Autor: 12 Horas GR

Un grupo de 65 personas juzgadoras presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la reforma judicial mexicana, en un contexto en el que, según explicó el abogado Zamir Andrés Fajardo Morales, “quedó claro que el Estado mexicano no iba a permitir una revisión de la reforma en el derecho interno”.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el representante común de las y los juzgadores señaló que la vía internacional se activó tras el cierre de los mecanismos internos. “La jurisdicción internacional tiene competencia subsidiaria”, explicó, pero en este caso “el Estado mexicano se dedicó justo a impedir deliberadamente que hubiera cualquier pronunciamiento, lo que abrió la puerta de manera amplia a la jurisdicción internacional”.

Fajardo Morales detalló que la CIDH ya notificó al Estado mexicano y estableció un plazo máximo de cuatro meses para responder. Además, la Comisión analiza dar prioridad al caso y contempla una posible solución amistosa. 

Según el abogado, en la petición se incluyeron “las motivaciones públicamente declaradas por el oficialismo”, así como “el proceso legislativo seguido para llegar a esta reforma sin una deliberación, sin respecto a las reglas democráticas”.

También se planteó que el contenido de la reforma es “abiertamente violatorio de derechos humanos”, con énfasis en la afectación a la carrera judicial.

Uno de los ejes centrales del recurso es la desarticulación de la carrera judicial. Fajardo Morales subrayó la experiencia acumulada de las personas afectadas: “Estas personas juzgadoras en promedio tenían 27 años de carrera judicial”.

Siete de once consejeros y consejeras electorales emitieron un comunicado para desconocer un documento enviado a nombre del Instituto Nacional Electoral (INE) con observaciones al Plan B, que corresponde la reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República.

La existencia del documento se ha ventilado en columnas y espacios de medios de comunicación. El Universal publicó que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dejó ‘plantados’ a senadores que la esperaban para conocer el punto de vista institucional sobre los cambios propuestos: “doña Guadalupe optó por enviar un escrito al Senado con las observaciones al proyecto del Plan B”.

La columna Sacapuntas de El Heraldo dice: “Los consejeros del INE, encabezados por Guadalupe Taddei, dejaron plantados a senadores de las comisiones que revisan el Plan B. Los funcionarios electorales indicaron que, por motivos de agenda, no podían asistir. En su lugar enviaron un documento con las propuestas del órgano sobre la reforma presidencial”.

Este martes, siete consejeros emitieron un comunicado para desconocer tal documento, ya que el Consejo General del INE “no ha emitido observaciones ni propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como ‘Plan B’”.

Se tiene conocimiento de que diversos medios de comunicación han referido la supuesta entrega de un documento atribuido al INE.

Desconocemos por completo su origen, contenido y las circunstancias de su presunta entrega, por lo que dicho material no refleja ni representa una posición institucional.