Aurelio Contreras Moreno

Todavía con la resaca del fiasco de la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sacó de la manga un enésimo informe de actividades, el primero de 2022, en su afán cotidiano de cubrir con propaganda la ausencia de resultados reales. Con todo y eso, no le quedó de otra más que reconocer tendencias a la alza en delitos graves, como el de feminicidio, que creció 15 por ciento; extorsión, 40 por ciento, y robo en transporte público individual en un 22 por ciento. El presidente afirmó que “todo este esfuerzo para conseguir la paz” es “sin violaciones a derechos humanos. Sin involucramiento en masacres, sin desapariciones forzadas, como ocurría antes”.

Ni el brutal derroche y desvío de recursos, ni el acarreo descarado, y ni siquiera la “inversión” en sus clientelas electorales a través de los programas sociales, lograron que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” sacara a las calles masivamente a los mexicanos para validar la supuesta “ratificación” del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con las tendencias dadas a conocer por el Instituto Nacional Electoral (INE) a partir de su conteo rápido –que ha demostrado ser completamente confiable-, la participación ciudadana en el ejercicio de este domingo oscila entre 17 y 18.2 por ciento, lo que equivale a unos 17 millones de votantes, de los cuales unos 14 millones votaron en favor de la permanencia de López Obrador en la Presidencia, entre los que hay que sumar a quienes fueron coaccionados para hacerlo mediante la amenaza de perder sus becas y pensiones, y hasta sus empleos. A lo priista.

Aunque un tanto opacadas por el tema de la revocación de mandato y otros que acaparan la agenda político-mediática, la elección de dirigentes magisteriales de la semana pasada fue otro duelo entre el régimen que a lo único que llegó fue a apropiarse de los espacios de poder –quítate tú para ponerme yo- usando las mismas prácticas y lógica de antaño, contra los viejos cacicazgos que mudan de color, pero que mantienen el control de sus cotos jugando un juego que bien conocen. La elección de Secretario General de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha representado siempre un ambicionado botín político del que por muchos años se sirvió el PRI para tener una muy importante fuente de votos en todos los procesos electorales. A cambio, sus líderes han recibieron a lo largo del tiempo toda clase de prebendas de parte del sistema, como plazas que cobraban sin trabajar y que repartían entre sus allegados, presidencias municipales, diputaciones, senadurías y derecho de picaporte con el poder en turno, lo que se traducía además en grandes sumas de dinero.

Este fin de semana se emprendió una escalada contra la democracia en México que augura tiempos negros para el país. La desesperación por el previsible fracaso para alcanzar el porcentaje mínimo que le dé validez legal a los resultados de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, ejercicio que ha sido pervertido por el régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, ha terminado por revelarlos en toda su podredumbre política: como violadores contumaces de la ley. Además, con un descaro que ni el PRI se atrevía a mostrar tan abiertamente. Con un discurso de pandillero, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández arremetió –para no variar- contra el Instituto Nacional Electoral, augurando que los consejeros “ya se van”, mientras él violaba la Constitución promoviendo la consulta de revocación en un acto político en Sonora.

La noche del pasado lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo el “Decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental”, mejor conocido como el “decretazo”, al considerarlo inaplicable e inconstitucional. Los magistrados electorales consideraron que dicho decreto –con el cual mayoría lopezobradorista en el Congreso de la Unión decidió permitir a los funcionarios públicos hacer propaganda para promover la consulta de revocación de mandato- no realizaba una interpretación auténtica del concepto “propaganda gubernamental”, sino que solamente se estableció una excepción a la prohibición de difusión de la misma -prevista en la propia Constitución General de la República- durante el proceso de revocación de mandato, lo cual, evidentemente, resultaba violatorio de lo dispuesto en la Carta Magna.

Resulta evidente la desesperación del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” por convencer a la ciudadanía de acudir a la consulta de revocación de mandato, un ejercicio que resulta inútil para el país, pero cuyo trasfondo representa un enorme riesgo para el sistema democrático en México. En los últimos días han arreciado las diatribas y ataques de los personeros y textoservidores de la “4t” y desde el propio gobierno contra quien expresa su desacuerdo con una consulta que carece de legitimidad, ya que la misma no surge de la sociedad sino desde el mismo gobierno que en teoría sería revocado, con lo cual el mecanismo resulta ocioso, pues de antemano se conoce el resultado. Tal obviedad, así como el hecho de que el electorado ya votó por el presidente López Obrador y por lo tanto tiene un mandato que cumplir -y que, reiteramos, nadie le está pidiendo masivamente que abandone, salvo algunos trasnochados tontos útiles-, no podría tener otro efecto más que la desidia de una población que, además, está cansada de ir a procesos de votación a cada rato.

Ni duda cabe que los estándares bajo los que se maneja el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” en cuanto al manejo de la administración pública son de bajísima calidad. El rasero lo puso el mismo Andrés Manuel López Obrador con decisiones como la de postular candidatos mediante “tómbola”, frases como “no tiene mucha ciencia gobernar” o que basta con 90 por ciento de “honestidad” y diez por ciento de capacidad para desempeñar un cargo público.

La corrupción, como ya ha quedado completamente claro, no ha sido atacada de ninguna manera por el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, en ninguno de sus niveles. Todo se ha quedado al nivel del discurso. Obras con presupuestos inflados, asignaciones directas al por mayor, desvío de recursos para fines políticos. Todo lo que criticaron, todo lo que verbalmente atacaron y aprovecharon muy bien en su carrera hacia el poder, lo replican de manera idéntica a quienes les antecedieron. No son diferentes en nada y en muchos casos, son claramente peores. En Veracruz los desfalcos al erario siguen a la orden del día. Tan solo a la propaganda de la consulta de revocación de mandato siguen inyectándole una millonada a través de la asociación “Unidos Todos”, que manejan el subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero y la directora de Administración del Tribunal Superior de Justicia Joana Marlen Bautista.

El régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” sufrió un duro golpe este fin de semana con la revelación de lo que era un secreto a voces: la descomposición interna en el gobierno que ya no puede ocultarse. La carta que el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, publicó en el semanario fundado por su padre, es en realidad un pequeño recuento de cómo se retuercen las instituciones públicas y las leyes en tiempos del lopezobradorismo, que de tanto querer ser distinto se igualó y hasta está superando a muchos de sus peores antecesores. Pero no se trata de un asunto menor. Lo que expone Scherer –que no es una blanca paloma, valga decir- es una muestra de la decadencia de un gobierno que tiene al país sumido en una tensión permanente, que sostiene la economía con alfileres y que cada día se vuelve más agresivo y autoritario contra quien le critica o simplemente señala sus falencias.

Despojado ya de cualquier careta democrática, quizás convencido de que no necesita seguir simulando ni aparentando lo que no es, el régimen autoproclamado como la “cuarta transformación” del país pisó el acelerador del retroceso autoritario a niveles prácticamente sin precedentes. Haciendo suyas y llevando a otra altura las peores prácticas del priismo más antidemocrático, Morena y el lopezobradorismo han emprendido un camino sin retorno: el de la ilegalidad y la más burda imposición, olvidando el discurso con el que navegaron durante décadas para hacer frente al ejercicio despótico del poder que hoy han abrazado sin sentir ni un poquito de asco. Verdaderamente enloquecidos por un poder que creen les durará para siempre, en el Congreso de la Unión los legisladores “4t” exhiben la excitación cuasiorgásmica que les provoca pasar por encima de sus opositores al humillarlos, “mayoritearlos” y además escupirles en la cara que son minoría y que ellos, la versión recargada de la vieja “aplanadora” priista, tienen la mayoría y pueden hacer prácticamente lo que les venga en gana.