Aurelio Contreras Moreno

Muy pronto quedó expuesta la verdadera razón de la absurda decisión de desaparecer 29 juzgados del Poder Judicial estatal anunciada la semana pasada: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) se encuentra en quiebra. La propia presidenta de este Poder, Isabel Inés Romero Cruz, admitió que enfrentan un déficit de 500 millones de pesos y que ésa es la principal razón por la que se les ocurrió la “fantástica solución” de desaparecer juzgados y con ello dejar de gastar en su mantenimiento y en los sueldos del personal. Total, ahí nomás se imparte justicia. ¿Qué podría pasar?

Realmente no hacía falta que lo dijera, pero al menos las palabras del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López Gatell -el tenebroso “doctor muerte”-, no dejan espacio para la duda: México entró a la “tercera ola” de contagios por covid-19. ¿Qué significa eso de la “tercera ola”? Pues que se registra en el país un tercer pico de infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2. Los dos primeros fueron en 2020, en el momento más duro de la pandemia y tuvieron como consecuencia la muerte del grueso de las víctimas que ha dejado la emergencia sanitaria desde que fue decretada en marzo del año pasado.

Si la seguridad pública y la procuración de justicia en Veracruz están verdaderamente por los suelos, el trabajo del Poder Judicial no dista demasiado en cuanto a sus bajos estándares, corrupción y distorsión de la labor de impartición de justicia. Convertido en un circo de varias pistas desde que tomó el poder el régimen de la pretendida “cuarta transformación”, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) es fiel reflejo del desbarajuste y el desapego hacia la legalidad que caracteriza a la neoclase política que, de buenas a primeras, se vio con las riendas del país y del estado en las manos y, como ha quedado más que claro en estos casi tres años, sin saber qué hacer con las mismas.

El teatro del terror en el que se ha convertido el estado de Veracruz ante la brutalidad sin control alguno con que actúan las fuerzas de seguridad, recuerda bastante la época en la que Javier Duarte y Arturo Bermúdez tenían en sus manos la responsabilidad de la seguridad pública. Como entonces, este fin de semana se llegó nuevamente a un estado de tragedia, que en cualquier país medianamente civilizado ya le habrían costado por lo menos el cargo a los funcionarios involucrados. Pero como sabemos, en México y Veracruz lo que campea es la impunidad, que con la autoproclamada “cuarta transformación” luce con más fuerza.

Un ya lejano 25 de enero de 2019, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez lanzó lo que parecía entonces un verdadero compromiso para combatir y atender la violencia contra las mujeres, que en los periodos gubernamentales anteriores había alcanzado ya niveles intolerables de virulencia y de simulación oficial en su erradicación. En ese momento, el programa “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres”, junto con la “Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz” lanzada en los primeros minutos del nuevo sexenio, parecían representar un viraje total en la política gubernamental estatal en materia de derechos humanos, así como un compromiso con estos grupos vulnerables.

Apenas se iban dando a conocer los resultados de la pasada elección, cuando ya retumbaban las voces de quienes exigían la salida de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y no porque hubiese entregado buenas cuentas, sin duda. Salvo en la Ciudad de México, donde operó una lógica de castigo a Morena tras la tragedia de la Línea 12 del Metro, la alianza con Acción Nacional y el PRD rindió nulos frutos en las elecciones locales de las entidades federativas, donde salvo contadísimas excepciones y gracias al trabajo de los candidatos, fueron arrasados.

Contra la narrativa oficiosa que acusa objetivos dizque “golpistas” en la demanda del cumplimiento de las diversas responsabilidades gubernamentales, una en la que claramente el régimen de la pretendida “cuarta transformación” ha fracasado estrepitosamente es la de garantizar la salud de los habitantes de este país. Mientras funcionarios como el impresentable –y candidato a reo en el mediano plazo- Hugo López Gatell se regodea viéndose el ombligo en compañía de los propagandistas del lopezobradorismo –usando para ello a los medios públicos de manera vil-, la realidad del desabasto de medicamentos de diferente índole en el sector público de la salud es una prueba irrefutable de su ineptitud, indolencia y absoluta falta de empatía, que quieren esconder lanzando locuaces teorías de la conspiración.

Si la semana pasada se habló en este espacio de la manera en que la violencia jugó un papel determinante en el pasado proceso electoral en el estado de Veracruz, los últimos días mostraron un recrudecimiento que va más allá de solo afectar a los actores políticos. La exhibición del modus operandi de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado para realizar cateos, a patadas contra los empleados de una abarrotera a los que luego acusaron del consabido delito de “ultrajes a la autoridad” –que no se aprecia muy indefensa que digamos en el video que circuló en redes sociales-, solo confirma la tendencia que se apreciaba desde hace varios meses: el actual gobierno de Veracruz va que vuela para ser uno de los más represores y violentos de la historia reciente de la entidad.

Si bien lo ideal sería ni siquiera referirse a la indignante simulación de la consulta para dizque “enjuiciar a los ex presidentes de México” que se pretende llevar a cabo el 1 de agosto, el tamaño del fraude que está por cometerse contra los mexicanos (y sus recursos presupuestales, de paso) obliga a plantearse una serie de reflexiones. La farsa de esta “consulta” fue vergonzosamente avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado –ahí mismo donde inconstitucionalmente pretenden mantener dos años extra al títere que actualmente la preside-. Pero resultaba tan atroz el hecho de hacer depender la aplicación de la ley de los designios de la turba manipulada desde las “mañaneras”, que los ministros acabaron “lavándose las manos”, autorizando una pregunta que, esencialmente, no pregunta nada.

Aunque poco quedaría ya por agregar al resultado de las pasadas elecciones del 6 de junio, valdría la pena analizar el papel que la violencia terminó desempeñando para entender por qué se ganó y se perdió en cada caso. En su Séptimo Informe de Violencia Política en México para el Proceso Electoral 2020-2021, la consultora Etellekt incluye una serie de datos que, entre otras cosas, permite concluir que la violencia política fue determinante en estos comicios y seguramente influyó en el sentido de los resultados. Abarcando como periodo de análisis del 7 de septiembre de 2020 al 6 de junio de 2021, Etellekt registró que el proceso electoral finalizó con mil 66 agresiones en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 954 víctimas de diferentes delitos. El porcentaje es 38 por ciento mayor al del proceso electoral 2017-2018.