Aurelio Contreras Moreno

Nada, ni los 50 mil nuevos contagios de covid-19 registrados en México en las últimas 48 horas, ni los hospitales saturados, ni los picos de infecciones que superan los peores días de la pandemia en las dos “olas” de 2020, parecen importarle un carajo al gobierno de la malhadada y mal llamada “cuarta transformación”, empecinado como está en obligar a un regreso a clases presenciales dentro de prácticamente dos semanas. Este jueves, durante el acto circense en el que ha devenido la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez repitió la cantaleta establecida en el guion propagandístico con el que buscan justificar una decisión irresponsable, demencial y que puede llegar a convertirse en un acto criminal.

Cuando en la anterior entrega de la Rúbrica quien esto escribe manifestó que en la actualidad de Veracruz se cometen abusos como en los tiempos de Arturo Bermúdez, no imaginaba que, en los hechos, éstos son de nuevo los mejores tiempos para el ex secretario duartista de Seguridad Pública de horrenda memoria. Desde la elección estatal de 2016 existía la sospecha de acuerdos inconfesables entre el duartismo y el morenismo para ponerle un dique al entonces candidato pan-perredista a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, que se tradujeron en un evidente impulso para que Morena creciera en Veracruz y, a decir de varios actores políticos, hasta de entrega de recursos públicos para la campaña de Cuitláhuac García a la gubernatura. Si bien esto último nunca se comprobó, tampoco hay certeza de que no hubiese ocurrido.

La historia de terror que viven varias familias desde el pasado fin de semana en la ciudad Coatepec es una muestra más del estado de total indefensión en que viven los ciudadanos del estado de Veracruz ante los abusos y arbitrariedades de quienes tienen –pero no honran- la responsabilidad de brindar seguridad, certeza jurídica y justicia. Desde la noche del viernes 6 de agosto causó revuelo, expectativa y temor el despliegue policiaco realizado en toda la zona conurbada de Xalapa, la cual incluye a Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata y San Andrés Tlalnelhuayocan, del que ninguna autoridad dio aviso a la población para que tomara las precauciones correspondientes.

Desde que fue impuesta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la magistrada Isabel Romero Cruz no ha tenido empacho alguno en poner de rodillas al Poder Judicial ante el Ejecutivo estatal, en una actitud de sumisión absoluta, indigna y abyecta. El sello de la casa de la “4t” a todos los niveles, valga decir. Pero si las formas son detestables, lo que hay en el fondo de las mismas implica una cantidad tal de manejos turbios de los recursos de ese Poder constitucionalmente autónomo, que varios de los implicados habrán de ser llamados a cuentas por malversación y desvío de dinero público.

Mientras la “tercera ola” de la pandemia arrecia y el volumen de contagios se acerca aceleradamente a los mismos niveles de los picos más altos del año pasado, la obstinación irracional del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” por obligar a un retorno a clases presenciales dentro de 25 días alcanza niveles demenciales. Entre miércoles y jueves de esta semana se registraron más de 40 mil nuevos contagios –oficialmente- en todo el país, con una incidencia de más de 20 mil por día. Anteriormente se habían rebasado los 19 mil por día de manera consecutiva en varias ocasiones, salvo los fines de semana, cuando los números descienden… pero porque se reduce la operación de los burócratas encargados de reportarlos, no porque haya menos.

Les sigue lloviendo sobre mojado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), donde a más de uno se le debe haber atragantado el desayuno luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes durante su conferencia mañanera. Cuestionado por una reportera sobre el desfalco y la quiebra técnica del TSJEV, que lo llevó a decretar la desaparición de juzgados y a prácticamente imponer una reducción salarial y de prestaciones entre los magistrados y el personal de confianza, López Obrador fue tajante en su respuesta: “hay que fincar las responsabilidades de quién dejó sin presupuesto al Poder Judicial en Veracruz”.

Mientras los defensores –por convicción o interés- del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” juran que fue el “compromiso” con la justicia y los derechos de las víctimas lo que motivó la celebración de la fallida consulta popular del domingo pasado, gobiernos como el de Veracruz se encargan de mostrarnos de manera contundente cómo es que entienden realmente el concepto de “justicia”. En la Rúbrica del 25 de febrero pasado se hizo mención del caso de July Raquel Flores, quien se encuentra presa en el penal de Pacho Viejo desde noviembre de 2020, acusada de haber participado directamente en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, el 29 de junio de ese mismo año.

El rotundo fracaso de la consulta popular –previsible desde que se planteó- representa por otra parte un inmejorable indicador para entender los resultados de la pasada elección intermedia y la realidad de un partido que aspira a restaurar el régimen autoritario con un “neopriismo guinda”. Resulta por demás interesante que dos meses después de una elección en la que Morena obtuvo resultados muy favorables para su causa –en el estado de Veracruz arrasó-, ahora el llamado a avalar un tema propuesto directamente por el líder de ese movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya sido totalmente desdeñado.

Con año y medio de retraso –ya sabe, la eficiencia marca “4t”-, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) entregó al Congreso del Estado el Informe del Resultado de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, correspondiente al primer año del actual gobierno estatal. La mera dilación de la entrega de este informe ya debería ser acreedora de algún tipo de responsabilidad o sanción para las autoridades fiscalizadoras, pues violaron los artículos 33 fracción XXX y 67 fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz al no proporcionar en los tiempos legales establecidos esta información.

Ante la evidencia de los estragos que nuevamente provoca la pandemia de covid-19 en México en cuanto a contagios, saturación hospitalaria y muertes –que aunque en menor volumen que en los picos del año pasado, no dejan de representar la pérdida de vidas humanas-, es inverosímil y francamente desesperante el nivel de negligencia de quienes llevan las riendas del país y de la entidad con monumental irresponsabilidad. Durante la última semana el número de infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2 se ha disparado sin control, alcanzando ya los niveles de los peores momentos de la pandemia del año pasado y desbordando ya no solamente al Sistema Público de Salud, sino también al privado, en una escalada contagiosa producto del relajamiento total de las restricciones y de las medidas de higiene, autocuidado y distanciamiento social que siguió al arranque del proceso de vacunación.