Aurelio Contreras Moreno

Mientras los defensores –por convicción o interés- del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” juran que fue el “compromiso” con la justicia y los derechos de las víctimas lo que motivó la celebración de la fallida consulta popular del domingo pasado, gobiernos como el de Veracruz se encargan de mostrarnos de manera contundente cómo es que entienden realmente el concepto de “justicia”. En la Rúbrica del 25 de febrero pasado se hizo mención del caso de July Raquel Flores, quien se encuentra presa en el penal de Pacho Viejo desde noviembre de 2020, acusada de haber participado directamente en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, el 29 de junio de ese mismo año.

El rotundo fracaso de la consulta popular –previsible desde que se planteó- representa por otra parte un inmejorable indicador para entender los resultados de la pasada elección intermedia y la realidad de un partido que aspira a restaurar el régimen autoritario con un “neopriismo guinda”. Resulta por demás interesante que dos meses después de una elección en la que Morena obtuvo resultados muy favorables para su causa –en el estado de Veracruz arrasó-, ahora el llamado a avalar un tema propuesto directamente por el líder de ese movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya sido totalmente desdeñado.

Con año y medio de retraso –ya sabe, la eficiencia marca “4t”-, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) entregó al Congreso del Estado el Informe del Resultado de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, correspondiente al primer año del actual gobierno estatal. La mera dilación de la entrega de este informe ya debería ser acreedora de algún tipo de responsabilidad o sanción para las autoridades fiscalizadoras, pues violaron los artículos 33 fracción XXX y 67 fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz al no proporcionar en los tiempos legales establecidos esta información.

Ante la evidencia de los estragos que nuevamente provoca la pandemia de covid-19 en México en cuanto a contagios, saturación hospitalaria y muertes –que aunque en menor volumen que en los picos del año pasado, no dejan de representar la pérdida de vidas humanas-, es inverosímil y francamente desesperante el nivel de negligencia de quienes llevan las riendas del país y de la entidad con monumental irresponsabilidad. Durante la última semana el número de infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2 se ha disparado sin control, alcanzando ya los niveles de los peores momentos de la pandemia del año pasado y desbordando ya no solamente al Sistema Público de Salud, sino también al privado, en una escalada contagiosa producto del relajamiento total de las restricciones y de las medidas de higiene, autocuidado y distanciamiento social que siguió al arranque del proceso de vacunación.

En la anterior entrega de la Rúbrica se analizó el papel que ha jugado la Guardia Nacional desde su creación en 2019 y cómo a pesar de lo que se dijo en ese momento, en el sentido de que sería un órgano de seguridad de corte civil, siempre estuvo militarizado. Eso era tan evidente, que en el gobierno decidieron dejar de simular y asumir la condición castrense de este cuerpo destinado –en el papel, al menos- a las tareas de seguridad pública. Aunque como pudimos revisar, sus labores más trascendentes han sido las de la contención de los flujos migratorios que llegan desde Centroamérica en su camino hacia los Estados Unidos.

Entre los anuncios, advertencias y dislates en los que se movió la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana por el estado de Veracruz, destaca lo que tiene que ver con el reforzamiento de la Guardia Nacional. Durante la inauguración de un cuartel en Xalapa, López Obrador anunció que su gobierno destinará 50 mil millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional, al tiempo que refrendó su apoyo al uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Completamente en sentido contrario de lo que durante años defendió.

La consulta que no es para “enjuiciar a los ex presidentes de México” -como intentan hacer creer los propagandistas del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”- es una farsa que no solo no lleva a ningún lado, sino que alienta el linchamiento público y, peor aún, lo coloca por encima de la aplicación e impartición de la justicia.

Es verdaderamente patológica la obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por exponer la salud y la vida de los mexicanos con tal de demostrar que aquí se hace su voluntad. En las últimas 48 horas, la Secretaría de Salud ha reportado prácticamente 25 mil nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 a nivel nacional. Y si bien la letalidad ha disminuido considerablemente respecto de los dramáticos niveles que alcanzó en 2020, eso no quiere decir que no haya riesgo de muerte para quienes contraen el virus. En este mismo lapso, se registraron 463 defunciones en el país por la misma causa. Sin perder de vista que son números oficiales, que reflejan -con suerte- la mitad del volumen real de fallecimientos.

La integración de lo que será la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz mantiene en tensión a varios de los actores políticos que, debido a los resultados electorales tanto buenos como malos de sus respectivos partidos, así como a los criterios de paridad de género, están en riesgo de quedar fuera del Congreso local. El caso que más ha llamado la atención es el del actual coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, quien en la pasada elección se dedicó a operar políticamente para su partido, con los resultados que ya conocemos: el triunfo de la coalición Morena-PVEM-PT en 26 de los 30 distritos de la entidad.

Si no fuera un signo crudo de una de las muchas emergencias que se viven en México, el episodio movería a la risa desternillante. Aunque sí es una prueba del nivel de desconexión de la realidad en el que vive quien tiene en sus manos las riendas del país. En su edición de este lunes, el periódico Reforma publicó como su nota principal un informe de un organismo no gubernamental, Frontline Defenders, en el que se da cuenta de que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 56 activistas en México.