Autor: 12 Horas GR

Un general del Ejército mexicano solicitó en 2015 al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, que se impidiesen las excavaciones y se retirasen las salas de arresto del 27 Batallón de Infantería de Iguala, ante la presión de los padres de los normalistas Ayotzinapa por ingresar a los cuarteles para buscar a los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. La información, que fue reportada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a raíz del ‘hackeo’ a los archivos de la Sedena que hizo el grupo de ciberpiratas Guacamaya, muestra el oficio enviado por el exjefe del Estado Mayor de la Sedena, el general de división D.E.M. retirado Humberto Guillermo Aguilar. En el texto, el general Aguilar advierte de una «mal intencionada estrategia» de los «asesores» de los padres normalistas para señalar como «presunto responsable» de la desaparición de los jóvenes «al gobierno federal» y pretender «involucrar al Ejército y a la Policía Federal, todo con la finalidad de buscar desestabilizar al actual gobierno y lograr que el Ejército regrese a sus cuarteles». Asimismo, el general Aguilar recomienda que el comandante del 27 Batallón «se ajuste a las declaraciones oficiales o versión oficial y evite caer en contradicciones, en el concepto que por ningún motivo deberá aceptar que a los cuarteles se concentran civiles detenidos».

El canciller Marcelo Ebrard adelantó este miércoles que el equipo legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores alista una segunda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, que tomará como eje una legislación aprobada recientemente por el Congreso estadounidense, que permitirá también imputar a los prestanombres que ayudan a traficar armas a México. “Puedo informarles también que estamos preparando ya la segunda demanda (…) en este caso va a ser en Arizona. Y vamos a demostrar que en muchos de estos puntos donde se venden estos productos (armas), en estos (diez) condados que les acabo de decir, están operando prestanombres y se tiene que empezar a fincar responsabilidades penales”, dijo. El canciller indicó, durante su comparecencia en el Senado, que el 60% de las más de 55 mil armas que han sido aseguradas entre 2020 a la fecha fueron vendidas en sólo 10 condados. La nueva demanda se sustentará en una ley aprobada en el Congreso de EU, con apoyo bipartidista, el pasado junio y establece como delito federal el tráfico ilícito de armas a otros países e impone penas contra los prestanombres que facilitan el tráfico.