Aurelio Contreras Moreno

Sin que medie en ello signo de admiración alguna, hay que reconocer la enorme capacidad que tiene el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” para envolver y manipular la narrativa de la opinión pública a través de su intensivo bombardeo de propaganda, dirigida a crear distractores que alejen la mirada de sus peores falencias. Mientras los medios, los analistas y los académicos son desbordados por el alud de propaganda y desinformación con que diariamente se inunda la agenda pública desde palacio nacional, se pierden de vista asuntos de tanta o mayor importancia que, a fuerza de naturalizarse y normalizarse por su constante repetición, han dejado de causar el impacto que en realidad merecen.

No hay mucho que interpretar sobre los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este lunes: su desprecio por la legalidad y la Constitución son gigantescos. Cuestionado acerca del bodrio legislativo aprobado por el Senado para extender dos años el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que solo durará cuatro años en su cargo sin posibilidad de relección-, López Obrador manifestó que a su “entender”, esta chicanada “es constitucional”.

Entre todas las aberraciones jurídicas aprobadas últimamente por el Congreso de la Unión –convertido en los hechos en una vergonzante “oficialía de partes” de los delirios del Ejecutivo- la que pasó este jueves en el Senado es de las más peligrosas y agresivas. Durante la discusión de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial –que de por sí ya incluía varias disposiciones para amedrentar a jueces, magistrados y particulares y para concentrar el poder en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- fue introducido por un oscuro senador del mercenario Partido Verde –aliado consentido de Morena- un artículo transitorio no contemplado en la iniciativa original para extender el periodo del actual titular, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, prácticamente por dos años más.

La principal característica de todos los regímenes autoritarios es la obsesión por mantener un control total sobre todos los asuntos del país que gobiernan. Incluidos los de índole privada de sus ciudadanos. De esa forma, esos regímenes -que por definición son antidemocráticos y por ende represivos- están en capacidad de identificar cualquier asomo de disenso para neutralizarlo, cuando no para aplastarlo en el más literal y violento de los sentidos. La información privada y los datos personales de los ciudadanos son sin duda uno de los bienes más preciados del mundo en la actualidad. Pueden revelar aspectos tan detallados y sensibles como la intimidad de sus propietarios y la de sus familiares y amigos, sus afecciones, sus preferencias, sus costumbres, sus debilidades. Prácticamente, la vida misma.

Las amenazas contra las instituciones por parte del ya abiertamente mafioso régimen de la autodenominada “cuarta transformación” han llegado a un punto de quiebre insostenible. Las señales son terribles pero diáfanas: un partido oficial (Morena) que postula como candidato a gobernador a un sujeto como Félix Salgado Macedonio que, de por sí, encarna lo peor de la clase política, que desde el Senado ya había amenazado con “desaparecer” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no aplicar la ley a “contentillo” y que encima enfrenta por lo menos cinco denuncias por abuso sexual, y que a pesar de lo cual es defendido a capa y espada hasta por el propio Presidente de la República.

A estas alturas resulta absurdo tener que explicar el papel fundamental que ha jugado el personal de todo el sector salud para la atención y contención de la pandemia por la covid-19, tanto en México como en el resto del mundo. Y cuando hablamos del sector salud hay que considerar a todos quienes trabajan en la primera línea de atención en hospitales, clínicas, consultorios, tanto públicos como privados, y que van desde los médicos de cualquier especialidad hasta enfermeras, el personal de mantenimiento, intendencia y limpieza e incluso a quienes reciben en mostrador a los pacientes.

Digan lo que digan los defensores de lo indefendible, no se recuerda en el pasado cercano un ambiente de crispación social generalizada como el que se experimenta en la actualidad en México, cuando se avanza hacia la mitad del sexenio de la supuesta “cuarta transformación”. Si bien las enormes brechas de desigualdad que se ampliaron en los últimos 50 años, junto con la elevación sostenida e imparable de los niveles de violencia no permitirían hablar ni de paz social ni de bienestar, el encono nunca se había sentido tan a flor de piel entre la población, a lo que además hay que agregar la zozobra ante la radicalización del grupo en el poder.

Cuando a mediados de 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció su programa de desconfinamiento llamado “nueva normalidad”, quedó claro desde el principio que se decidió anteponer la reactivación económica por sobre la vida y la salud de la población. El retorno por decreto a las actividades económicas que estuvieron parcial o totalmente cerradas durante los meses de abril y mayo del año pasado tuvo un costo en vidas humanas todavía difícil de cuantificar con exactitud, pero que puede encontrar un parámetro en las cifras del Inegi sobre el exceso de mortalidad registrado durante la pandemia, mismas que arrojaron un número de muertos por covid-19 en un 45 por ciento mayor que el de los datos oficiales dados a conocer por la Secretaría de Salud durante los primeros siete meses de la emergencia sanitaria.

En medio de un clima de persecución contra opositores, críticos y ciudadanos, el gobierno de Veracruz convocó a la firma de un acuerdo político que, como era de una obviedad monumental, fue desairado por las fuerzas políticas no alineadas con el actual régimen. El “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021” no es más que un compendio de lugares comunes y de disposiciones legales para las que no hace falta signar convenio alguno, sino únicamente apegarse a la mínima normalidad democrática y legal, algo que no está sucediendo en el estado en la actualidad.

La inmundicia legal aprobada por el Congreso del Estado de Veracruz materializada en la reforma al Código Penal estatal y la tipificación del delito de “ultrajes a la autoridad” –que en menos de una semana ya tiene en la cárcel a un político opositor y a un ciudadano que ejercía su derecho constitucional a la manifestación-, ha prendido las alarmas de los juristas y defensores de derechos humanos –los que no están “enchufados” a la nómina gubernamental, por supuesto- por las abiertas violaciones a las garantías fundamentales que entraña.