Aurelio Contreras Moreno

Un ya lejano 25 de enero de 2019, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez lanzó lo que parecía entonces un verdadero compromiso para combatir y atender la violencia contra las mujeres, que en los periodos gubernamentales anteriores había alcanzado ya niveles intolerables de virulencia y de simulación oficial en su erradicación. En ese momento, el programa “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres”, junto con la “Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz” lanzada en los primeros minutos del nuevo sexenio, parecían representar un viraje total en la política gubernamental estatal en materia de derechos humanos, así como un compromiso con estos grupos vulnerables.

Apenas se iban dando a conocer los resultados de la pasada elección, cuando ya retumbaban las voces de quienes exigían la salida de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y no porque hubiese entregado buenas cuentas, sin duda. Salvo en la Ciudad de México, donde operó una lógica de castigo a Morena tras la tragedia de la Línea 12 del Metro, la alianza con Acción Nacional y el PRD rindió nulos frutos en las elecciones locales de las entidades federativas, donde salvo contadísimas excepciones y gracias al trabajo de los candidatos, fueron arrasados.

Contra la narrativa oficiosa que acusa objetivos dizque “golpistas” en la demanda del cumplimiento de las diversas responsabilidades gubernamentales, una en la que claramente el régimen de la pretendida “cuarta transformación” ha fracasado estrepitosamente es la de garantizar la salud de los habitantes de este país. Mientras funcionarios como el impresentable –y candidato a reo en el mediano plazo- Hugo López Gatell se regodea viéndose el ombligo en compañía de los propagandistas del lopezobradorismo –usando para ello a los medios públicos de manera vil-, la realidad del desabasto de medicamentos de diferente índole en el sector público de la salud es una prueba irrefutable de su ineptitud, indolencia y absoluta falta de empatía, que quieren esconder lanzando locuaces teorías de la conspiración.

Si la semana pasada se habló en este espacio de la manera en que la violencia jugó un papel determinante en el pasado proceso electoral en el estado de Veracruz, los últimos días mostraron un recrudecimiento que va más allá de solo afectar a los actores políticos. La exhibición del modus operandi de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado para realizar cateos, a patadas contra los empleados de una abarrotera a los que luego acusaron del consabido delito de “ultrajes a la autoridad” –que no se aprecia muy indefensa que digamos en el video que circuló en redes sociales-, solo confirma la tendencia que se apreciaba desde hace varios meses: el actual gobierno de Veracruz va que vuela para ser uno de los más represores y violentos de la historia reciente de la entidad.

Si bien lo ideal sería ni siquiera referirse a la indignante simulación de la consulta para dizque “enjuiciar a los ex presidentes de México” que se pretende llevar a cabo el 1 de agosto, el tamaño del fraude que está por cometerse contra los mexicanos (y sus recursos presupuestales, de paso) obliga a plantearse una serie de reflexiones. La farsa de esta “consulta” fue vergonzosamente avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado –ahí mismo donde inconstitucionalmente pretenden mantener dos años extra al títere que actualmente la preside-. Pero resultaba tan atroz el hecho de hacer depender la aplicación de la ley de los designios de la turba manipulada desde las “mañaneras”, que los ministros acabaron “lavándose las manos”, autorizando una pregunta que, esencialmente, no pregunta nada.

Aunque poco quedaría ya por agregar al resultado de las pasadas elecciones del 6 de junio, valdría la pena analizar el papel que la violencia terminó desempeñando para entender por qué se ganó y se perdió en cada caso. En su Séptimo Informe de Violencia Política en México para el Proceso Electoral 2020-2021, la consultora Etellekt incluye una serie de datos que, entre otras cosas, permite concluir que la violencia política fue determinante en estos comicios y seguramente influyó en el sentido de los resultados. Abarcando como periodo de análisis del 7 de septiembre de 2020 al 6 de junio de 2021, Etellekt registró que el proceso electoral finalizó con mil 66 agresiones en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 954 víctimas de diferentes delitos. El porcentaje es 38 por ciento mayor al del proceso electoral 2017-2018.

La carrera por la rectoría de la Universidad Veracruzana ha despertado toda suerte de pasiones y sobre todo de intereses por hacerse del control de la principal institución de educación superior del estado. Tanto en el aspecto formativo como en el presupuestario, llevar las riendas de una universidad como la Veracruzana resulta sumamente atractivo para los diversos grupos de poder que, más allá de las tareas educativas que le son sustantivas, ven a la institución como un botín del que hay que adueñarse.

Como ya se esperaba que lo hiciera, apenas pasadas las elecciones el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una serie de reformas legales –constitucionales en este caso-, entre las que incluye dos de corte político. Una de éstas plantea la desaparición de la figura de los legisladores de representación proporcional o plurinominales. Esto es, aquellos que acceden a las cámaras no por el voto directo de los electores por un candidato o candidata, sino por la proporción de votos recibidos por los respectivos partidos que los postulan y que los incluyen en una lista.

A poco más de una semana de las elecciones, no puede negarse que uno de los ganadores indiscutibles de la contienda fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Las estimaciones sobre la cantidad de diputados federales con que contará su bancada en San Lázaro muestran su mayor crecimiento desde que existe ese partido, pues podrían llegar hasta 48 legisladores, razón por la cual se convierten en automático en la bisagra, e incluso en la llave, para obtener mayorías y sacar adelante hasta reformas constitucionales que ningún partido, por sí mismo, está en capacidad de aprobar.

Desde que asumió el poder, el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” tomó distancia del conocimiento científico y del sector académico en el que, paradójicamente, contó y aún cuenta con un amplio apoyo a pesar del sistemático maltrato que le ha propinado en sus ya casi tres años de gobierno. Más identificado y cómodo con los dogmas que con la evidencia y los datos duros, el gobierno lopezobradorista emprendió una especie de “cruzada” contra lo que, en boca de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de la “4t”, María Elena Álvarez Buylla, llamaron la “ciencia neoliberal”.