Aurelio Contreras Moreno

Gran indignación ha causado entre los ciudadanos veracruzanos la andanada que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez –que todos los días se esmera en ser más nefasto que sus antecesores- lanzó contra el Acuario de Veracruz, el principal atractivo turístico de todo el estado. El miércoles pasado, personal de la Procuraduría del Medio Ambiente estatal (PMA) clausuró el Acuario de Veracruz bajo argumentos poco claros, para luego filtrar –lo que ya se consolidó como un “modus operandi” del “cuitlahuato”- que se debió lo mismo a una fiesta privada que se había celebrado en sus instalaciones que a un supuesto “tráfico de especies”. O lo que es lo mismo, la calumnia, que cuando no mancha, tizna.

La “colonización” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ministros y ministras afines al régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” mostró esta semana la ruta a la que necesariamente lleva la anulación de facto de la división de poderes: la del retroceso autoritario. Primer acto: la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al inicio de la semana, aprobó una jurisprudencia que avala un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), en la que se establece que el secreto bancario “no opera” tratándose de información requerida por las autoridades hacendarias federales para fines fiscales, otorgando con ello al Sistema de Administración Tributaria la facultad de intervenir cuentas sin necesidad de resolución judicial de por medio.

En los últimos cinco días, tres periodistas fueron asesinados en México. Dos en el estado de Veracruz. Ambas, mujeres. El 2022 se está convirtiendo en el año más violento y letal para los periodistas mexicanos desde el infausto 2012, cuando los asesinatos de comunicadores se desbordaron particularmente en Veracruz, que se convirtió en uno de los sitios más peligrosos de todo el mundo para ejercer la labor de informar. Una década después, todo sigue igual e incluso peor. La muerte tiene permiso en México para silenciar periodistas, con las excusas cómplices de todos los niveles de gobierno, que no han sido capaces siquiera de enfrentar con un poco de valor lo que hoy, en tiempo presente, es su responsabilidad. El Estado mexicano ha sido completamente rebasado por una crisis que sin duda no es nueva, pero que ha abordado exactamente de la misma manera que en el pasado no tan lejano: evadiendo su obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión, ignorando los reclamos y advertencias que pudieron evitar los atentados y todavía peor, criminalizando y revictimizando a los periodistas muertos.

Durante la multimillonaria –y fracasada- campaña de promoción de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el estado de Veracruz cobró relevancia un logotipo que acompañó prácticamente toda la propaganda colocada de norte a sur de la entidad: el de la agrupación “Unidos Todos”. En su fanpage en Facebook, “Unidos Todos” se define como una agrupación política y se describe como “somos un grupo de amigos convencidos de que la Cuarta Transformación de México es el camino correc (sic)”. Su contenido es exclusivamente propaganda del gobierno de Veracruz, del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, del presidente Andrés Manuel López Obrador y, en especial, de un funcionario de la administración estatal: el subsecretario de Administración y Finanzas Eleazar Guerrero Pérez.

Mientras en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez prefieren organizar y andar de fiesta, no hay uno solo de sus principales compromisos que haya cumplido, especialmente el que quizás sea el más sentido de todos: el de dar verdadera atención y cauce a la tragedia de los desaparecidos en el estado de Veracruz. Este martes, grupos de colectivos de búsqueda acudieron al panteón Palo Verde, en la capital veracruzana, luego de obtener indicios de que uno de sus familiares podría estar enterrado en el área de fosa común de ese cementerio, razón por la cual elementos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado procederían a realizar las labores de exhumación correspondientes. En el punto donde se encuentra la fosa en la que probablemente habría sido enterrada la persona que buscaban, se encontraron cinco cadáveres más, arrojados sin más en la sepultura, sin separación de los restos en bolsas individuales ni alguna placa o registro que los diferenciara.

La militarización del país será uno de los peores legados que deje el régimen de la pretendida “cuarta transformación”. Y es que independientemente de quién gobierne a partir de 2024, revertir el proceso de empoderamiento de las fuerzas armadas en todos los campos de la vida pública del país será imposible, por lo menos en el mediano plazo. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador le entregó el país a los militares, que hoy hacen tremendos negocios construyendo y operado obras multimillonarias como el aeropuerto “Felipe Ángeles”, un monstruoso “elefante blanco” oda a la necedad y al capricho, al que quieren hacer funcionar a punta de “decretazos” y de presiones a las aerolíneas. Los militares también participan en la construcción de la refinería de Dos Bocas y en el ecocida Tren Maya, mientras administran y controlan las aduanas y los puertos del país. Todo eso les ha entregado el presidente con tal de tener contentas a las fuerzas castrenses e intentar “garantizar” su “lealtad” de la única manera que la “4t” sabe hacer política y gobierno: a billetazos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente sacó la carta que todo mundo esperaba mostrara desde que asumió el cargo: la del desmantelamiento del sistema electoral que le permitió acceder al poder. La iniciativa de reforma electoral que presentó la mañana de este jueves en Palacio Nacional y que más tarde envió a la Cámara de Diputados contiene, en su parte fundamental, la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por siete consejeros que serían elegidos por voto popular. Los candidatos a consejeros del INEC –así como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- serían propuestos por los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y competirían por el voto popular el primer domingo de agosto de cada seis años.

Recuerdo nítidamente el día que asesinaron a Regina Martínez. Me encontraba en un concierto cuando un amigo mutuo me escribió para darme a conocer la funesta noticia. La música se apagó en ese momento en mi cabeza y no hice más que llorar el resto de la noche. Los siguientes días fueron inenarrables. Sus amigos y conocidos del gremio y el medio político y social al que daba cobertura con su trabajo periodístico pasamos del estupor a la rabia, del dolor al reclamo porque el crimen no quedara impune, que es precisamente lo que el gobierno quería que sucediera. El inconmensurable cinismo del régimen de Javier Duarte de Ochoa –que para entonces ya tenía a Veracruz vuelto un infierno de violencia- alcanzó uno de sus niveles más siniestros con este crimen: primero se atrevió a enviar flores al funeral de Regina;

Los defensores más acérrimos del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” son muy proclives a tildar de “facho” a cualquiera que piense distinto a ellos, que critique los yerros del gobierno y los excesos y abusos del presidente López Obrador. “Facho” es una expresión que usan como sinónimo de “fascista”, sambenito que pretenden cargarle a cualquiera que no siga el guion oficial impuesto por la “4t”, pero que en realidad es cada vez más aplicable a muchos de los protagonistas del lopezobradorismo, el presidente incluido. El fascismo es una corriente política e ideológica que surgió hace cien años, en el periodo entre la primera y la segunda guerra mundial, y que tuvo como sus principales escenarios a la Italia de Benito Mussolini y la Alemania de Adolfo Hitler, por lo cual se le ha asociado tradicionalmente con el pensamiento extremista de derecha. Sin embargo, lo que principalmente define al fascismo es su tendencia al autoritarismo como forma de ejercicio de gobierno, la cual es perfectamente capaz de cancelar cualquier libertad individual “por el bien de la patria”.

La semana que concluyó fue una de las más traumáticas de los últimos años para las mujeres en México, ante el desbordamiento de la violencia feminicida que ha rebasado por mucho al Estado, mismo que de por sí nunca ha tenido –ni antes ni ahora- verdadero interés por encontrar las causas y las soluciones para este fenómeno. El feminicidio de Debanhi en Nuevo León encendió el interés mediático general sobre un tema que no ha dejado de estar ahí, como una grieta en uno de los pilares del país que se hace cada vez más grande y que refleja un problema estructural profundo, que ninguna institución ni la propia sociedad mexicana han sido capaces no solamente de atender, sino de entender. Las cifras muestran una realidad que las autoridades buscan matizar con verborrea y demagogia, pero que sin embargo, son desgarradoras y muy contundentes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2022 se registraron 228 feminicidios en México, de los cuales 76 se cometieron en enero, 79 en febrero y 73 en marzo.