en las marchas y protestas de mujeres en el marco de la conmemoración del #8M, en el Senado de la República dieron el primer paso para asestar un nuevo golpe a las víctimas y en especial, a las mujeres de este país. Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron el dictamen para emitir una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que incluye también reformas a otras 66 leyes federales que mandatan la participación del organismo encargado de la procuración de justicia en diferentes Sistemas Nacionales.

Nuevamente el movimiento de las mujeres ha puesto contra las cuerdas al gobierno de la pretendida “cuarta transformación”. No solo por evidenciar lo vacuo de su discurso pseudosocial y dizque progresista, sino porque al arrinconarlo lo hizo mostrar que no tiene más respuesta a la violencia ejercida en contra de ellas –como a los demás problemas del país- que esconderse. Y de qué manera lo hizo. El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador decidió agazaparse de las marchas que se celebrarán este lunes con motivo del Día Internacional de las Mujeres ¡levantando un muro alrededor de palacio nacional! Con toda la carga histórica y política que las murallas de todo tipo simbolizan.No es gratuita esta muestra de cobardía. Si a un movimiento teme el régimen de la “4t” es al de las mujeres, el único que le ha puesto cara y representa una oposición real y consistente en México.

No son dichos de los partidos de oposición. Tampoco de los medios de comunicación. Ni siquiera de los empresarios a los que tanto resentimiento les tienen –hasta que financian sus campañas-. Son los datos del gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”. Durante la conferencia matutina de este jueves en palacio nacional para presentar la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que el estado de Veracruz se encuentra entre las siete entidades que concentran la mayor tasa de violencia política de todo el país.

Entre la comunidad científica mexicana –la que sí investiga en lugar de hacer “grilla” política- existe una gran preocupación por el golpe que el gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación” pretende darle a la investigación y desarrollo de la ciencia en el país. Desde diciembre pasado circula el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que, en términos generales, sometería a los intereses del gobierno el rumbo de la investigación científica y tecnológica.

Un terreno en el que puede medirse con total certeza la verdadera importancia que le da un régimen a un tema como el de la violencia contra las mujeres es el de la procuración e impartición de justicia. En ese sentido, absolutamente de nada tienen que enorgullecerse los actuales gobiernos federal y del estado de Veracruz. Los asesinatos de mujeres, las agresiones sexuales, el acoso laboral y la violencia política han aumentado a niveles superiores incluso a los del pasado reciente –parámetro favorito de la mal llamada “cuarta transformación” para intentar justificar todas sus falencias- en medio de, por lo menos, las abiertas omisiones de las autoridades.