Se declaran culpables dos mexicanos por traficar y apoyar la compra de armas para el CJNG en Texas

Dos mexicanos admitieron ante la justicia de Texas haber apoyado la compra de armas y el tráfico de drogas para el CJNG, bajo cargos de terrorismo que contemplan penas de hasta cadena perpetua.

Dos ciudadanos mexicanos se declararon culpables en Texas de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, por participar en el tráfico de drogas y armas para el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los procesados enfrentan una pena mínima de diez años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Ambos fueron entregados por el gobierno mexicano en procedimientos no contemplados en el tratado de extradición.

María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, admitió haber negociado la compra de veinte fusiles AK‑47 y dos rifles calibre .50 con agentes encubiertos en agosto de 2023. Gustavo Castro Medina reconoció haber operado como intermediario financiero, realizando un pago inicial de 3 mil dólares por el armamento. Castro fue detenido en noviembre de 2020 con 36 kilogramos de metanfetamina ocultos en su vehículo.

La red criminal utilizó a Brian Alexis Muñoz Castro para almacenar y distribuir metanfetamina y fentanilo en casas de seguridad de El Paso, siguiendo instrucciones directas de Navarro Sánchez desde agosto de 2022. Según la acusación, René Hernández Cordero cruzó desde Ciudad Juárez con 63 mil dólares para concretar la compra del armamento, mientras que Jesús Gerardo Ramos se encargaría de contrabandear los fusiles hacia México antes de la intervención federal. La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas acusó formalmente a los involucrados en abril de 2024, con apoyo de agencias de seguridad de ambos países.

La designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) permite a fiscales federales procesar a colaboradores y facilitadores bajo un marco legal más severo. Este cargo eleva la gravedad de las operaciones transnacionales: el tráfico de metanfetamina y fentanilo, así como la exportación de armamento militar pesado, se consideran conductas que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos. Bajo esta figura, cualquier nivel de participación dentro de la red delictiva puede ser perseguido penalmente.La designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) permite a fiscales federales procesar a colaboradores y facilitadores bajo un marco legal más severo. Este cargo eleva la gravedad de las operaciones transnacionales: el tráfico de metanfetamina y fentanilo, así como la exportación de armamento militar pesado, se consideran conductas que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos. Bajo esta figura, cualquier nivel de participación dentro de la red delictiva puede ser perseguido penalmente.

20 fusiles AK‑47 negociados.

2 rifles calibre .50 incluidos en la operación.

3 mil dólares de pago inicial.

36 kg de metanfetamina decomisados en 2020.

63 mil dólares cruzados desde Ciudad Juárez.

10 años a cadena perpetua: rango de pena.

2023–2024: periodo de operaciones y acusaciones.

Nov 2020: Castro detenido con 36 kg de metanfetamina.

Ago 2022: Muñoz Castro recibe instrucciones para distribuir droga.

Ago 2023: Navarro negocia armas con agentes encubiertos.

Abr 2024: Fiscalía Federal presenta acusación formal.

Ago 2026: Ambos procesados se declaran culpables.

María del Rosario Navarro Sánchez (“La Señora”) — negociadora de armamento.

Gustavo Castro Medina — intermediario financiero.

Brian Alexis Muñoz Castro — operador logístico.

René Hernández Cordero — transportó 63 mil dólares.

Jesús Gerardo Ramos — encargado del contrabando de armas.

Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas — autoridad acusadora.

CJNG — organización designada como FTO.

“Los procesados quedaron sujetos a una pena mínima de diez años y una máxima de cadena perpetua.”

• Diversas agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas colaboraron en la investigación de este caso transnacional. Los procesados quedaron sujetos a una pena mínima de diez años de cárcel y una máxima de cadena perpetua por estos delitos.

AN / TEXAS, EU.-Dos ciudadanos mexicanos se declararon culpables en Texas de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, por haber traficado drogas y armas para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los procesados quedaron sujetos a una pena mínima de diez años de cárcel y una máxima de cadena perpetua por estos delitos.

María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, y Gustavo Castro Medina admitieron su participación en la red criminal ante el sistema judicial de Estados Unidos. Ambos fueron entregados por el gobierno mexicano en procesos no contemplados en el tratado de extradición.

Navarro Sánchez negoció la compra de veinte fusiles tipo AK-47 y dos rifles calibre cincuenta con agentes encubiertos en agosto de 2023. Las autoridades estadounidenses arrestaron a sus cómplices cuando intentaron recoger el cargamento.

Gustavo Castro Medina operó como intermediario financiero para realizar un pago inicial de 3 mil dólares por las armas de fuego. La patrulla fronteriza detuvo al implicado en noviembre de 2020 con 36 kilogramos de metanfetamina ocultos en su vehículo.

La red criminal utilizó a Brian Alexis Muñoz Castro para almacenar y distribuir cargamentos de metanfetamina y fentanilo en casas de seguridad de El Paso. El cómplice recibió instrucciones directas de Navarro Sánchez para estas operaciones desde agosto de 2022.

Según la acusación René Hernández Cordero cruzó la frontera desde Ciudad Juárez con 63 mil dólares en efectivo para concretar la compra del armamento. Jesús Gerardo Ramos asumió la tarea de contrabandear los fusiles hacia México antes de la intervención federal.

La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas acusó formalmente a los involucrados en abril de 2024. Diversas agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas colaboraron en la investigación de este caso transnacional.

CJNG terrorista

La designación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) proporciona a los fiscales federales una herramienta  para combatir a los grupos criminales.

Bajo este marco normativo de terrorismo, las acusaciones penales adquieren un mayor peso legal, lo que permite procesar y llevar ante la justicia a cualquier colaborador o facilitador de la organización, sin importar cuál haya sido su nivel o jerarquía de involucramiento dentro de la red delictiva.

Esta figura eleva formalmente la gravedad de las operaciones delictivas transnacionales. En lugar de procesar los hechos como delitos aislados de contrabando, este cargo asume legalmente que la internación de narcóticos (metanfetamina y fentanilo) y la exportación de armamento militar pesado (como fusiles tipo AK-47 y rifles calibre .50) constituyen conductas que amenazan directamente la seguridad nacional de los Estados Unidos y el bienestar de sus ciudadanos.