Ciencia

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó este domingo a través de un comunicado que se reunirá con trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos, quienes denunciaron despidos injustificados, por lo que se manifestaron afuera de la biblioteca.

Dicha reunión se celebrará este lunes únicamente para informar a los trabajadores su incorporación a la «Biblioteca Vasconcelos en la forma y términos en que se han venido desempeñando».

De acuerdo con el documento, hace 10 años, 31 trabajadores quieres laboraban con contrato indefinido, solicitaron su correspondiente basificasión.

Los empleados temporales cumplían funciones como bibliotecarios, atención al público, gestión de acervo y logística, entre otros, señaló la secretaría.

«El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) emitió cuatro decisiones en los que se encuentran agrupados dichos trabajadores, otorgando la basificación, lo cual implica la creación de plazas para los efectos precisados por dicho tribunal», se lee en la misiva.

En medio de las investigaciones por el accidente ocurrido en el Tren Interoceánico, la empresa Daniferrotools, S.A. de C.V. aseguró que no tuvo intervención alguna en el tramo ferroviario donde se registró el siniestro.

Sostuvo en un comunicado que su nombre fue vinculado públicamente al hecho sin sustento documental y precisó que no participó en trabajos de construcción, rehabilitación, mantenimiento ni en el suministro de materiales en la vía que se encontraba en operación al momento del accidente.

En su posicionamiento, Daniferrotools lamentó la muerte de las personas involucradas y expresó solidaridad con los lesionados, al tiempo que afirmó que su pronunciamiento busca aclarar su situación jurídica sin interferir en las investigaciones en curso.

El 5 de enero, abogados de tres personas heridas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico acudieron a la FGR para denunciar a Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, además de funcionarios que pudieran resultar responsables.

La compañía explicó que en julio de 2019 firmó un contrato con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT); sin embargo, el acuerdo fue rescindido ese mismo año.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló una reforma a la Ley de Obras Públicas de Campeche del 12 de julio de 2024 que permitía a la gobernadora conceder licencias de construcción para “obras de interés estatal y de gran impacto» en los 13 municipios de la entidad.

La decisión fue aprobada por unanimidad al determinar que la reforma vulneró la autonomía municipal reconocida en la Constitución federal y beneficiaba al gobierno de Layda Sansores San Román.

El proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos durante la revisión a la acción de inconstitucionalidad 284/2024, promovida por el municipio de Campeche.

De acuerdo con el documento, el Congreso local transfirió al Ejecutivo una facultad constitucional que sólo pertenece a los ayuntamientos. Al hacer el cambio, los ayuntamientos carecen de facultad para regular y controlar la construcción en su territorio.

“Esta estructura normativa no se limita a establecer bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche, así se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce” explicó Espinosa Betanzo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que fue constitucional la extinción de más de 100 fideicomisos federales propuesta en 2020 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para utilizar esos recursos para atender los efectos de la pandemia de la Covid-19.

Este lunes, los ministros de la Suprema Corte aprobaron por unanimidad ocho proyectos elaborados por el ministro Arístides Guerrero García que propusieron la validez de la extinción de los fideicomisos.

Al respaldar esas propuestas, la Suprema Corte reconoció la validez del decreto publicado en noviembre de 2020 al considerar que los estados que promovieron las acciones de inconstitucionalidad no son afectados por la desaparición de dichos fondos.

Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, gobernados en 2020 por la oposición, impugnaron el decreto que extinguió los fideicomisos destinados a ciencia, cultura, deporte, atención a víctimas, cambio climático, entre otros.

«Las demandas plantearon argumentos genéricos sobre lo que consideraron bondades de los fondos y fideicomisos, pero no pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida en la Constitución», señaló el ministro ponente.

El empresario y activista ambiental Arturo Islas Allende denunció omisiones y presuntas violaciones a los protocolos de bienestar animal por parte de las autoridades de la Ciudad de México, tras el operativo de desalojo y traslado de animales y perros del Refugio Franciscano, ubicado un predio de la alcaldía Cuajimalpa.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el activista cuestionó la naturaleza del operativo ejecutado el pasado 7 de enero, señalando que, lejos de ser un rescate coordinado, se ha convertido en una situación de riesgo para la salud de los animales. Islas Allende afirmó que los ejemplares han permanecido en condiciones de hacinamiento extremo tras su traslado.

“Lo que están haciendo es sacarlos de un lugar donde estaban mal, para meterlos en uno donde están peor. Los trasladaron de un infierno a otro bajo el pretexto de un rescate que no tiene ni pies ni cabeza”, sentenció el activista.

“Lo que yo documenté son animales que llevan cinco días en cajas de 30 centímetros por 30 centímetros, que no tienen acceso a agua y que nada justifica que los tengan así”, detalló en referencia a los videos que publicó en sus redes sociales, donde se ve a los canes dentro de la Utopía del Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero

Según Islas, la administración encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, no garantizó las condiciones mínimas para el resguardo de los animales, especialmente ante las bajas temperaturas registradas en zonas como el Ajusco. El activista señaló que muchos perros durmieron a la intemperie sin los insumos necesarios para su protección.

Un día después de que el presidente de EU, Donald Trump, asegurara que comenzarán a «atacar ahora mismo a los cárteles por tierra» en México con el pretexto del combate al narcotráfico, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció un pacto entre ambos países para vigilar aguas continentales. 

«Hay un acuerdo con la Guardia Costera y el Comando Norte para que sea la Secretaría de Marina quien esté a cargo en nuestras aguas continentales de la vigilancia. Es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando (…). Es un trabajo muy especializado», afirmó Sheinbaum.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, que este viernes se realizó en Acapulco, indicó que la Marina tiene un puesto de control que inspecciona las 24 horas y tienen contacto con la Guardia Costera para detener, de manera coordinada, vehículos marítimos «sin necesidad de que haya una acción de fuerza mayor».

«Obviamente nosotros queremos que se mantenga ese acuerdo y depende también del trabajo conjunto que se haga, de la coordinación y los resultados. Y no queremos pensar en otro escenario», subrayó luego de ser preguntada sobre la posibilidad de un despliegue marítimo como el que EU mantiene cerca de las costas venezolanas.

Sheinbaum resaltó que producto de estos operativos han incautado 1,6 toneladas de cocaína en altamar. «Queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más en el marco de la defensa de nuestras soberanías, de ambos, y de la integridad territorial de México», agregó.