Tráfico ilegal de combustible resulta tardío a un fenómeno denunciado hace años: Buscaglia  

• El analista sostuvo que las investigaciones sobre huachicol fiscal ya no se limitarán a operadores criminales y alcanzarán presuntos vínculos políticos, empresariales y financieros en México.

AN / MÉXICO.-El analista político y académico Edgardo Buscaglia sostuvo que las investigaciones de autoridades estadounidenses sobre las redes vinculadas al tráfico ilegal de combustibles representan un reconocimiento tardío de un fenómeno que, afirmó, ha sido documentado desde hace años por periodistas, especialistas y autoridades de ambos países.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, celebró que el problema sea abordado de manera formal por México y EU, al considerar que se trata de una actividad delictiva que ha provocado pérdidas multimillonarias para las finanzas públicas mexicanas.

“Estamos hablando de miles de millones de dólares que el fisco mexicano ha dejado de percibir, ha dejado de obtener debido a este contrabando que va de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México”, señaló.

El especialista recordó que el robo y tráfico de petróleo y combustibles forma parte de un conjunto más amplio de actividades de la delincuencia organizada que han sido identificadas desde hace décadas, junto con delitos como trata de personas, tráfico de migrantes, falsificación de moneda y otras modalidades de contrabando.

Sin embargo, la novedad en la actual postura de Washington radica en que las investigaciones han comenzado a incorporar una dimensión política relacionada con presuntos esquemas de corrupción y financiamiento de campañas.

“Todo caso de delincuencia organizada en México va a ser vinculado a actores políticos a partir de ahora”, afirmó.

Buscaglia cuestionó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la necesidad de que autoridades estadounidenses presenten pruebas sobre presuntos vínculos entre recursos ilícitos y actividades políticas. A su juicio, en la etapa actual de las investigaciones no corresponde hablar de pruebas en sentido jurídico.

Explicó que “la prueba” surge durante un juicio oral, a partir del debate procesal entre la defensa y la fiscalía, mientras que en las fases preliminares existen únicamente indicios o información susceptible de corroboración.

“Lo único que pueden brindar los norteamericanos o los mexicanos en este momento es información indiciaria, no prueba. La prueba surge de un juicio oral en los países democráticos”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que las solicitudes de extradición y los reportes elaborados por unidades de inteligencia financiera se sustentan en indicios y no en pruebas definitivas. “Nadie necesita pruebas en un sentido técnico en un proceso de extradición. Se necesitan indicios, información precisa sobre fechas, números de cuentas bancarias”, afirmó.

No obstante, también reconoció los señalamientos formulados por el gobierno mexicano sobre la falta de reciprocidad de las autoridades estadounidenses en materia de cooperación judicial: “La presidenta tiene razón de que las autoridades norteamericanas no están actuando de manera paralela, de manera similar en cuanto a extradición”.

Buscaglia sostuvo que existen investigaciones y acusaciones contra ciudadanos y empresas estadounidenses presuntamente relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, pero señaló que las solicitudes mexicanas no han recibido una respuesta equivalente por parte de las autoridades de Estados Unidos.

Afirmó que el fenómeno involucra a miles de empresas de ambos lados de la frontera y representa un impacto económico significativo para México. Según indicó, estimaciones disponibles apuntan a que “más del 50% de la gasolina y del diésel consumido en México no está pagando impuestos”.

El académico también vinculó este tipo de actividades con estructuras criminales de distintos grupos delictivos y aseguró que las investigaciones no deberían limitarse únicamente a operadores económicos, sino abarcar posibles conexiones políticas.

“Sin tocar la dimensión política, esta pesadilla jamás va a terminar en México”, sostuvo.

Argumentó que la corrupción vinculada a la delincuencia organizada ha sido identificada desde hace años en diversas investigaciones judiciales. Al respecto, señaló que en análisis realizados por equipos de investigación que encabezó, “el 72% de las causas de delincuencia organizada y asociación ilícita involucraba a funcionarios estatales del Estado mexicano”.

Sobre el contexto político en Estados Unidos, consideró que el gobierno del presidente Donald Trump ha utilizado el tema mexicano como parte de su estrategia política de cara a las elecciones intermedias. Sin embargo, afirmó que el endurecimiento de la política estadounidense contra organizaciones criminales trasciende el ciclo electoral.

“Ahora tenemos 37 veces, en términos reales, más recursos del Estado norteamericano para combatir a la delincuencia organizada en todas sus dimensiones”, aseguró.

Según explicó, la clasificación de los cárteles como organizaciones vinculadas con actos de terrorismo ha ampliado significativamente las capacidades institucionales y presupuestales de Washington para perseguir estructuras financieras, empresariales y políticas asociadas con estos grupos.

Buscaglia insistió en que el debate público debe distinguir entre indicios y pruebas para evitar interpretaciones erróneas sobre los procesos judiciales. “Es muy importante que el pueblo mexicano entienda la diferencia entre indicios y prueba”, dijo.

Planteó que una respuesta institucional frente a los señalamientos sobre presunto financiamiento ilícito de campañas debería incluir mecanismos preventivos de fiscalización.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar. Y a partir de ahora vamos a solicitar de que se lleven adelante auditorías preventivas de campañas y pre-campañas y de los partidos políticos”, señaló al describir lo que, a su juicio, debería ser la postura de una autoridad frente a este tipo de acusaciones.

Buscaglia recordó que desde hace años ha propuesto la adopción de reformas institucionales orientadas a fortalecer los controles sobre el financiamiento político, incluyendo auditorías preventivas a campañas, precampañas y partidos, como parte de una estrategia más amplia de combate a la infiltración de recursos ilícitos en la vida pública.

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