Aurelio Contreras Moreno

Entre las más hilarantes –e indignantes- justificaciones que han circulado en los últimos días para el exabrupto de la delirante respuesta presidencial a la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación del periodismo en México, hay una que llama la atención: que los asesinatos de periodistas no son asunto y/o responsabilidad del Ejecutivo ni del Estado, sino producto de cuestiones pertenecientes al entorno cercano de las víctimas de la violencia. Una postura que es bastante lejana de aquella que hace unos pocos años, por cualquier agravio, viniese de donde viniese, a voz en cuello clamaba “fue el Estado”, precisamente para hacer notar la omisión del mismo en el cumplimiento de una de sus principales obligaciones: la de brindar seguridad y proteger la vida de los ciudadanos. Ya ni qué decir de las libertades de expresión y prensa. Hoy, a pesar de que el presidente López Obrador ha convertido las conferencias “mañaneras” en un “paredón” para los periodistas que no le gustan porque no lo alaban y sí lo exhiben, muchos que antes reclamaban “fue el Estado” dicen que ahora “no es el Estado” el responsable de la violencia hacia los comunicadores, que en 2022 avanza incontenible. Solo les falta decir “pórtense bien”, como Javier Duarte pidió a los reporteros para que “evitaran” ser asesinados, porque luego le echaban la culpa a él.

Es importante tener presente que las agresiones verbales que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador lanza todo el tiempo en contra de quien ejerce su libertad de expresión y su derecho a disentir y criticar a su gobierno, no son algo nuevo ni que no pudiera saberse que ocurriría al llegar al poder. Intolerante ante el mínimo señalamiento sobre su incongruencia, la corrupción a su alrededor de la que “nunca sabe nada” o sus pactos con impresentables y hasta con conocidos delincuentes, dicha actitud ha acompañado a López Obrador desde hace varios años y no se molestaba mucho en disimularla, si siquiera en los momentos en que hacía proselitismo, cuando los candidatos lo que buscan es quedar bien, mostrar una faceta amable –aunque sea falsa- y proyectar una imagen positiva ante la ciudadanía.

En los últimos días hemos sido testigos de la manera en la que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” se ha comenzado a radicalizar abiertamente. Y a descarar su verdadero cariz autoritario. La aberrante respuesta “diplomática” que el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió con los intestinos llenos y envió al Parlamento Europeo, además de servirle como un gran distractor para desviar el clima de la opinión pública de los temas que le incomodan –la inflación galopante, el aparente conflicto de interés de su hijo José Ramón con contratistas de Pemex, la corrupción en la Fiscalía General de la República y el servilismo del Poder Judicial, por mencionar algunos-, refleja ese endurecimiento del discurso que ya se expresaba sin muchos reparos hacia el interior, pero que ahora mostró en el exterior con total claridad el tipo de gobierno que hay en México.

Durante la campaña presidencial del año 2006, el entonces presidente Vicente Fox Quesada se inmiscuyó abiertamente en el proceso electoral para buscar evitar a como diese lugar que el abanderado del PRD, Andrés Manuel López Obrador, ganase las elecciones y llegara a la Presidencia de la República. Abiertamente, Fox ocupaba sus apariciones públicas para lanzar consignas, más en contra de López Obrador que en favor del abanderado de su partido, Felipe Calderón, a quien tuvo que apoyar muy a su pesar, pues nunca fue su candidato al interior del PAN. La injerencia de Fox en el proceso fue descarada desde antes incluso de la campaña, cuando el proceso de desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México –por cierto, por un desacato a una orden judicial, lo que desde entonces pintaba el talante autoritario y el desprecio por la legalidad del actual presidente-, del cual se tuvo que terminar echando para atrás porque, desde entonces, el tabasqueño mostró su gran habilidad para la victimización.

La lección que este 8 de marzo le dieron las mujeres a quienes auguraban –y hasta parecía que deseaban y alentaban- una bacanal de violencia en la Ciudad de México y en otras de las principales demarcaciones del país, ha sido épica e ilustrativa de cómo este movimiento sigue siendo el gran talón de Aquiles del régimen de la pretendida “cuarta transformación”. Mientras en la Ciudad de México se amuralló todo el Centro Histórico y se lanzaron a las calles hasta a elementos de la Marina –el único cuerpo castrense que es capaz de anular a los sicarios del crimen organizado en un enfrentamiento- para “contener” a las mujeres, en su enorme mayoría muy jóvenes, éstas respondieron con flores, con abrazos, con cantos, sin dejar de lado sus demandas, su exigencia a su derecho a vivir sin miedo, sin violencia. Tremendo chasco se habrá llevado el presidente “más feminista de la historia” –como le dicen sus aduladores-, quien pocas horas antes, desde el palacio atrincherado en el que convirtió un monumento nacional, volvió a arremeter contra ellas, las que no se amilanan ante sus insultos y le hacen frente. Y que por eso mismo las detesta.

Quedó al descubierto la grotesca manera en la que el gobierno de Veracruz no solo ha violentado la ley al financiar con recursos públicos una dispendiosa campaña para promover la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, sino también cómo son capaces de mentir sin pudor alguno. Toda la semana pasada la agenda y el clima de opinión fueron dominados por la abrumadora campaña propagandística desplegada por todo el estado para promover la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cara a uno de los engaños más caros de la historia política reciente de México: la consulta de revocación de su mandato, que su propio régimen promueve en sentido inverso, como una ratificación.A los señalamientos mediáticos sobre que ningún particular puede sostener de su bolsillo una campaña tan costosa como la que está a la vista de todos en Veracruz, se agregaron las denuncias de actores políticos de oposición, que acusaron directamente al gobierno de Cuitláhuac García de estar detrás del derroche, que además –y no hay que dejar de insistir en ello- es completamente violatorio de la ley.

Entre los distintos análisis e intentos de explicación –algunos delirantes, muchos francamente interesados- sobre la irracional violencia que se desató durante un partido de fútbol en Querétaro el sábado pasado, el más convincente tiene que ver con el principal mal que aqueja a nuestro país y del cual se derivan casi todos sus problemas: la ausencia en México de Estado de Derecho. Independientemente de los factores específicos que pudieron llevar a las brutales demostraciones de barbarie en el estadio “Corregidora” –muchas acciones, como el desnudar a los que ya están sometidos, son propias de los usos del crimen organizado- durante un encuentro entre clubes que no son precisamente los que más pasiones despierten, lo que salta a la vista es que están rotas por completo las condiciones mínimas que garanticen la convivencia social armónica. No hay ley ni autoridad que valga, como bien quedó de manifiesto con las imágenes que circularon.

Aunque siempre hubo indicios claros de mucho de lo que pretendía hacer la “4t” si arribaba al poder, tampoco puede decirse que aspirar a cambiar el estado de las cosas como estaban en México fuera un error de la ciudadanía. La corrupción rampante, la violencia incontenible, la desigualdad, la ausencia de oportunidades, eran parte de una realidad que provocó un entendible y justificado hartazgo social que se gestó y venía manifestándose en mayor o menor medida desde varios años antes, pero que en 2018 encontró un punto de ebullición que llevó a una sociedad dolida y víctima de sistemáticos abusos y constantes decepciones a decidir quebrar al sistema, con la esperanza de un cambio en la manera de conducir al país. Eso fue lo que representó para millones la figura de un Andrés Manuel López Obrador que, sin ofrecer nada del otro mundo más que “acabar con la corrupción”, funcionó como una válvula de escape que, para quienes no analizaban con mediana profundidad su discurso y actitudes, significaba una esperanza real de un México más justo y equitativo. Por eso tanta gente le brindó su confianza en ese momento.

Más allá de la burda manipulación que en sí representa la consulta de revocación de mandato del presidente de México–porque nadie desde la sociedad civil la está solicitando, salvo algunos sospechosos “tontos útiles” que más bien parecen esquiroles-, es aberrante la manera como el régimen viola (ni tan) veladamente la ley con sus acciones. Desde hace semanas se ha reportado desde distintas regiones del país la colocación de propaganda de promoción de la consulta en sentido contrario a lo que establece la ley, que dispone que se pregunte a la población sobre si se remueve o no de su cargo al Presidente de la República. En cambio, esa propaganda –de la que se hacen “responsables” supuestas y fantasmagóricas asociaciones claramente relacionadas con Morena- lo que promueve es una “ratificación” del presidente, figura inexistente en la Constitución de la República, lo que vuelve ilegales esas campañas.

Las crudas imágenes de lo que se percibe como una especie de fusilamiento de un grupo de personas a manos de un numeroso comando de hombres fuertemente armados durante un funeral en San José de Gracia, Michoacán, son una tétrica representación de la realidad en la mayor parte del país. A pesar de la militarización de casi todas las actividades estratégicas, incluida por supuesto la de la seguridad pública, la violencia es incontrolable y mucho más letal que la de sexenios anteriores. Incluso que la del periodo de Felipe Calderón, aquel presidente que declaró la “guerra al narcotráfico” que dejó 120 mil 563 homicidios durante todo su gobierno; o el de Enrique Peña Nieto, en cuya periodo gestión se cometieron 156 mil 66 asesinatos. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador se perfila para ser el más violento de la historia de México, pues en la mitad de tiempo de sus antecesores, poco más de tres años, se han perpetrado prácticamente 114 mil homicidios dolosos de norte a sur del país. Una oleada de violencia que de mantenerse en el mismo nivel, superará los 200 mil asesinatos al final de este periodo de gobierno.