El cártel de los palacios (de gobierno y de justicia)
El caso de un “cártel inmobiliario” en Veracruz que explotó esta semana a nivel mediático es un espejo de la descomposición institucional que atraviesa al estado y cuyas aristas amenazan con hacer una brutal carambola entre la clase política de la entidad.
Lo que comenzó como denuncias de despojos de viviendas y terrenos mediante juicios fabricados, escrituras falsas y mutilación de registros públicos, se revela como algo mucho más amplio y grave: una red de complicidades que involucra a jueces, notarios, funcionarios del Registro Público de la Propiedad, abogados, “coyotes”, empresas inmobiliarias y operadores políticos.
Uno de los casos que captó la atención mediática fue el del desalojo de una familia de una residencia en el fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa, valuada en ocho millones de pesos, pero que fue “vendida” en una operación irregular en la ridícula suma de 300 mil pesos. En este caso, se denunció que quien firmó las actuaciones judiciales y ordenó el desahucio de los legítimos dueños fue el entonces juez Leopoldo Toss Capistrán.
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