Aurelio Contreras Moreno

La imagen de la pistola apuntando a la cabeza del candidato de PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, José Alfredo Cabrera, asesinado a balazos momento antes de iniciar su cierre de campaña el miércoles pasado, se quedará como muestra indeleble de lo que ha sido el sexenio obradorista. Y no ha sido otra cosa que una espiral ascendiente de violencia, en la que toda la población está completamente indefensa ante los criminales. Baste decir que José Alfredo Cabrera contaba con protección federal, pues sufrió otro atentado en 2023, y el miércoles lo asesinaron a mansalva, en las narices de los elementos de la Guardia Nacional que lo “cuidaban” y que, eso sí, ejecutaron de inmediato al sujeto que jaló el gatillo y éste ya no pudo señalar a los que lo mandaron a cometer el crimen. Muy convenientemente. Este asesinato rubricó el saldo rojo sangre de las campañas políticas más violentas de la historia: 56 actores políticos, incluyendo 32 aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, de acuerdo con Causa en Común, fueron ejecutados durante el proceso electoral entre junio de 2023 y mayo de 2024, mismo que aún no concluye y que todavía podría sumar muertos de aquí a la jornada del 2 de junio.

Este miércoles, las campañas llegarán finalmente a su final. Quizás, las más sucias de la historia moderna de México. ¿Por qué sería así? Durante todo el sexenio, el gobierno se dedicó a hacer propaganda en lugar de atender su verdadera responsabilidad, que es gobernar, lo cual explica el lamentable estado del país en áreas como la seguridad, la salud, la educación y el desarrollo. Pero desde hace por lo menos tres años, se lanzó una desenfrenada campaña propagandística nacional, absolutamente ilegal, para posicionar la imagen de Claudia Sheinbaum en el imaginario colectivo como la “heredera”, aderezada con una intervención sistemática del presidente Andrés Manuel López Obrador, descalificando todos los días a la oposición, socavando la normalidad democrática y la equidad de la contienda y resquebrajando al país en dos bandos: los que están conmigo (los buenos), y los que están contra mí (los traidores a la patria. Porque la patria soy yo). Esta arremetida desde el régimen contra las reglas mínimas de la frágil e incipiente democracia que se había venido construyendo institucionalmente en las últimas tres décadas –tarea en la cual participaron activamente muchos de los que hoy la quieren destruir- ha herido de muerte al sistema político actual, que fue completamente rebasado por los tramposos caraduras que pretenden una restauración autoritaria.

Si algo han demostrado las campañas que están por llegar a su fin es la miseria moral del morenato, que no solo ha reeditado, sino que ha hecho suyas las peores prácticas del viejo priismo. Ésas que juró desterrar y que ahora usa en su beneficio. La reciente exhibición de la doble nómina con la que se cobra la vocera de la candidata a la gubernatura de Veracruz Rocío Nahle, es como un deja vú de la manera como se disponía de los recursos públicos en otros tiempos para financiar actividades políticas a la par de funciones públicas. Otros tiempos que en realidad nunca dejaron de ser estos tiempos. En este caso, la vocera de Nahle, Adriana Muñoz Cabrera, cobró al mismo tiempo como jefa de la Delegación Veracruz-Boca del Río de la emisora pública estatal Radiotelevisión de Veracruz –cargo al que arribó en este sexenio- con un sueldo que alcanzaba hasta los 46 mil pesos mensuales, y también como enlace de Control de Acuerdos y Seguimiento de la Secretaría de Energía –donde Nahle era titular-, con una remuneración que en promedio rondaba más-menos los 15 mil pesos mensuales. Este doble cobro en nómina estatal y federal al mismo tiempo es completamente ilegal. Pero lo peor de todo es que a principios de este año, a esas dos tareas sumó formalmente –porque lo hacía “por lo bajito”- la de la vocería de la precampaña y luego de la campaña de Rocío Nahle. Es decir, mientras cobraba como funcionaria estatal y como funcionaria federal, desempeñaba tareas político-partidistas, lo cual representa un flagrante desvío de recursos y un delito electoral que merece cárcel, pues ya es considerado como infracción grave.

Las campañas han entrado en su recta final en todo el país. Queda exactamente una semana para que concluyan los actos de proselitismo, así como semana y media para la elección que va a definir el rumbo del país y de Veracruz para la siguiente década, por lo menos. Y el ambiente político, como el meteorológico, está que arde. Contrario al triunfalismo del discurso que intenta propalar –con una pequeña ayuda de sus textoservidores y amanuenses más abyectos-, el morenato en el poder en Veracruz vive una profunda crisis que hace unos meses parecía impensable. La candidata del oficialismo, Rocío Nahle, sufre una estrepitosa caída libre desde hace varias semanas, producto de la amplia exhibición mediática de sus millonarias propiedades, la vida de lujos y privilegios de su familia, el tráfico de influencias en beneficio propio y, especialmente, la manera déspota y prepotente con la cual se conduce con propios y extraños y que le ha abierto varios flancos dentro de su propio partido.

Mientras la opinión pública nacional se ocupaba de la marcha de la “marea rosa” en distintas ciudades del país y del tercer debate de las y el aspirante a la Presidencia de la República, México vivía el día más violento en lo que va de este año. De acuerdo con las cifras del reporte diario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), este domingo se registraron 104 homicidios dolosos en todo el país, convirtiéndose en la jornada más sangrienta de lo que va de 2024 hasta su quinto mes. Otro dato destacable es que en 20 de los 32 estados del país se reportó al menos un homicidio, y en cinco de concentró el mayor número de asesinatos: encabezaron el Estado de México y Guanajuato con 15 ejecuciones, les siguieron Jalisco y Michoacán con diez, Baja California con seis y Veracruz –donde el gobierno estatal morenista estaba ocupado boicoteando mítines y hostigando opositores- con cuatro.

Con poca resonancia mediática, pero con una trascendencia más que relevante, transcurrió la presentación de los “Compromisos por la Paz” que se llevó a cabo esta semana en Xalapa, y que forma parte del Diálogo Nacional por la Paz para buscar frenar la violencia en el país. El objetivo planteado en el encuentro celebrado el martes pasado fue “generar un espacio de diálogo plural e incluyente para articular iniciativas locales y construir una agenda estatal de paz que atienda la realidad de inseguridad y violencia que impera en Veracruz”. El Diálogo Nacional concluyó con un “Acuerdo Ciudadano por la Paz” para “impulsar la implementación de la Agenda Nacional de Paz en los diferentes sectores de la sociedad, presentarla a todos los candidatos y candidatas a un puesto de elección, y crear una Red Nacional por la Paz para articular procesos locales, estatales y nacionales”.

La destitución fulminante de tres funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez fue una orden –sin comillas, literal- que le dio Rocío Nahle a quien todavía cobra como gobernador de Veracruz. Los hoy exfuncionarios Yair Ademar Domínguez Vázquez, quien fungía como encargado de la Subsecretaría de Gobierno; Israel Hernández Roldán, ahora exencargado de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos; y Rafael Castillo Zugasti, quien encabezaba el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), tenían en común ser operadores cercanos del otrora poderoso exsecretario de gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos. Cisneros salió del gobierno –donde era quien en realidad mandaba- para disputar en serio la candidatura de Morena a la gubernatura a la propia Rocío Nahle, de quien en un principio él mismo fue operador y pieza clave para controlar la administración pública estatal de Veracruz, ante la debilidad e indolencia de Cuitláhuac García. Eric Cisneros acumuló tal cantidad de poder –del bueno y sobre todo del malo-, que se creyó que podía disputar con plenitud de derecho la candidatura a la gubernatura de Veracruz. Al menos, él sí había nacido en su territorio, no como la “elegida” por “ya saben quién”.

A casi dos semanas de que concluyan las campañas electorales en México, el ambiente político y social en el país está caldeado, enconado, sostenido apenas con alfileres. El régimen obradorista ha puesto conscientemente en riesgo todo el proceso electoral. Desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, pasando obviamente por los gobernadores, violan la ley sistemáticamente, entrometiéndose en las campañas, atacando a los candidatos y partidos opositores, hablando en favor de las candidaturas de su partido y hasta desviando recursos descaradamente. Veracruz es un caso singular de estas prácticas que antes solo se asociaban al “viejo régimen”, mismo que goza de cabal salud con el morenato. La burocracia y las instituciones públicas están puestas al servicio de las y los candidatos de Morena sin recato alguno. Los empleados de confianza y hasta los de base son “invitados” a brigadear y asistir “voluntariamente” a… fuerzas a los mítines y recorridos de personajes como la aspirante a diputada local por Xalapa, Dorheny García Cayetano –cuya enorme cercanía con el gobernador Cuitláhuac García no le alcanzó para postularse al Senado-, de lo cual dejan rastro en sus redes sociales sin problema alguno, pues se sienten –y a lo mejor, se saben- impunes.

El debate que los candidatos y la candidata a la gubernatura de Veracruz sostendrán el domingo próximo marcará la última oportunidad para contrastar lo que le ofrecen al electorado de la entidad, y seguramente señalará el rumbo que tomará la elección hacia su recta final. Durante el primer encuentro de los abanderados a la gubernatura, la pauta fue marcada por el ataque directo entre los punteros, con un saldo desfavorable para la candidata oficialista, que nunca pudo explicar satisfactoriamente el elevado incremento de su patrimonio durante los últimos años evidenciado en días previos, así como el fiasco de la refinería de Dos Bocas, lo que le impidió llevar esa multimillonaria obra “insignia” del obradorato como bandera de campaña. En esta segunda –y última- oportunidad, es previsible que Rocío Nahle intente una contraofensiva. Pero hasta ahora, solo han demostrado tener la “pólvora mojada”, pues lo que han sacado para intentar denostar al candidato opositor José Francisco Yunes Zorrilla es hasta de risa.

Entre los muchos rubros en los que el régimen obradorista en su conjunto ha demostrado su lado más miserable, el tema de los desaparecidos es uno de los peores. Desde hace varios meses, los gobiernos de Morena en todos los niveles, pero especialmente el federal, se pusieron una meta: reducir –maquillar, mejor dicho- las cifras de personas desaparecidas en el país de una manera grotesca, simplemente borrándolas de los padrones para dar una imagen de que se “resolvió” el problema. El pasado mes de marzo, la organización de la sociedad civil Data Cívica dio a conocer la plataforma digital “Volver a Desaparecer”, por medio de la cual contrastan distintos registros de personas desaparecidas. Entre sus hallazgos, detectaron que al menos 10 mil 953 nombres de personas fueron borrados en el nuevo censo que mandó hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que, se supone, deberían corresponder a personas que ya habían sido localizadas.