Aurelio Contreras Moreno

A la farsa pública del supuesto proceso interno para “elegir” (já) a la próxima dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, hay que añadir el ambiente de intimidación interna para aplastar cualquier asomo de disidencia contra el impresentable Alejandro Moreno Cárdenas. Desde la última Asamblea Nacional a modo que se organizó “Alito” Moreno para acomodarse los estatutos del PRI a su particular conveniencia política, fue notoria una agresiva hostilidad contra los militantes que no aceptan la imposición de un cacicazgo que se apodere por completo de su partido y perpetúe una dirigencia a todas luces fracasada. Pero muy útil para el sistema. Mientras en el proceso electivo hacen como que sí hay competencia interna por la dirigencia, hacia adentro el clima es de terror: quien no acepte a Moreno Cárdenas prácticamente como nuevo “dueño” del PRI, no tiene cabida en ese partido y mejor será si se larga. Lo anterior no es una interpretación ni una exageración. En días pasados, en el Comité Directivo Estatal del PRI de Veracruz –donde manda una incondicional de Alejandro Moreno- les leyeron la cartilla en medio de improperios a quienes ocupan cargos directivos de todos niveles: quien no esté de acuerdo con el “reinado” del campechano en el tricolor, que se vaya, porque según esto, “todos están ahí por ‘Alito”. Lo cual, valga decir, tampoco es verdad, pues varios son posiciones del ex candidato a la gubernatura.

Usar al aparato de procuración e impartición de justicia para amedrentar, neutralizar e incluso aplastar a los adversarios políticos es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos. Pero es una práctica de lo más común en México. Fue todo un escándalo en la década de los 90 del siglo pasado la detención y procesamiento del ex gobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro luego de que se peleara con el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien ordenó echarle toda la maquinaria judicial al político que se atrevió a “salirse del huacal” y renunciar al PRI. El encargado de operar la cacería de Dante Delgado fue quien en esa época fungía como secretario general de Gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Y huelga decir que había pruebas de que el hoy dueño de Movimiento Ciudadano había aprovechado su posición como gobernador para beneficiar con contratos millonarios de su administración a empresas relacionadas con él y su familia. Al final, Delgado Rannauro tuvo que ser liberado, pero no porque hubiese demostrado su inocencia, sino porque los delitos que se le imputaban ya habían prescrito. O sea, porque la intención siempre fue la de ajustar cuentas con él, no la de hacer justicia.

De todos los anuncios que ha hecho hasta el momento la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre quiénes integrarán su gabinete, el de Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública ha sido el peor recibido. Más allá de que se haya desempeñado al frente del sector educativo de la Ciudad de México hacia el final del gobierno de Marcelo Ebrard –en cuya administración también fue secretario de Finanzas-, el principal problema de Delgado no solo es que no cuenta con el perfil para el cargo. Es una señal ignominiosa de lo que se pretende hacer con la educación en el siguiente sexenio. Varias de las controversias más fuertes durante el periodo obradorista –que pareciera no tener fin- fueron precisamente en el ámbito educativo. Primero, con la toma por asalto de instituciones de investigación científica como el Colegio de la Frontera Norte o el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al que acusaron de “neoliberal” y convirtieron en un triste reducto de pseudoacadémicos hiperideologizados, alineados con las consignas del régimen y desprovistos de pensamiento crítico hacia las falencias del gobierno actual. La embestida continuó en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al que le hicieron más o menos lo mismo, pero con un elemento adicional: la “cacería” emprendida por su directora, María Elena Álvarez Buylla, en contra de los investigadores que no se sometían a sus caprichos y prejuicios políticos y personales, lo que incluso llegó a persecuciones judiciales que, una a una, se vinieron abajo, pero lograron amedrentar a buena parte del sector científico del país.

Lo que queda del Partido Revolucionario Institucional –esa pequeña parte que no se ha ido a Morena, donde los reciben con los brazos abiertos- entró en una fase de decadencia y descomposición de la que parece, ahora sí, no habrá vuelta atrás. Este domingo, al estilo morenista –que a su vez es el estilo del más arcaico priismo de la “época dorada”-, Alejandro Moreno Cárdenas encabezó una Asamblea Nacional a modo para aprobar reformas a los estatutos del partido que le permitirían perpetuarse en la dirigencia nacional hasta 2032, convirtiendo al PRI en su personal coto de poder, de la misma manera que ocurre en partidos como Movimiento Ciudadano, el PT o el Verde, que tienen dueño. La dirigencia de “Alito” Moreno es la más desastrosa de toda la historia del PRI. En cuatro años ha perdido 11 gubernaturas y el Revolucionario Institucional pasó a ser la cuarta fuerza política del país. Y a pesar de ello, se apoderó de las estructuras que toman las decisiones en el tricolor a partir del reparto de prebendas, cargos y dinero, desplazando a los grupos y personajes que no se sometieron a sus ambiciones y que han ido desgajando al partido que creó las instituciones de este país en el siglo XX. Su conducción del otrora todopoderoso “partido aplanadora” durante el último proceso electoral fue errática, funesta. Donde se paraba, les restaba simpatías a los candidatos del frente opositor, que no hallaban cómo mantenerlo lo más lejos posible.

En lo que podría calificarse como su primer movimiento de “solista” después de la elección, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que envió una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer la reelección inmediata de los senadores y diputados, tanto federales como locales, así como de los ediles. La figura de la reelección en estos cargos en específico fue incorporada en el texto constitucional en la reforma electoral de 2014, bajo el argumento de procurar una especialización y una carrera legislativa, así como la continuidad de proyectos en el ámbito municipal que en tres años de periodo no se pueden llegar a concluir. Sin embargo, la realidad es que la reelección se convirtió, como todo lo relacionado con la podredumbre de la política en México, en un arma para la construcción de cotos de poder de grupúsculos y succionadores del presupuesto que se enquistaron en los cargos sin especializarse en nada, más que en vivir del erario. Por ejemplo, gracias a la reelección, un sujeto sin preparación, burdo y corrupto como Juan Javier Gómez Cazarín fue diputado local de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz durante seis años consecutivos, en los que convirtió al Poder Legislativo estatal en el hazmerreír nacional por la pésima calidad y la ínfima producción de leyes, muchas de las cuales le fueron echadas abajo por inconstitucionales.

Lo primero que hacen los regímenes autoritarios cuando llegan el poder es, casi invariablemente, tomar el control de la narrativa pública acallando la crítica en los medios de comunicación. Durante todo el sexenio, fue más que evidente la manera en la que desde el gobierno federal se orquestó una campaña de propaganda para desacreditar a los medios y periodistas críticos a través de un uso abusivo de los canales públicos de difusión del régimen, lo que generó un clima de tensión y de hostilidad hacia quienes ejercen la profesión de informar. Quienes afirman que hubo “respeto” a la libertad de expresión durante el obradorato o vivieron en otra dimensión o mienten descaradamente. De acuerdo con la organización Artículo 19, de los 166 comunicadores asesinados en México en los últimos 24 años, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron ultimados 46. Apenas uno menos que en el periodo de Enrique Peña Nieto y dos menos que en el de Felipe Calderón. Con la salvedad que a este gobierno le quedan todavía tres meses. A aquellas administraciones se les reclamó airadamente la ausencia de condiciones para ejercer el periodismo con libertad y seguridad. Pero muchos de los que protestaron entonces ahora buscan justificar al obradorato con la tontería de que no es lo mismo, que este gobierno no mata periodistas. A los anteriores tampoco se les podría probar una acusación de esa dimensión. Pero lo que los tres tienen en común, empero, es la responsabilidad sobre esa situación, que a ninguno le importó asumir.

La discusión sobre la reforma judicial que se llevará a cabo de aquí al mes de septiembre tiene que ver con la viabilidad de un verdadero sistema de justicia para el país, que el obradorato quiere convertir en una –otra más- simulación, en su loca carrera y desbordada ambición por concentrar absolutamente todo el poder en el Ejecutivo. La iniciativa con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende no acabar con la corrupción –que en su sexenio y su administración ha sido rampante y descarada-, sino vengarse y someter a la Suprema Corte, compromete el funcionamiento de todo el sistema de justicia, pues mientras desmantela al Poder Judicial al despojarlo de facto de su autonomía, deja intacto el malfuncionamiento de todas las fiscalías del país, empezando por la General de la República, fuente de la mayoría de los rezagos y corruptelas que obstaculizan el acceso a la justicia en México. Al tener únicamente motivaciones políticas, la reforma desmerece como enmienda jurídica, amén de que el supuesto de que pretende “democratizar” la justicia no es más que una falacia, un engaño demagogo que esconde –y ni siquiera demasiado- su intención de acabar con el equilibrio de poderes para, en su lugar, colocar en el Poder Judicial de la Federación a jueces, magistrados y ministros cuyo compromiso no sea con la defensa de la Constitución –razón de ser de ese poder de la Unión-, sino con el partido, fuerza política o poder fáctico que los impulse para llegar y permanecer en el cargo.

La borrachera de poder y soberbia con la que el régimen se venía comportando en Veracruz luego del 2 de junio se vio abruptamente interrumpida por un acto que, de alguna manera, no fue más que una consecuencia de lo mismo. La brutalidad asesina con la que la policía estatal reprimió la semana pasada una protesta de habitantes de la comunidad de Totalco, municipio de Perote, además de una reiteración del muy “humanista” uso del “garrote” que caracterizó al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en su relación con cualquier clase de disidencia todo el sexenio, fue un exceso propio de quien se cree intocable. Y así se siente –o se sentía- el infame gobernador veracruzano. La violencia ejercida contra los campesinos que protestaban contra el acaparamiento y contaminación del agua de la región por parte de la empresa Granjas Carroll, además de completamente innecesaria, fue desmedida y propia de regímenes autocráticos, pues se trataba solo de un bloqueo carretero, no del incendio de un pozo petrolero, como muchos morenistas saben muy bien quién los protagonizó hace 30 años, a pesar de lo cual no los agarraron a balazos. La saña de los gendarmes, dizque con preparación de excelencia en la Academia Regional de Policía –cuyo director se la pasa todo el día en Facebook “agitando la matraca”, alabando al gobierno y a Morena-, los llevó a perseguir a población desarmada, indefensa, y a asesinar a sangre fría a dos hermanos a los que fueron a “cazar” a sus domicilios particulares. Si así fueran con los sicarios del narco, otro estado sería éste.

Si una certeza dejó el pasado proceso electoral, además de la brutal suciedad e inequidad con la que se desarrolló, es que el sistema de partidos que tenemos en México no da para más. Si bien se enfrentó una elección de Estado como no se había vivido en México en los últimos 30 años, eso no desaparece la responsabilidad de los partidos que desde la oposición demostraron con creces que se merecen el repudio de la ciudadanía. La debacle del 2 de junio no podría comprenderse en su justa dimensión sin la actuación protagónica de los peores dirigentes partidistas en la historia del PRI y el PAN: Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés. El tal “Alito” Moreno fue un absoluto lastre para todos los candidatos de la alianza opositora. Donde se paraba durante la campaña, se convertía en un negativo, en una resta automática de apoyo. No solo por la corrupción evidenciada de este sujeto –que no fue castigada porque al régimen le conviene tenerlo donde se encuentra-, sino porque su gestión como presidente nacional del PRI ha implosionado al otrora todopoderoso tricolor, provocando un éxodo de figuras, militantes y operadores hacia otras fuerzas políticas, en especial a Morena o a su “patiño” el Partido Verde.

Más allá del resultado de la elección, contundente más no convincente, al tratarse de uno de los procesos más viciados y plagados de ilegalidades de la historia moderna de los comicios en México, lo cual merece un análisis aparte, lo importante es lo que viene: la destrucción de las instituciones de la primera alternancia y la transición democrática. Horas después de que un destartalado Instituto Nacional Electoral fuera capaz de dar a conocer los resultados de la elección, que en otros años se informaban no más allá de las 10 de la noche para brindar certeza, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó quién manda –y pretende seguir haciéndolo- en el país, y anunció que llevará a cabo sus planes de desmantelamiento de los contrapesos institucionales al Poder Ejecutivo antes de irse. “Lo voy a hablar con Claudia, la virtual presidenta electa, porque presentamos iniciativas que están en el Congreso, a ver cuáles de esas iniciativas podemos impulsar y que se alcancen a aprobar. (…) Nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta”, dijo en su “mañanera” de este lunes, “tirando línea” a quien se perfila como su sucesora, pero que asumirá el poder un mes después de que entre en funciones el nuevo Congreso de la Unión, que estará dominado por Morena.