Aurelio Contreras Moreno

La crisis migrante que se vive en la frontera sur de la República Mexicana no tiene precedente… pero en cuanto a la inhumana y criminal reacción del gobierno federal y sus cuerpos de seguridad. Las caravanas migrantes que han ingresado a México por la frontera entre Guatemala y Chiapas han sido brutalmente agredidas por elementos del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Las imágenes de los agentes pateando a personas en el suelo, indefensas, más parecen las de un régimen militar de ultraderecha fascista que la de uno que se asume, de dientes para afuera claramente, como “progresista” y “defensor” de la libertad y los derechos humanos.

Desde hace aproximadamente dos semanas, comenzaron a salir a la luz casos de amparos concedidos por la justicia federal a menores de edad en el estado de Veracruz que, reclamando su derecho a la salud al igual que el de los adultos, piden ser vacunados contra la covid-19. Más casos de amparos fueron acumulándose con el transcurrir de los días, en Veracruz y en otros estados de la República, mientras que la respuesta timorata de las autoridades veracruzanas era señalar que no vacunarían menores de edad –aunque algunos sí lograron recibir el fármaco- porque “no está permitido” por el gobierno federal. Valiéndoles sombrilla, como acostumbran, desacatar las órdenes del Poder Judicial.

Las crisis políticas, económicas y sociales siempre resultan un campo fértil para los extremismos de todo tipo, que con ideas y agendas radicales -que generalmente incluyen la anulación y/o la eliminación del adversario- se presentan como la “solución” a los problemas que aquejan a un país, buscando con ello seducir a una sociedad que se siente agraviada, ignorada o marginada y adopta ese tipo de discursos sin demasiada conciencia crítica. Ejemplos históricos abundan. Pero para no ir muy lejos, en México se vive de un tiempo a la fecha –que incluso va más allá del presente sexenio- un clima de polarización social tan fuerte, que extremismos de variopinto talante se han dejado ver y sentir para promover agendas políticas que, de tan confrontadas en lo ideológico, encuentran puntos de confluencia en su proclividad a la violación de derechos fundamentales.

“Estoy satisfecho con lo que hemos logrado”, afirmó en su conferencia matutina de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a la entrega de su tercer informe de gobierno este 1 de septiembre. ¿Qué se ha logrado?, se preguntarán las y los lectores. Pues según el presidente, que con todo y la pandemia “no dejamos de llevar a cabo el proceso de transformación de la vida pública del país” y que en su lugar, su gobierno combatió “la pandemia de las pandemias: la peste de la corrupción. En eso no nos detuvimos”.

Al final, los amagos porriles de la semana pasada –junto con algunas “puntadas” totalmente fuera de lugar de quien pretendió sacar tajada de eso- no hicieron mella en el proceso de designación de nuevo rector de la Universidad Veracruzana, cuyo nombramiento recayó en el sociólogo Martín Aguilar Sánchez. Más allá de las consideraciones y análisis que se puedan hacer sobre su proyecto de trabajo para la institución, el nuevo rector –que asumirá formalmente el cargo este miércoles 1 de septiembre- tiene frente a sí una enorme cantidad de retos de diversa índole. Pero uno que en particular deberá atenderse pronto tiene que ver con un clamor existente entre la comunidad universitaria y que es la democratización en la toma de decisiones. Empezando, precisamente, por la de designar rector.

El próximo lunes, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana debe anunciar el nombre de quien será el próximo rector de la casa de estudios para el periodo 2021-2025. Como todo proceso de este tipo, la sucesión rectoral en una institución del tamaño y con el presupuesto que maneja la UV no puede deslindarse –aunque quisiera- de la cuestión política. Ésta se encuentra presente siempre y sus diferentes actores buscan operar y tener influencia, si no es que inmiscuirse todo lo posible, en un procedimiento que está lejos de ser estrictamente académico.

La situación que se vive en el norte de Veracruz es verdaderamente extrema. Toda la región que comprende de Tecolutla a Poza Rica fue arrasada por los fortísimos vientos del huracán “Grace” durante la madrugada del pasado sábado. Y a decir de la población afectada, la devastación provocada es similar a la de un terremoto, salvo por los decesos, que afortunadamente no fueron en gran número, a diferencia de lo acontecido en Xalapa. Pero el que casi no haya muertos no le resta un ápice de gravedad a la emergencia. Reportes de la ciudad de Poza Rica indican que más de diez mil familias se quedaron, literalmente, sin techo, porque los feroces vientos los arrancaron de sus viviendas. Otras cinco mil habrían perdido por completo sus casas y se debaten desde el fin de semana entre resguardarse en alguno de los albergues o quedarse a cuidar las pocas pertenencias que les quedan, ante la rapiña desatada por la ausencia de autoridad.

A pocos días de que asuma funciones la nueva Cámara de Diputados y en medio del creciente hostigamiento del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó la conformación de este cuerpo legislativo al asignar las curules de representación proporcional y dar prácticamente por concluida la elección federal intermedia. De esta manera, Morena contará con 198 diputaciones, 122 de mayoría relativa y 76 de representación proporcional; de sus aliados, el Partido del Trabajo tendrá 37 curules, 30 de mayoría relativa y siete de plurinominales, mientras que el Partido Verde obtendrá una bancada de 43 diputados, 31 de mayoría y 12 plurinominales.

A pesar de que la zona en la que impactó frontalmente el huracán “Grace” la madrugada del sábado fue la región norte del estado de Veracruz, en donde se tuvo que lamentar la mayor cantidad de pérdida de vidas humanas fue en Xalapa, donde aparentemente no se corrían mayores riesgos. Pero qué mayor riesgo que el de vivir en pobreza extrema, en zonas en las que no hay condiciones para levantar una casa y en las que viven miles, millones en todo el país, de personas flageladas por una brutal marginación que no alcanza ni siquiera a paliar la entrega de un apoyo gubernamental cuyo objetivo no es acabar con la pobreza, sino simplemente obtener una clientela política.

Como si el tiempo no hubiese pasado, como si siguiéramos estacionados en las épocas de horror del duartismo asesino, en Veracruz la violencia contra los periodistas forma parte de un escenario que ni por equivocación cambió en algo con las dos alternancias de gobierno registradas desde entonces. La mañana de este jueves, el reportero y locutor Jacinto Romero Flores fue emboscado y ejecutado a balazos en la comunidad de Potrerillo del municipio de Ixtaczoquitlán, colindante con Orizaba. Zona asolada desde hace años por la delincuencia organizada asentada ahí por su ubicación estratégica, ya que conecta directamente con los estados de Puebla y Oaxaca.