Aurelio Contreras Moreno

En la anterior entrega de la Rúbrica se analizó el papel que ha jugado la Guardia Nacional desde su creación en 2019 y cómo a pesar de lo que se dijo en ese momento, en el sentido de que sería un órgano de seguridad de corte civil, siempre estuvo militarizado. Eso era tan evidente, que en el gobierno decidieron dejar de simular y asumir la condición castrense de este cuerpo destinado –en el papel, al menos- a las tareas de seguridad pública. Aunque como pudimos revisar, sus labores más trascendentes han sido las de la contención de los flujos migratorios que llegan desde Centroamérica en su camino hacia los Estados Unidos.

Entre los anuncios, advertencias y dislates en los que se movió la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana por el estado de Veracruz, destaca lo que tiene que ver con el reforzamiento de la Guardia Nacional. Durante la inauguración de un cuartel en Xalapa, López Obrador anunció que su gobierno destinará 50 mil millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional, al tiempo que refrendó su apoyo al uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Completamente en sentido contrario de lo que durante años defendió.

La consulta que no es para “enjuiciar a los ex presidentes de México” -como intentan hacer creer los propagandistas del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”- es una farsa que no solo no lleva a ningún lado, sino que alienta el linchamiento público y, peor aún, lo coloca por encima de la aplicación e impartición de la justicia.

Es verdaderamente patológica la obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por exponer la salud y la vida de los mexicanos con tal de demostrar que aquí se hace su voluntad. En las últimas 48 horas, la Secretaría de Salud ha reportado prácticamente 25 mil nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 a nivel nacional. Y si bien la letalidad ha disminuido considerablemente respecto de los dramáticos niveles que alcanzó en 2020, eso no quiere decir que no haya riesgo de muerte para quienes contraen el virus. En este mismo lapso, se registraron 463 defunciones en el país por la misma causa. Sin perder de vista que son números oficiales, que reflejan -con suerte- la mitad del volumen real de fallecimientos.

La integración de lo que será la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz mantiene en tensión a varios de los actores políticos que, debido a los resultados electorales tanto buenos como malos de sus respectivos partidos, así como a los criterios de paridad de género, están en riesgo de quedar fuera del Congreso local. El caso que más ha llamado la atención es el del actual coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, quien en la pasada elección se dedicó a operar políticamente para su partido, con los resultados que ya conocemos: el triunfo de la coalición Morena-PVEM-PT en 26 de los 30 distritos de la entidad.

Si no fuera un signo crudo de una de las muchas emergencias que se viven en México, el episodio movería a la risa desternillante. Aunque sí es una prueba del nivel de desconexión de la realidad en el que vive quien tiene en sus manos las riendas del país. En su edición de este lunes, el periódico Reforma publicó como su nota principal un informe de un organismo no gubernamental, Frontline Defenders, en el que se da cuenta de que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 56 activistas en México.

Muy pronto quedó expuesta la verdadera razón de la absurda decisión de desaparecer 29 juzgados del Poder Judicial estatal anunciada la semana pasada: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) se encuentra en quiebra. La propia presidenta de este Poder, Isabel Inés Romero Cruz, admitió que enfrentan un déficit de 500 millones de pesos y que ésa es la principal razón por la que se les ocurrió la “fantástica solución” de desaparecer juzgados y con ello dejar de gastar en su mantenimiento y en los sueldos del personal. Total, ahí nomás se imparte justicia. ¿Qué podría pasar?

Realmente no hacía falta que lo dijera, pero al menos las palabras del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López Gatell -el tenebroso “doctor muerte”-, no dejan espacio para la duda: México entró a la “tercera ola” de contagios por covid-19. ¿Qué significa eso de la “tercera ola”? Pues que se registra en el país un tercer pico de infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2. Los dos primeros fueron en 2020, en el momento más duro de la pandemia y tuvieron como consecuencia la muerte del grueso de las víctimas que ha dejado la emergencia sanitaria desde que fue decretada en marzo del año pasado.

Si la seguridad pública y la procuración de justicia en Veracruz están verdaderamente por los suelos, el trabajo del Poder Judicial no dista demasiado en cuanto a sus bajos estándares, corrupción y distorsión de la labor de impartición de justicia. Convertido en un circo de varias pistas desde que tomó el poder el régimen de la pretendida “cuarta transformación”, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) es fiel reflejo del desbarajuste y el desapego hacia la legalidad que caracteriza a la neoclase política que, de buenas a primeras, se vio con las riendas del país y del estado en las manos y, como ha quedado más que claro en estos casi tres años, sin saber qué hacer con las mismas.

El teatro del terror en el que se ha convertido el estado de Veracruz ante la brutalidad sin control alguno con que actúan las fuerzas de seguridad, recuerda bastante la época en la que Javier Duarte y Arturo Bermúdez tenían en sus manos la responsabilidad de la seguridad pública. Como entonces, este fin de semana se llegó nuevamente a un estado de tragedia, que en cualquier país medianamente civilizado ya le habrían costado por lo menos el cargo a los funcionarios involucrados. Pero como sabemos, en México y Veracruz lo que campea es la impunidad, que con la autoproclamada “cuarta transformación” luce con más fuerza.