‘Tragedia anunciada’ desde la construcción de la Línea 12; ¿a qué gobiernos acusará Obrador?

Colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, 5 de mayo de 2021. Marco Ugarte / AP

  • Después de 25 muertos, las autoridades prometen investigar la catástrofe. La incredulidad sobre el «incidente», como decidió llamarlo el Gobierno, dio paso inmediato a la indignación.

Celia González /

RT / MÉXICO.-«La corrupción mata». «No fue accidente, fue negligencia». «Fue el Estado». Los mensajes anónimos escritos este miércoles en las estaciones del Metro forman parte del duelo en que, de nuevo, quedaron sumergidos los habitantes de la Ciudad de México luego del derrumbe de una estructura que el lunes por la noche hizo caer un tren de la Línea 12 y mató a 25 personas.

Duele por todas partes. Porque las víctimas formaban parte de la clase trabajadora que volvía a su casa y que siempre es la más afectada en los siniestros. Porque murió un niño de 12 años y, entre las decenas de heridos, hay dos enfermeros que venían de atender a pacientes de covid-19. Porque desde hace años, usuarios y empleados denunciaban daños evidentes en la construcción. Porque, desde que se inauguró, esa Línea estuvo sospechada de corrupción.

Porque parecía una tragedia anunciada de la que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede culpar a gobiernos anteriores. La Línea 12 fue planeada, construida, presumida e inaugurada durante la gestión de su actual canciller, Marcelo Ebrard, cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal, la capital que desde 2007 es gobernada por la izquierda.

Las fotos en las que un Ebrard exultante, acompañado del expresidente Felipe Calderón, inauguraba en octubre de 2012 esa nueva Línea del Metro se viralizaron desde que el lunes por la noche se confirmó que un tren se había desplomado en el tramo de las estaciones Olivos y Tezonco, en el sureste de la ciudad. En esas placas, decenas de manos de funcionarios y empresarios se amontonan para cortar el listón de apertura, a sabiendas de los réditos electorales que suelen dar obras de esta magnitud.

La incredulidad sobre el «incidente», como decidió llamarlo el Gobierno, dio paso inmediato a la indignación. En poco más de un año, el Metro en el que a diario viajan 4,6 millones de pasajeros ya tuvo un choque de trenes, un incendio y ahora este colapso, que se suma al estado de tragedia permanente en el que parece vivir la Ciudad de México, con sus intermitentes terremotos o la cadena de incendios de mercados populares. Y de los cuales, a pesar de todo, siempre se recupera.

Hoy, en la capital mexicana, el miedo viaja en Metro, sobre todo en el resto de las líneas elevadas que millones de usuarios abordaron con un trauma a cuestas: el de las imágenes de los vagones caídos entre un alud de escombros, y a la espera de que los 38 heridos que todavía están hospitalizados se recuperen y no engrosen la lista de muertes.  

Sospechas

Ebrard anunció la construcción de una nueva línea del Metro en 2006, en cuanto asumió como jefe de Gobierno, el cargo desde el que López Obrador se proyectó a la presidencia. Convertida en uno de sus principales proyectos de propaganda, la bautizó como «la Línea dorada, la Línea del Bicentenario», ya que estaban por cumplirse 200 años de la Independencia de México.

La inversión, dijo, sería de 13.000 millones de pesos (unos 650 millones de dólares). Pero terminó costando más de 26.000 millones de pesos (1.300 millones de dólares). Las sospechas de corrupción fueron permanentes. Las irregularidades en la construcción, también.

Meses después de la publicitada inauguración, comenzaron a cerrarse diferentes tramos de la Línea 12, de manera temporal, ante las deficiencias que ponían en riesgo a los pasajeros y que había que remendar. Luego de una investigación, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal concluyó, en enero de 2015, que en esta obra se habían cometido los delitos de pagos indebidos, uso indebido del ejercicio público y ejercicio indebido de atribuciones. Las acusaciones no alcanzaban a Ebrard, sino a funcionarios de menor rango.

Mientras tanto, las denuncias de los pasajeros y de los trabajadores del Metro siempre fueron persistentes. A través de fotos y expedientes, denunciaban roturas, cuarteaduras, desplazamientos de columnas, crujidos atemorizantes y grietas que se acentuaron con el terremoto de 2017, que mató a 220 personas y debilitó miles de estructuras, incluidas las de la Línea 12.

López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya aseguraron que no se va a proteger a nadie. Y Ebrard ya se puso a disposición de las investigaciones que se abren, para deslindar responsabilidades de una tragedia que golpea la carrera política de un canciller que espera coronar con la candidatura presidencial en 2024.

Pero más allá de los costos políticos, el lamento de parte de la ciudadanía es que tuvieran que morir 25 personas para que las autoridades invirtieran, ahora sí, en reparaciones en el Metro, un servicio de transporte popular que está colapsado y que es vital para la subsistencia de millones de trabajadores.

Solidaridad y oportunismo

El lunes por la noche, las y los vecinos de la colonia en la que ocurrió la tragedia se organizaron de inmediato para ayudar a las víctimas, a sus familiares que llegaban aturdidos y angustiados a buscarlos. La espontánea solidaridad forma parte del aprendizaje dejado en la capital por los terremotos.

Mientras llegaban las autoridades, hombres y mujeres se acercaban a ofrecer comida, agua, café, un pan. Un abrazo. Organizaban vallas humanas para facilitar el acceso y la salida de las ambulancias. Elaboraban listas de las personas que eran buscadas. Se ofrecían para lo que hiciera falta.

El contraste fue el oportunismo opositor. Hasta ahí llegaron el presidente del derechista Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Andrés Atayde, y los candidatos a diputados Héctor Barrera, Federico Doring, Christian Von Roehrich y Diego Garrido, según ellos para denunciar a Ebrard y a Sheinbaum.

En realidad, iban a hacer campaña, a utilizar un drama y a los muertos en el desesperado intento de granjearse votos. Los llamaron «carroñeros», «buitres», «miserables».

Desde el Gobierno, optaron por decretar tres días de duelo, prometer todo el apoyo a los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos, realizar millonarias inversiones en mantenimiento, un peritaje independiente que llevará a cabo una empresa noruega y una investigación penal.

La Línea 12, mientras tanto, quedará interrumpida por tiempo indefinido. Y la ciudadanía, a la espera de un juicio y castigo a los culpables de una tragedia que, como tantas otras, podría haberse evitado.

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