Aurelio Contreras Moreno

A dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones intermedias de sexenio y varias del orden local, el saldo de mes y medio de campañas ha sido un quebrantamiento e inobservancia generalizados de la legalidad como no se habían vivido desde los años 80, todavía en la época del PRI todopoderoso y autoritario. La manera como se ha violado la ley consuetudinariamente desde la misma investidura presidencial, pasando por los gobiernos estatales y municipales, los congresos y los actores políticos de prácticamente todas las denominaciones, es una muestra nítida de los tiempos oscuros que se viven en México, cuya clase política gobernante y opositora es de las peores de la historia reciente del país.

La vocación autoritaria del gobierno de Veracruz quedó exhibida en su peor faceta con la represión ejercida la noche de este lunes contra docentes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV). Invocando el inadmisible y diazordacista delito de “ultrajes a la autoridad”, la policía de Cuitláhuac García Jiménez y Hugo Gutiérrez Maldonado cargó en contra de los profesores que, tras más de ocho horas esperando se apareciera para atenderlos el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz Zenyazen Escobar García, decidieron tomar las instalaciones de la dependencia y bloquear la avenida Lázaro Cárdenas. Los videos tomados por los propios docentes y por los reporteros que se presentaron a cubrir el operativo no dejan lugar a dudas acerca del exceso de fuerza y el abuso de poder ejercido contra los mentores, a quienes sin distinción de sexo ni edad se les violentó con lujo de arbitrariedad su derecho a la libre manifestación.

A 20 días de las elecciones, cada vez un mayor número de encuestas y sondeos de opinión dan cuenta de lo que los propagandistas y “jilgueros” del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” se niegan a siquiera mencionar: la posibilidad de que Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados en los comicios del próximo 6 de junio es real. Con sus diferencias metodológicas, sus sesgos y todo lo que pueda decirse respecto de los diferentes estudios de opinión que se publican en el actual periodo de campañas, el hecho de que exista una constante, la reducción de las preferencias de Morena en el ánimo electoral, encuentra un punto de apoyo y referencia en la actitud pública, política y legal de los principales actores de la “4t”, que deben estar viendo esa misma película, aunque juren lo contrario.

Si por algo pasarán a la historia las elecciones de 2021, además de por sus resultados cualquiera que éstos sean, es por el enorme desaseo, por las toneladas de suciedad con que se están llevando a cabo. Desde que se tiene memoria histórica, las elecciones en México nunca se han caracterizado por ser limpias. Ni en la naciente nación independiente del siglo XIX y mucho menos en la época posrevolucionaria, en la cual el fraude electoral se convirtió en signo de identidad de aquella “dictadura perfecta”, como fue calificada por Mario Vargas Llosa en pleno sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Sin decoro alguno, en abierto desafío de las leyes y las instituciones que las hacen valer, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados se han lanzado al abismo de la arbitrariedad con tal de mantener el poder. La investigación anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León por la alianza Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, y de Movimiento Ciudadano Samuel García, es tan débil como las aspiraciones de la abanderada de Morena, Clara Luz Flores, quien se fue a la lona en las preferencias tras ser exhibida mintiendo sobre sus vínculos personales con Keith Raniere, líder de la secta de abusadores sexuales NXIVM, de la que también formó parte el actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

La tragedia del desplome del convoy del Metro que circulaba entre las estaciones Olivo y Tezonco, sobre la avenida Tláhuac de la Ciudad de México, ha revelado de manera cruda lo que las malas decisiones políticas asociadas a la corrupción pueden provocar directamente en contra de la vida de los ciudadanos de a pie. Es más que sabido que la Línea 12 del Metro presentó deficiencias graves que fueron detectadas prácticamente desde que inició operaciones hacia el final del gobierno del hoy canciller Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, a pesar de lo cual nadie fue llamado a rendir cuentas ante la ley por lo que a todas luces implicaba un fraude en una obra cuyo costo superó los 22 mil millones de pesos.

Las instituciones públicas de educación superior también están en la mira del régimen de la autoproclamada y mal llamada “cuarta transformación”, que pretende apoderarse del control de las mismas de la manera que ha hecho en otras instituciones autónomas y en los poderes de la Unión: colocando incondicionales sin importar si cuentan con los méritos académicos y profesionales necesarios, pues lo único que cuenta es, como ya se sabe, la genuflexión y la sumisión más abyectas. Este año la Universidad Veracruzana renovará su rectoría, al llegar a su fin el segundo periodo de Sara Ladrón de Guevara al frente de la casa de estudios. Y desde el año pasado se urde un plan para colocar en su lugar a un personaje de dudosa solvencia moral y política, pero sobre todo, que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la Ley Orgánica de la institución para ocupar el cargo.

No bien dos de los principales organismos autónomos del país dictaron resoluciones -en cumplimiento de sus atribuciones- en contra de los intereses y decisiones del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, cuando éste les respondió con rabia desaforada, revelando por completo su objetivo de hundir a México en lo más ignominioso de su pasado. Aunque ya lo había sugerido varias veces en otras oportunidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador no dejó espacio para la duda: su gobierno buscará desmantelar y desaparecer a los dos organismos autónomos que, sin exagerar, tutelan y le dan vida a la democracia en México: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras la andanada autoritaria de la semana pasada, en la que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” terminó de demostrar que está completamente dispuesto a violar la ley a placer con tal de concentrar y mantenerse en el poder, este martes México recibió un aliento quizás de donde menos se esperaba. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya actuación de los últimos meses había rebasado los límites de la abyección y genuflexión ante los caprichos del titular del Ejecutivo –cuyo discurso y actos se perciben cada vez más fuera de la realidad-, dictó tres sentencias que tendrán un fuerte impacto en el proceso electoral que está en marcha.

El viernes pasado, el lastimado cuerpo de la joven veracruzana Monserrat Bendimes Roldán no resistió más. Tras casi una semana luchando por su vida, finalmente falleció. O mejor dicho, se consumó su feminicidio. Una semana antes, la joven fue brutalmente agredida por su novio, de nombre Marlon Botas Fuentes, quien la emprendió a golpes en su contra provocándole severas fracturas en el cráneo, el cuello y un brazo. Se encontraban dentro del domicilio particular de quien desde entonces se convirtió en prófugo de la justicia, estatus que mantiene hasta el momento de escribirse estas líneas.