Saqueadores, endeudadores y vividores de  las finanzas públicas.

A 46 días, del final se continúa negando, manipulando o minimizando,  importantes aspectos de la realidad gubernamental, sobre todo de carácter financiero y presupuestal.

Veracruz  más inseguro, más empobrecido y más endeudado, y en crisis económica y financiera.

Misterios del Señor, enigmas de la tecnocracia. ¿Por fin cuál es el total-total de la deuda pública estatal?

Tema, como otros, en el que el Poder Legislativo Estatal mostro irresponsabilidad e incapacidad,  ya que fue ignorado o ninguneado junto a su autoridad presupuestal. Viaje sin retorno de la “Comisión a la omisión de la verdad”. Mediocridad, servilismo y voluntarismo evidentes.

Siempre es hora de exigir una verdadera transparencia y rendición de cuentas, así como fiscalización efectiva y evaluación social real. No más simulación y justificación a modo.

La deuda pública es pública, nada de secretitos y guardaditos, ni de malas interpretaciones y conveniencias. La deuda es institucional no personal, nada de que el faraón en turno solo reconoce la suya o la que le da la gana.

Imprescindible exigir que cumplan con su deber, a presuntos responsables y culpables potenciales,  instalados en la comodidad de la opacidad y el incumplimiento delictivo,  ignorando o menospreciando su obligación ineludible de informar, empezando por publicar cuánto ganan y por qué.

En Veracruz, como en el país, concluye un  gobierno, que es ejemplo de decepción y fracaso, de malograda alternancia política. Como es usual, los que están y ya se van, dejan algunos socios, cómplices y encubridores.

Respecto a la deuda pública, en general, su manejo ha sido discrecional y autoritario, inconsistente y contradictorio. Sin duda supera los 100 mil millones de pesos.

Un día, el supuesto responsable de las finanzas, asegura que se dejan solo 46 mil millones de deuda; y ese mismo día,  el encargado de pensiones, afirma que se le deben al IPE, más de 8 mil millones; casi al mismo tiempo,  los municipios reclaman más de 6 mil millones que no les han pagado, además por pasivos laborales se estiman más de 5 mil millones; y así, noticias y reclamos se multiplican y trascienden: empresarios exigen  pago de adeudos,   la Universidad Veracruzana inexplicablemente espera y se conforma con abonitos, e incluso en otros casos, se sabe de  sentencias judiciales favorables a la exigencia, de ejecución en pago de contratos y obligaciones, que en algunos casos obliga a los funcionarios a obtener y  andar amparados. Y así, por un lado se niega lo que, por el otro,  confirman y siguen las noticias, de deudas institucionales y otro tipo de pagos pendientes.

Vamos, hasta el mismo gobernador en pretendida corrección a otra declaración, reconoce y precisa otro tipo de deuda del gobierno estatal pendiente, la del SAT por casi 13 mil millones. Eso sin considerar otras, como la deuda histórica, facilitada al Poder Judicial estatal, que compromete casi 4 mil millones.

¿Y los obligados a informar? ¿Por qué los que tienen que pagar, no saben el total-total de la deuda pública estatal?

Es preciso insistir y señalar, que dicha deuda,   se ha convertido ya,  para los presentes en enorme daño y cuantiosa pérdida; y para los ausentes, que todavía no nacen, pero constituirán las próximas generaciones, puede transformarse en pesada carga, forzada limitación, obligado sacrificio y privación de oportunidades.

Una vez más. La clave de las estrategias viables y confiables, es muy simple y sencilla: hay que basarse en  auténtica transparencia y  verdadera rendición de cuentas, así como   fiscalización profesional y  permanente evaluación social.

Los gobiernos locales,  hasta  hoy, deben cada vez a más y con demasiados quedan mal; eso sí, a la mínima oportunidad,  pretenden privatizar o rematar, concesionar o “asociarse”, para trasladar y repartir las pérdidas a la  sociedad; y garantizarse ventajas y beneficios personales.

VIGENCIA DE LA LEY DE HERODES

Urge una revisión y confrontación con la legislación federal y estatal vigente, para determinar  pérdidas, sacrificios  y retrocesos; la  responsabilidad hacendaria correspondiente;  y además, confirmar   armonización contable, dimensionar  obligaciones financieras,  coordinación, registros, auditorias, planes, programas  y otros importantes aspectos.

¿Por qué, en muchos casos,  no aparecen las obras públicas e inversiones productivas,  que de acuerdo a las leyes, se supone deben respaldar el endeudamiento contraído?

No es difícil determinar el grado de corrupción,  y cómo ha operado la delincuencia gubernamental, sus cómplices y beneficiarios.

Desde hace años se alertó, que “la contratación de deuda bancaria de los estados y municipios ha sido muy onerosa con altas tasas de interés y comisiones, situación que no corresponde con las garantías de participaciones que otorgan las entidades federativas…”. Se explicó, “que pese a que las deudas de los estados y municipios están garantizadas, prácticamente por el Estado, sus costos están por encima entre 2 y 5 puntos porcentuales, con respecto a los créditos que obtiene el gobierno…” (La Jornada. 250813)

OPACIDAD GENERA INCAPACIDAD Y RAPACIDAD.

No es necesario ser experto o especialista,  para exigir no más engaños. Imprescindible informarse, participar y evaluar.

Por lo que una vez más, se debe exigir y preguntar al gobierno estatal: ¿De qué tamaño es el daño recibido y cuál es ya, el acumulado por el gobierno actual? ¿A cuánto asciende el total-total de deuda pública estatal y municipal? ¿Dónde están los miles de millones de pesos presupuestados y desaparecidos? ¿Y los resultados de la entrega recepción? ¿Cuántos despedidos y nuevos contratados van? ¿Renovar o autorizar más concesiones y privatizaciones, para beneficiar a quienes? ¿Cuál es el costo de la reestructuración de la deuda? ¿Es obligatorio sostener a funcionarios ineptos o mediocres con elevados y ofensivos sueldos, más beneficios especiales?

Para que darle más vueltas al asunto.

Se sabe que se favorece el endeudamiento público de estados y municipios, porque ha sido y es exitoso para la banca y los gobernantes, que con sus funcionarios y consultores,  lo promueven, justifican, reestructuran y financian.

Sólo como adelanto. Compruébese si en su desempeño, quienes están y ya se van,  cumplieron con las   leyes federales y estatales vigentes, como el Código Financiero del Estado de Veracruz.

¿Más crimen sin castigo?

*AcademicoIIESESUV@RafaelAriasH.Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasHdez