Aurelio Contreras Moreno

¿Serían capaces los Yunes panistas de negociar la entrega del Poder Judicial de la Federación al obradorato a cambio de impunidad y de protegerse de una persecución judicial en forma?
La respuesta es sí. Han negociado con sus enemigos hasta por menos que eso.
Baste recordar la elección federal de 2012. En su momento, integrantes del círculo cercano del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa relataron cómo éste se reunió con Miguel Ángel Yunes Linares en persona, en Boca del Río, para acordar una especie de “tregua política” en la que los panistas le “bajaran” a sus críticas al gobierno estatal –que para ese momento ya tenía a la entidad hecha un desastre de violencia y corrupción- a cambio de que desde el gobierno estatal no le pusieran obstáculos a la pretensión de Fernando Yunes Márquez de llegar al Senado.
Dicho y hecho. El duartismo no le puso piedras en el camino. Y aunque no ganó la elección, Fernando Yunes llegó a la Cámara alta como primera minoría, exactamente igual que lo haría su hermano Miguel Ángel doce años después. Lo que sucedería luego, ya es otra historia.

Un rasgo muy propio de los regímenes autoritarios es que, totalmente intolerantes a cualquier crítica, buscan silenciarla por todos los medios, principalmente la censura y hasta la represión violenta, lo cual se puede llevar a cabo en más de una modalidad.
Atrapadas en esa espiral autoritaria, las instituciones y quienes las dirigen se suelen convertir en los principales instrumentos para acallar voces disidentes y no se escatiman recursos públicos para derrochar en pos de alcanzar ese objetivo.
Baste ver cómo el obradorato reaccionó a las marchas contra la reforma judicial convocadas por estudiantes universitarios, un movimiento que considera como si fuese de su propiedad y con el que ha lucrado políticamente durante décadas.
Para contrarrestar las protestas, los gobiernos morenistas se hicieron su propio “movimiento estudiantil”, integrado por las “juventudes” del partido y empleados gubernamentales, a los que mandaron a marchar en favor de la medida impulsada por el gobierno, algo que podría calificarse hasta de “antinatura”, pues los movimientos estudiantiles legítimos son necesariamente rebeldes y contestatarios ante la autoridad, no sometidos a la misma.

Nada podrá detener la aprobación en la Cámara de Diputados –y muy probablemente, tampoco en la de Senadores, gracias a una suripanta y muy barata oposición- de la reforma judicial.
Enloquecidos de poder, los legisladores del oficialismo obradorista han decidido ir hasta el final con una reforma que los perseguirá el resto de sus días por haber destruido el orden constitucional y la división de poderes.
Convertidos en una caricatura, Morena y aliados desacatan suspensiones, pisotean procesos y protocolos y han hecho del proceso legislativo un patético circo. Todo, con tal de complacer al émulo de Nerón que ve arder al país desde un palacio virreinal mientras se regocija en una demencial revancha.
Los mismos obradoristas han dado muestra de lo que pretenden hacer para someter a jueces, magistrados y ministros y que es la fuente de la desconfianza hacia las supuestas “buenas intenciones” de la reforma al Poder Judicial.

Los acontecimientos alrededor del al parecer inevitable declive de la República y la división de poderes que significa la reforma judicial, mantienen en estado de tensión a un país dividido y al mismo tiempo, han sacado a la luz las expresiones más primarias y rufianescas de la neoclase gobernante.
Tras la captura de los órganos electorales que le regalaron una sobrerrepresentación ilegítima en el Congreso de la Unión, el obradorato en el poder está fuera de control y siente que no hay límites para hacer con el país lo que quiera, bajo la falacia de que cualquier cosa que desee hacer –hasta la más absurda- cuenta con el respaldo del “mandato popular”.
Mientras ante miles de personas que le vitorean el presidente miente con desparpajo sobre un sistema de salud –quizás el más grande y criminal de sus fracasos- “mejor” que el de Dinamarca, los políticos de la mal llamada “cuarta transformación” se solazan en una borrachera de poder en la que desprecian cualquier voz, cualquier alerta que pueda despertarlos de una juerga que creen interminable y en la que pueden pasar por encima de quien sea y de lo que sea. Incluida la frágil legalidad que está a punto de extinguirse para transformarse en un autoritarismo delirante.

Todo indica que nada podrá detener la destrucción del entramado institucional construido en la etapa de la transición y alternancia democráticas en México, para inaugurar una nueva época de opacidad y feroz autoritarismo.
En una delirante sinrazón, el obradorato enfila al país a una regresión política de alcances históricos, que le costará muy cara a México desde ahora, pero cuyos efectos perniciosos afectarán la vida de varias generaciones.
El pasado 23 de agosto, motejado ya como “viernes negro”, en comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó la desaparición de siete organismos autónomos reguladores, entre los que destacan el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y particularmente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por mucho uno de los más grandes logros de toda esta etapa histórica que, sin ser la panacea y perfectible como cualquier institución, obligó a los servidores públicos y a los distintos gobiernos de todos los niveles a transparentar el uso de los recursos públicos los últimos 20 años.

Particularmente en el estado de Veracruz, el resultado de la pasada elección no tiene nada que ver ni refleja el ánimo social hacia la agonizante administración de Cuitláhuac García Jiménez, quien cierra su gestión empequeñecido, ninguneado y en la antesala de un cobro de facturas desde su propio partido.
Frustrado por ser la burla de propios y extraños, hecho a un lado de las posiciones políticas relevantes del próximo sexenio, García Jiménez vive sus últimos días al frente del gobierno de Veracruz al que llegó de “chiripa”, como el burro que tocó la flauta o, como en este caso, que ganó una gubernatura. No por mérito propio, sino colgado de la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Así sigue. Luego de varias semanas presionando con que había sido invitado por Claudia Sheinbaum a integrarse al próximo gobierno federal, la presidenta electa confirmó hace unos días que él -y todos los gobernadores salientes de Morena- tendrá un espacio, aunque no especificó cuál. Decisión que evidentemente le ha sido impuesta, ya sabe usted por quién.
Fuera de toda proporción respecto de sus capacidades políticas y personales, García Jiménez buscó por todos los medios ser el sucesor de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad y filtró dicha especie como si fuera un hecho entre alguna prensa “condescendiente” con él, por decirle de alguna manera. Se llevó un chasco verdaderamente humillante cuando Sheinbaum evidenció la falacia del xalapeño.

Hace casi ocho años, en octubre de 2016, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció en el noticiero matutino de Carlos Loret de Mola en Televisa que pediría licencia a su cargo para enfrentar las acusaciones de peculado y desvío de recursos que enfrentaba luego del hasta entonces peor gobierno de la historia de Veracruz.
Faltaba realmente muy poco tiempo para que concluyera su mandato, mes y medio aproximadamente, pero Duarte ya era insostenible. Veracruz era un caos financiero, político y social. Había perdido las elecciones por la gubernatura ante su odiado enemigo Miguel Ángel Yunes Linares y lo peor, había perdido también el favor y la protección política y penal del presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, las denuncias que finalmente lo llevaron a la cárcel, donde aún permanece, fueron las presentadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para cubrir el corto periodo que le restaba al sexenio, en medio del júbilo generalizado por la caída de Duarte, ocupó la oficina como gobernador interino el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, quien en ese mes y medio que le tocó inauguró algunas obras, encabezó unos cuantos actos públicos, realizó pequeños cambios administrativos y enfrentó la crisis política y económica que le dejó Duarte, quien en lugar de dar la cara por las acusaciones en su contra, se dio a la fuga. El resto de la historia es por demás conocida.

La determinación de este lunes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de las impugnaciones a los comicios presidenciales, bien podría hacer las veces de “acta de defunción” de la transición a la democracia iniciada hace 30 años.
Por una mayoría de cuatro votos contra dos, los magistrados con los que el obradorato “colonizó” el alguna vez sólido órgano jurisdiccional legitimaron la elección de Estado más descarada desde los comicios de 1988 y de alguna manera se cerró el círculo que anula la pluralidad y devolverá al país a un estadio antidemocrático y ascendentemente autoritario.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó por “infundadas” todas las impugnaciones que pedían la nulidad de la elección presidencial, a pesar de que reconoció la existencia de irregularidades graves, que se cometieron a la vista de todo México, pero que los juzgadores prefirieron no mirar.
Los magistrados “pro-4t”, Mónica Soto, Claudia Valle, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes fueron pródigos en adjetivaciones para las denuncias de la oposición, a las que tildaron de “vacías, incoherentes, deficientes, absurdas, inconsistentes, aisladas o simples manifestaciones temerarias”, a pesar de que admitieron la existencia de por lo menos dos situaciones que comprometieron por completo la legalidad y legitimidad de todo el proceso.

El pasado fin de semana, desde el sur de Veracruz y sin venir a cuento, el presidente Andrés Manuel López Obrador deslizó la versión de que la gobernadora electa Rocío Nahle había sido víctima de una extorsión por parte de una televisora durante la campaña a la gubernatura. Lo reiteró el lunes en su “homilía mañanera”: “ya no voy a mencionar la televisora, pero se lanzaron. Es que ayer estuve en Veracruz y me contó Rocío Nahle de cómo fueron a extorsionarla, creo que le pedían 200 millones de pesos porque supuestamente tenían información de Dos Bocas, tenían información de actos de corrupción, le dijeron”. López Obrador refirió que le dijeron a Nahle que “había supuestas facturas en donde demostraban que había permitido la corrupción en la construcción de la refinería. Y la acusaban de tener propiedades, y que para detener todo eso le pedían 200 millones de pesos”. Y todavía el martes, se volvió a referir al tema. Ese mismo día, la propia Rocío Nahle comenzó a aparecer dando entrevistas a distancia a medios afines, como la televisora pública Canal Catorce, donde repitió el mismo guion de la supuesta extorsión.

Mientras los morenistas en el poder se regodean en la euforia de una victoria contundente, pero claramente malhabida e ilegítima ante la elección de Estado que llevaron a cabo, el país es una bomba de tiempo. La sacudida financiera de principios de esta semana que provocó una considerable -aunque todavía manejable- devaluación del peso frente al dólar, dejó totalmente al descubierto la fragilidad de las finanzas del país, a merced de cualquier factor externo que las desestabilice. Y si tomamos en cuenta que lo que se anuncia es una posible recesión de la economía estadounidense, no es difícil prever el impacto que eso pueda tener en nuestro país, justo en la transición sexenal. A ello habría que sumar la incertidumbre por lo que pueda ocurrir en septiembre, cuando entre en funciones el nuevo Congreso de la Unión y si al final los órganos electorales –como consecuencia de la misma elección de Estado- le otorgan a Morena la sobrerrepresentación con la que pretenden desmantelar las instituciones que hacen contrapeso al poder presidencial absoluto y que, paradójicamente, muchos de sus integrantes ayudaron a construir durante el periodo de la alternancia y transición democrática de los últimos 30 años.